Lo han vuelto a hacer

Después de varios intentos fallidos,  el Gobierno, con el apoyo  de sus cómplices necesarios, PSOE  y C’s,  han sacado a la luz un decreto-ley,  aprobado el pasado viernes 20 de enero, con el objetivo de crear un procedimiento extrajudicial, que favorezca la los bancos en la devolución del dinero cobrado de más por la cláusula suelo.  No es un decreto ley que facilite la devolución automática del dinero y favorezca a los estafados,  que era lo debido, sino todo lo contrario.

De entrada, el decreto-ley ni obliga a los bancos a nada, ni establece ningún tipo de sanción para las entidades financieras que decidan no adherirse al sistema extrajudicial de reclamaciones, ni  tampoco para las que se nieguen a devolver todo el dinero a los afectados.  En realidad el decreto tiene como objetivo librar a los bancos de los costes judiciales -que una vez más pagaremos entre todos-  y que puedan acudir a los juzgados a machacar con costes o demoras a los usuarios que se resistan a aceptar lo que ellos dictaminen.

El decreto ya estaba cocinándose, cuando el pasado 21 de diciembre llegó el mazazo de la sentencia de Bruselas, que va a ser  la verdadera razón de que los bancos devuelvan el dinero estafado más los intereses y no por las actuaciones del Gobierno de Rajoy.  Recordemos,  que el Tribunal Supremo había decretado la no retroactividad del dinero cobrado de más anterior a mayo del 2013.

Todos los partidos políticos implicados,  como si se hubieran puesto de acuerdo,  con Luis de Guindos en cabeza, salieron a la palestra a explicar las bondades del decreto  para los usuarios y que se había llegado a buen puerto  por su generosa y benéfica intervención.  El Ministro de Economía justificaba el decreto afirmando que con el mismo se pretendía evitar el elevado coste que tendría para la Administración de Justicia. Nada más lejos de la realidad,  ya que el que paga las costas es el que pierde el juicio y estos iban a ser los bancos. Luego el decreto pretende, por lo tanto, ahorrarles el coste del litigio.

Pero además,  el mecanismo extrajudicial aprobado por el Gobierno cede el arbitrio de la situación a las propias entidades financieras, que pasan a ser juez y parte y vuelven a tener la sartén por el mango, que es lo que le gusta a la banca española y a lo que está acostumbrada. Hasta van a poder acordar con el usuario, el pago de las cantidades estafadas en activos financieros propios, lo que le beneficia claramente en perjuicio del estafado.

Pero el lobby bancario es poderoso y su influencia en el Gobierno es inmensa.  Durante el plazo de tiempo en que se sustancie la reclamación previa –que no será superior a tres meses,  más el mes de preparación-, “las partes no podrán ejercitar contra la otra ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto”. Es decir, durante esos cuatro meses  los afectados tendrán que seguir pagando la estafa de la cláusula suelo y los bancos seguirán percibiendo el extra, con el beneplácito del gobierno y el apoyo incondicional de PSOE y C’s.

No acaban aquí los logros bancarios conseguidos en esa negociación secreta y de la que los consumidores han estado ausentes,  sino que rizando el rizo para unas entidades financieras que se ven liberadas de los costes judiciales, se advierte al usuario que no se acoja al procedimiento extrajudicial del gobierno y denuncie a la entidad financiera,  que podría acabar pagando las costas si el Juzgado establece  que la cantidad estafada y que tiene que devolver el banco, es inferior a la ofertada por la entidad.

A la banca y al Gobierno, los 122.000 millones de euros en ayudas, reconocidos por el Banco de España y que otras fuentes casi duplican, no les parece óbolo suficiente y se les vuelve a proporcionar una inestimable descarga de gastos en los que tendrían que incurrir por su conducta estafadora, un alargamiento del plazo para pagar y, posiblemente,  un descuento en la cantidad total a desembolsar, que podrá no ser en dinero.

Lo más lógico y esperado por los casi tres millones de estafados, hubiera sido la promulgación de un decreto que obligara a los bancos de oficio a revisar los contratos, y devolver aquellas cantidades cobradas de forma abusiva. De esta forma las visitas a los tribunales hubieran sido mucho menores y tan sólo se hubieran producido en los casos de discrepancias entre banco y estafado. Y todo ello sin olvidar las sanciones,  ausentes, pero que hubieran debido llegar por una actuación, que constituye el mayor fraude perpetrado en nuestro país. Pero en España nadie se atreve a multar a los bancos que tienen todos los derechos y por lo visto pocas o ninguna obligación.

Una vez promulgado el decreto, el Gobierno ha invitado a las asociaciones de consumidores y usuarios a que participen en una comisión de seguimiento. Pero pudiera ser que se quedaran tan solos como cuando lo elaboraron con la única ayuda o directriz del lobby bancario. Es más, algunas asociaciones de usuarios ya han anunciado medidas legales contra este decreto en el caso de que los bancos se nieguen a devolver todo el dinero a los estafados. 

Lo han vuelto a hacer. El Gobierno a ayudar a los bancos, éstos a salirse con lo que querían, los estafados a no tenerlo claro a pesar de la sentencia europea y las asociaciones de consumidores a verse ninguneadas. Bruselas asoma de nuevo en lontananza.

Eduardo Lizarraga

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De los creadores de la cláusula suelo llega la tasación imaginativa

Y para demostrar que la fascinante gestión hipotecaria de los bancos, la que originó la burbuja inmobiliaria, fue una gigantesca estafa, de los mismos autores de la cláusula suelo y de “tú pagas todos los gastos” ahora llega a los tribunales la tasación imaginativa.

Por fin se ha hecho caso a multitud de quejas y reclamaciones presentadas y la Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a la sociedad de tasación Valtecnic S.A por un delito de estafa. Estafa que afecta a decenas de miles de préstamos hipotecarios en España: las tasaciones realizadas para formalizar la hipoteca se basan en la comparación de inmuebles inexistentes, datos falseados y valoraciones de ofertas cuya existencia la tasadora no ha podido demostrar. Se han tasado los inmuebles muy por encima de su valor.

Fue la solución imaginativa de los bancos para hacerse con un gran mercado de hipotecas, en un momento en que el valor de las casas no cesaba de subir. Para ello, sin tener en cuenta los bajos ingresos de los solicitantes, se elevaban de forma fraudulenta los valores de la vivienda, para así poder sortear los límites impuestos por el sistema de valoración de riesgos de la entidad.

Era un momento de abundancia de dinero traído del futuro y la entidad financiera que concedía el préstamo, necesitaba que el deudor creyera que tenía entre sus manos una vivienda cuyo valor era mucho más alto de lo que realmente valía. De esta forma embarcaba al cliente en la compra de un bien que probablemente no podría pagar. El argumento era tosco y la masificación del mismo entrañaba grandes riesgos, como luego se demostró: “la casa es cara, pero como vale mucho más, si no puedo pagarla la vendo y al menos saco un dinero”. Pero las viviendas bajaron de precio y el drama se generalizó.

Con esta denuncia de la Fiscalía de Madrid se prevé la llegada de miles de querellas contra las tasadoras en primer lugar y contra los bancos a continuación, como responsables civiles subsidiarios, por incorporar tasaciones fraudulentas a la inmensa mayoría de préstamos hipotecarios. Un panorama aterrador para los bancos, en el que se puedan tener que revisar todas sus tasaciones.

El sistema utilizado por la tasadora Valtecnic y denunciado por la Fiscalía, ha resultado ser el mismo en todos los casos analizados. Y es un sistema que se extiende casi por igual a la mayoría de las tasadoras que actualmente prestan sus servicios. La entidad financiera a la que se solicita la hipoteca ofrece los servicios de una sociedad de tasación “amiga” o “con la que trabajamos de forma habitual”, o “gente seria ¡oiga!”, “le tratarán bien”, que valorará la vivienda a hipotecar a través del llamado método de comparación. Este método ya ha sido declarado sistema ineficaz por el Tribunal Supremo en una reciente sentencia contra las valoraciones de los justiprecios expropiatorios en la Comunidad de Madrid.

Con la aplicación de este sistema, la sociedad de tasación debe buscar al menos seis operaciones de compraventa de vivienda en la zona y con características similares, ver los valores, desechar aspectos especulativos y con sus precios, hacer una media ponderada que dará como resultado el valor de nuestra casa.

Esta es la teoría a aplicar, que dista mucho de la práctica realizada. Porque donde la sociedad Valtecnic veía un bloque de casas de las que analizaba su precio, la realidad luego mostraba un solar vacío, se valoraban casas en números de calles inexistentes, los m2 de la vivienda parecían de chicle de lo que se estiraban, las terrazas se transformaban en habitaciones y las azoteas en dúplex. Y además aparecían, por arte de birlibirloque, multitud de ofertas de viviendas en la zona que luego, a la hora de mostrarlas al afectado, ya no existían o carecían de padre y madre.

El resultado de estas prácticas, realizadas por la tasadora y aceptadas como buenas por los bancos, es un certificado de tasación ficticio e inflado. Y si la tasación es fraudulenta por el método utilizado, las responsabilidades que se inician en el tasador, por incorporar datos falseados a un documento mercantil, alcanzan de lleno al banco que deberá enfrentarse a las responsabilidades civiles por las que los querellados les demandan.

Hay que entender la gravedad de lo acaecido y la larga vista de las entidades financieras desde un doble sentido. Primero, al elevar de forma fraudulenta la tasación inicial, también elevaron la tasación que tendrá el inmueble a efectos de subasta en caso de desahucio. Además, estos valores de tasación servían como referencia de valor para las operaciones que la entidad realizaba en el mercado financiero respaldada por esas hipotecas infladas; es el origen de los bonos basura.

En el caso de un desahucio, una tasación alta en origen puede causar que, sobre todo con la bajada de precio del inmobiliario, el 75% del valor de la tasación con que sale a subasta quede muy lejos de su valor real de mercado; y por lo tanto al banco le sea fácil quedarse con el bien hipotecado por el 60% de la tasación, como la ley le permite y hasta luego vender el bien a su precio de mercado, hacer negocio y dejar al afectado con una deuda de por vida.

La banca ha resuelto sus problemas con una ingente cantidad de dinero público –hasta 200.000 millones es la mayor de las cifras que se hablan- y ahora hace negocio con las viviendas de unos desahuciados que se quedan sin casa y con una deuda.

Este drama social que se ha creado por la banca y sus desmanes, ha sido fruto de una concesión de crédito fuera de los límites que marca la prudencia bancaria y unas tasaciones claramente hinchadas y dirigidas a la obtención de mayores beneficios. Todo ello bien aderezado con un proceso de ejecución hipotecaria desequilibrado, claramente favorable al acreedor debido a la actuación del lobby bancario y un órgano supervisor que ha sido como el mono del chiste, no veo, no oigo, no digo nada.

Eduardo Lizarraga

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"Annus horribilis" para la banca: ahora los gastos

Primero ha sido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra las cláusulas suelo, en la que Bruselas ha dado un buen revolcón judicial a nuestro Tribunal Supremo;  ahora toca el turno a los gastos cobrados de forma abusiva a la hora de formalizar la hipoteca. Pero en este caso no veremos a nuestro Supremo en ridículo, porque el pasado mes de diciembre de 2015,  ya consideraron abusivo que el cliente pagara todos los gastos de la escritura hipotecaria. 

Con la cláusula suelo ya hay preparadas demandas colectivas y con la devolución de los gastos hipotecarios se están comenzando a preparar por parte de las asociaciones de consumidores. Y es que son otra vez unos cuantos miles de euros con los que los bancos,  en  complicidad con Gobiernos  y Banco de España, han vuelto a quedarse, metiendo la mano en nuestros ya magros bolsillos.

El Ejecutivo del PP no quiere que la situación le vuelva a pillar desprevenido y está preparando un decreto ley que de forma previsible se aprobará este próximo viernes. No ha contado para nada con las asociaciones de consumidores,  ni con la mayoría de los partidos políticos de la cámara, por lo que resulta previsible que las condiciones impuestas por el lobby bancario se hagan sentir.

La mayor parte del sector se está preparando para la que se avecina y bancos importantes como Santander, Bankia, Ibercaja y Sabadell ya han cambiado sus contratos hipotecarios asumiendo parte de los gastos que hasta ahora pagaba el cliente. Sin embargo, BBVA y Popular, afectados por la sentencia del Supremo, que consideró las cláusulas abusivas, están dispuestos a dar la batalla a sus clientes.

La sentencia 705/2015 de 23 de diciembre del Tribunal Supremo declaró abusiva la cláusula en la que el BBVA impone al prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipotecario.

El juez, en su sentencia, asegura que  es abusiva la cláusula  en la que se afirma que “son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división, segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía, siendo igualmente a su cargo las primas y demás gastos correspondientes al seguro de daños, que la parte prestataria se obliga a tener vigente”.

Además, en la cláusula del BBVA,  objeto de la sentencia,  el prestatario autorizaba al Banco, para que este último le cargue en su cuenta las cantidades necesarias hasta la total inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad, añadiendo los gastos, también a cargo del prestatario, y en caso de impago, por la reclamación judicial o extrajudicial de la deuda, incluidos honorarios de Abogado y Procurador, y ello aunque su intervención no sea obligatoria. Dichas cantidades quedarán incluso garantizadas con la propia hipoteca o garantía real, que no es otra que la vivienda.

De forma parecida, y en algún caso idéntica, se encuentra redactada dicha cláusula en la totalidad de los contratos de préstamo hipotecario. Porque, a diferencia de la cláusula suelo, que afecta a dos millones de hipotecas, esta otra cláusula abusiva afecta a todo el conjunto de las mismas. Y tenemos batalla para largo, porque la sentencia del Supremo no es muy esclarecedora en algunos aspectos; los impuestos serán lo más difícil de determinar en todas las demandas. Y después del revolcón económico que ha supuesto la cláusula suelo, la banca no va a ceder “gratis et amore”,  por lo que el paso por los tribunales parece casi imprescindible para que nos devuelvan lo nuestro. La banca teme que si no dificulta la devolución,  millones de clientes harán cola para recobrar su dinero y millones de euros volarán de las cuentas de resultados,  a los bolsillos de los consumidores.

De forma similar a lo ocurrido con las cláusulas suelo, redactadas en los contratos hipotecarios de diferentes formas,  estas cláusulas que endosan  al consumidor quiera o no,  todos los gastos derivados de la concertación y desarrollo del contrato, serán nulas; pero para ello será necesario que el prestatario o deudor realice la oportuna reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente del Banco y, si como se espera, la respuesta es negativa, proceda a demandar a la entidad bancaria ante los Juzgados. Esto es así, porque la nulidad declarada por el Tribunal Supremo, lo es en base a la falta de concreción en el propio contrato de préstamo, de los gastos, comisiones y tributos, quedando establecidos de manera genérica.

Los pasos a seguir por el usuario, si quiere recuperar los entre 3000 y 6000 euros de media,  son hacer una reclamación, en primer lugar, ante el Servicio de Atención al Cliente del Banco o Entidad con quien se contrató el préstamo hipotecario, o en su caso, de la nueva Entidad que se haya fusionado o haya absorbido a aquél a quien se le pidió el dinero para la constitución de la hipoteca.

A los dos meses de dicha reclamación, haya contestado o no el Servicio de Atención al Cliente, y siempre que la respuesta, en caso de haberla, haya sido negativa, se podrá proceder a interponer la correspondiente demanda judicial ante el partido judicial del domicilio del prestatario o deudor o del domicilio social del Banco, indistintamente. En la demanda se solicitará la nulidad de la cláusula por abusiva, y la restitución de los gastos abonados como consecuencia de dicho pacto, los que deberán de ir perfectamente documentados con sus correspondientes facturas. Por el tipo de procedimiento que se ha de interponer, será necesaria la intervención de abogado y procurador.

 El Tribunal Supremo dice en su sentencia que, “en lo que respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas, tanto el arancel de los notarios como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho. Y quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo, constituye la garantía real, y adquiere la posibilidad de ejecución especial”.

Al no permitirse una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos como consecuencia de la intervención notarial y registral, haciendo recaer su totalidad sobre el deudor, se genera un desequilibrio al consumidor, por lo que la cláusula es abusiva.

Además,  el Tribunal Supremo entiende que en referencia al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el sujeto pasivo, es el Banco o Entidad prestamista. Es decir, el obligado al pago de dicho impuesto, tanto en lo que se refiere a su cuota fija –timbre del papel notarial-, como en su cuota gradual, es precisamente el Banco y no el prestatario o deudor hipotecario; por lo que es un tributo a incluir en la reclamación.

Importante es conocer  también el plazo que tenemos para reclamar que,  para aquéllas hipotecas que se encuentran todavía vigentes, es el de cuatro años a contar desde el día siguiente a la fecha de la Sentencia del Tribunal Supremo, es decir, dicho plazo finalizará el 24 de diciembre de 2019; y para aquéllas que hayan sido totalmente abonadas, se podrá proceder a la reclamación, si su total pago se hizo dentro del plazo de los 4 años anteriores al 23 de Diciembre de 2015.

Este nuevo abuso bancario no es el último que encontraremos en los contratos hipotecarios,  y es que hasta veinte cláusulas abusivas pueden intercalar las entidades financieras  para hacerse con nuestro dinero y su beneficio.  Y mientras todos esto ha venido sucediendo en las últimas décadas, ni lo grandes partidos PP y PSOE, ni en Banco de España, han hecho nada para defendernos.  Ahora viene todo junto  y puede ser un “annus horribilis” para la banca. Ellos se lo han buscado.

 

Eduardo Lizarraga

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La incertidumbre política se reflejará en el inmobiliario

La segunda legislatura de Mariano Rajoy se abre llena de incertidumbres que tardarán en despejarse.  Tal vez la primera consista en la continuidad del tripartito, PP, PSOE y C’s, que lleva actuando un mes y que podría tener cuerda para el resto de la legislatura o no. El interrogante lo pone la crisis reinante en el Partido Socialista, que deberá resolverse en los próximos meses y que condicionará el devenir de la legislatura. Será muy diferente gobernar con  el PSOE de Susana Díez a hacerlo con el PSOE de Pedro Sánchez. La militancia tendrá la palabra, o deberá tenerla,  si se quiere que el partido prosiga y no se fraccione.

En todo caso la política de vivienda que ha seguido el PP durante estos últimos cuatro año s y que tiene marcadas sus líneas maestras, se va a ver influida por la participación de “socios” que ahora son necesarios.

La línea maestra de la política de vivienda del Partido Popular y que ha sido prorrogada por un año, dotándolo con 550 millones de euros,  ha sido el denominado “Plan de Vivienda 2013-2106”, con una apuesta clara por el alquiler dirigido a la población más desfavorecida,  en detrimento de las subvenciones a la VPO que marcaron las anteriores legislaturas. El Plan, dotado con más de 2.400 millones favoreció a más de medio millón de familias necesitadas.  

Los” buenos resultados obtenidos”, según el Ministro Portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ya están impulsando un nuevo plan, de características muy similares al prorrogado y que se tramitará para el periodo 2018-2021. Sin embargo, desde distintas organizaciones sociales critican esta continuidad, asegurando que el plan se ha quedado muy corto, con poco apoyo a una verdadera política de alquileres y dejando a muchas familias fuera. Tampoco todos los jóvenes pueden acceder al mismo y deben continuar viviendo con sus progenitores, hasta edades demasiado avanzadas, impidiendo la creación de nuevos hogares.  También los profesionales piden medidas necesarias para que la oferta y la demanda se equilibren, mayor seguridad jurídica, incentivos fiscales y la regulación del alquiler turístico.

Por su parte, el PSOE , en la campaña, propuso la aplicación de una tasa transitoria a viviendas desocupadas y garantías para el cobro del alquiler y, desde Ciudadanos ofrecieron fomentar sistemas de arbitraje, bonificar el IBI de las viviendas vacías que se alquilen y crear un contrato tipo. Unidos Podemos defendió la protección de los inquilinos, la introducción de mecanismos para asegurar la renta y la aprobación de un impuesto sobre viviendas vacías.

No parece que la política servil realizada por el partido de Rajoy con los bancos,  pueda seguir durante esta legislatura.  Su anterior mayoría absoluta  le permitió aprobar en solitario la reforma de la Ley Hipotecaria, que ha recibido varios varapalos desde Bruselas, la desaprobación de los partidos de la oposición  y el rechazo por insuficiente protección ante los desahucios de distintas organizaciones sociales.

El PP estaba preparando, en complicidad con el PSOE,  un código de buenas prácticas, que aprobaría el pasado día 30 de diciembre y tendría como objetivo  la devolución del importe de la cláusula suelo a los damnificados. El código de buenas prácticas sería de adhesión voluntaria para la banca que impuso estas prácticas abusivas a los usuarios. De acuerdo a las palabras del portavoz del Ejecutivo, los principales objetivos de este documento serían el de dar seguridad a los afectados e intentar resolver el problema de forma rápida. Lo que no decía Méndez de Vigo es que se contemplaba una quita para que los bancos agilizaran el pago de lo cobrado indebidamente. La sorpresiva sentencia de Bruselas, en contra de los bancos, ha impedido la nueva maniobra impuesta por el lobby bancario. 

Lo que tiene que hacer el Gobierno es obligar a los bancos a que cumplan la sentencia de Bruselas y crear un instrumento que facilite el cobro íntegro y rápido de las cantidades estafadas sin tener que recurrir a los Tribunales, con los gastos innecesarios y el colapso de la Justicia que ello supone.

El resto de los partidos se muestran más firmes en su política contra los abusos bancarios. Así, el PSOE se centró en prometer la eliminación automática de las cláusulas declaradas abusivas. Ciudadanos pidió una política de sanciones a la banca, en concreto a las entidades que ofrecieran a los consumidores préstamos irresponsables; y Podemos propuso cambiar el procedimiento de ejecución, con el fin de proteger a los deudores.

En cuanto a la dación en pago, no contemplada por el Partido Popular en inicio, ha sido traída por Ciudadanos, aunque de forma “light” para que la banca no tenga problemas de solvencia. Pero C’s iba mucho más allá en su programa electoral y defendía expropiación temporal del uso de la vivienda a la banca. El PSOE justificó la necesidad de normalizar la dación en pago a precio de préstamo y Podemos, que ésta se llevase a cabo con carácter retroactivo, además de que se prohibiesen los desalojos forzosos sin alternativa.

Las ayudas a la rehabilitación y ampliación también han ocupado un lugar importante en las discusiones para revitalizar el mercado inmobiliario y la construcción.  Y estarán presentes en el nuevo Plan de Vivienda buscando mejorar la calidad de la edificación, la accesibilidad universal, la eficiencia energética y la adecuación para la recogida de residuos y conservación.

Como sucede con todo lo público, tampoco la vivienda pública, gusta al partido de Mariano Rajoy, que suprimió los subsidios a los préstamos destinados a Viviendas de Protección Pública (VPO), recorte que llegó a más de 300.000 familias. Una medida, de carácter retroactivo, que  se vio complementada con la venta de diferentes promociones de vivienda pública a fondos buitre, como hizo Ana Botella en Madrid con las viviendas municipales del IVIMA.  Como era de esperar no hay ninguna propuesta del PP relacionada con estas viviendas sociales.

Por el contrario, las propuestas de la oposición sí que contemplaban medidas para mejorar el acceso y el número de este tipo de viviendas. Tanto PSOE y Ciudadanos han optado por construir VPO destinada preferente al alquiler. Asimismo, los socialistas proponen que el umbral de acceso a este tipo de inmuebles sea, como máximo, un tercio de la renta de los solicitantes. Por su parte, Unidos  Podemos exige prohibir la privatización del parque público de vivienda y la creación de figuras jurídicas para poder ceder el uso de estos pisos a la administración.

Debido a su imparable auge, los inmuebles destinados al alquiler turístico han sido incluidos dentro del Plan Integral del Turismo, en concreto, a través de medidas que buscan que esta modalidad de arrendamiento se realice en condiciones de calidad, transparencia y fiscalidad adecuadas. En esta misma línea, el PSOE ha reclamado una regulación específica para tales inmuebles, postura que comparten Ciudadanos y Podemos. Y es que la ilegalidad que rige en muchas de estas viviendas está causando profundos problemas en el sector por su opacidad ante Hacienda y la desprotección del viajero.

La fiscalidad de la vivienda siempre ha sido un punto a favor para la compra, pero desde el año 2013 no existen deducciones fiscales a la adquisición de vivienda en España. Esta medida continuará durante los próximos cuatro años para alegría de Montoro y preocupación para constructores y promotores.  Distinto proceso puede ser la vuelta del impuesto  sobre patrimonio, propuesto por el PSOE, Ciudadanos y Podemos, aunque con distintos tramos impositivos.

Todos los indicadores muestran la estabilización y mejora del mercado inmobiliario, tanto en el aumento de compraventas como en la consolidación al alza de los precios. Las medidas que tomen las distintas administraciones, comenzando por el Gobierno central pueden acelerar o retrasar esta recuperación…veremos.

Eduardo Lizarraga

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Bofetón vuelta y vuelta a la banca española

La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), obligando a los bancos españoles a que devuelvan a los usuarios las cantidades indebidamente cobradas, les va a suponer un bofetón que puede llegar a los 7.600 millones de euros. Bofetón vuelta y vuelta, ya que hasta última hora nuestros queridos bancos pensaban festejar con cava, o mejor aún con champagne, la sentencia, que esperaban favorable a sus intereses. Sentencia que es de aplicación también para los autónomos y empresas.

De esta forma el TJUE ha pasado por alto la recomendación de su abogado, Pablo Mengozzi, que defendía la tesis del Tribunal Supremo español, para que la retroactividad alcanzara tan sólo la fecha de la sentencia, 9 de mayo. El mazazo para los bancos es considerable ya que no sólo van a tener que devolver las cantidades percibidas ilegalmente desde el año 2009, sino dejar de percibir las que todavía estan cobrando por mantener las cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios.

Porque aunque resulte increíble a esta altura de la historia de la cláusula suelo, todavía tenemos bancos en el panorama nacional que siguen incluyéndola en sus contratos hipotecarios. Y ello es así porque aunque dichas clausulas son denunciadas ante los servicios de atención al cliente y al Banco de España, las conclusiones de éste organismo no son vinculantes, y no aplican medidas sancionadoras contra los bancos, que reiteradamente usan las cláusulas abusivas y dejan a los consumidores con la única posibilidad de los tribunales de justicia.

Y haciendo gala de esa impudicia que ya les conocemos, siguen intentando quedarse con nuestro dinero, incluso del que debieran devolvernos con la sentencia del 13 de mayo. Y es que en los casos que el banco realiza la liquidación, esta no corresponde con lo que dicta el tribunal, porque no recalculan el préstamo como si no hubiese existido la clausula suelo, tal como indica el fallo del TS de mayo de 2.013,  sino que toman como referencia el capital pendiente a fecha de mayo de 2.013. Esto supone una diferencia notable que deja de recuperar el cliente, si da por buena la liquidación que presenta el banco y que puede superar los 2.500 euros

El tribunal europeo no sólo propina un merecido castigo a los bancos españoles por años de abusos contra los hipotecados, sino que da un revolcón inaudito al Tribunal Supremo español que falló contra los afectados, en una clara muestra de la inmensa distancia a la que están del pueblo y su cercanía con los poderes económicos. Nuestro Tribunal Supremo, o el suyo, el de los bancos, como prefiráis, argumentó su decisión considerando que el impacto sobre el conjunto de la economía  que tendría una retroactividad total de la devolución del importe de las cláusulas suelo, es demasiado elevado para permitirlo. Es decir, podría peligrar el sistema bancario y ante eso, los derechos de los consumidores deben quedar anulados por los beneficios de la banca. Una argumentación a todas luces muy peligrosa si continuamos aplicándola.

Con la medida tomada por la justicia europea, que no por la española, comienza a ponerse coto a los constantes abusos de la banca; abusos de los que la cláusula suelo es una parte tan sólo y que si enumeramos,  entenderemos las mil una maneras en que los bancos nos roban nuestro dinero, y se nos llevarán los demonios porque la lista es larga. Entre ellas el IRPH, las preferentes, la manipulación del euríbor y la devolución de los gastos de formalización de la hipoteca.

Y es esta última, los gastos de formalización de la hipoteca, la que puede ser el próximo caballo de batalla de los consumidores contra los bancos. Hace justo ahora un año, el 23 de diciembre de 2015, una sentencia del Tribunal Supremo consideró nulas las cláusulas que se imponen al consumidor sobre gastos de formalización de hipotecas y determinó que le corresponde a los bancos el pago de esos tributos. En España, más de 6 millones de hipotecas podrían contar con una cláusula que impone todos los gastos de constitución y formalización de las mismas a los usuarios. Y estamos hablando de una media de 3000 euros por afectado.

Este abuso bancario en la compra de una vivienda es uno más de la larga lista que ha gravado el coste de nuestra propiedad, convirtiéndolas en casi imposibles de asumir y ha elevado el precio de la vivienda en España a cotas inauditas. Todo ello con la complicidad de los políticos que llevan más de un siglo legislando por y para los bancos.

Intentando evitar que la única vía de los consumidores para recuperar lo defraudado por los bancos sean los tribunales de justicia, la Fundación Youbank ha pedido al Parlamento Europeo que valore la creación de un órgano comunitario, cuyas decisiones sean vinculantes para los bancos ante las reivindicaciones de los ciudadanos. De esta manera se evitaría, además, el colapso de la administración de justicia ante la entrada por ventanilla de millones de casos.

La banca española obtiene muchos de sus beneficios del abuso y por el abuso; todo ello con la complicidad de la clase política influida, de una u otra manera por el lobby bancario. Y la Justicia española no es capaz de defender, con las leyes que padecemos, a los consumidores españoles. Bienvenida sea la justicia de Bruselas.






Eduardo Lizarraga
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Justicia ciega, pero no tanto

Todos pensamos, supongo que por eso de las películas y la imagen de la venda y la balanza, que la Justicia es ciega, y todos nos equivocamos, al menos en parte.  Si la Justicia puede ser ciega en algún momento, lo es con el idealismo de su juventud, porque conforme cumple años  y ocupa poltronas con rango,  se le cae la venda y va recuperando la vista en sentido proporcional a sus cargos, hasta ver mucho más que cualquiera de nosotros, incluido el “beneficio del país”, al que ve en demasía y en detrimento de los ciudadanos del país.

Los casos en que empresas de todos conocidas, pierden los juicios en primera instancia y luego los ganan en tribunales superiores son múltiples y habituales. Y esta misma semana ha vuelto a suceder lo que podría ser la antesala –esperemos que no- de un escándalo en el entorno europeo.

Me refiero a la cláusula suelo y a la devolución de los intereses cobrados de más por los bancos, gracias a esta cláusula, definida como abusiva por el Tribunal Supremo que, sin embargo, eximió a las entidades financieras de pagar los intereses devengados con anterioridad a la sentencia, es decir, al 9 de Mayo del 2013.

Ha sido un juzgado de Málaga, en concreto el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Amanda Cohen, el que en una sentencia del pasado 1 de diciembre dictaminó, textualmente:  “que no procede aplicar la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto a la devolución de cantidades, que únicamente se refiere al supuesto de nulidad por falta de transparencia, por lo que procede la condena a la entidad demandada a la devolución de todas aquellas cantidades percibidas de mas por activación de la cláusula de acotación mínima y no solo desde el 9 de Mayo de 2.013”. Y por ello condenó a la entidad financiera a devolver todas las cantidades cobradas de más, a las que debe sumar intereses legales y costas.

La sentencia se basa en el incumplimiento del control de incorporación, ya que según el artículo 5 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), no quedarán incorporadas al contrato las condiciones que el firmante no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa y las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles.

No es el primer juzgado que obliga a los bancos involucrados en esta gigantesca estafa, consentida por la Administración y la Justicia, que ven el interés de los bancos y no de los particulares, a devolver el dinero percibido de más, con sus intereses, y al pago de costas. Pero para llegar hasta ahí, el afectado se ve obligado a denunciar a la entidad financiera y a correr con los gastos de su peculio particular.

Tras esta nueva sentencia en contra de la argumentación del Tribunal Supremo, que esgrimía para la no retroactividad de las obligaciones de devolución, que había que proteger a los bancos, todos los ojos están fijos en la sentencia que emitirá el próximo 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sobre la retroactividad total de las cláusulas suelo por falta de trasparencia. Y aunque algunos juzgados españoles ya hayan fallado en contra de los bancos, cuando hablamos del TJUE pudiera ser que tuviéramos un disgusto. Y es que esta alta instancia europea podría estar sin venda, haber ya recuperado la vista y estimar que los “pobres bancos”  tendrán problemas si deben devolver el dinero, percibido de forma abusiva, a los usuarios.

Se estima en más de 7.600 millones la cantidad que los bancos se han llevado de forma fraudulenta de nuestros bolsillos. Y semejante monto, como ya estimó el Abogado General del TJUE, Paolo Mengozzi, podría poner en riesgo el sistema bancario, con lo que aconsejó la retroactividad parcial, establecida por el Tribunal Supremo español el ya mencionado día 9 de mayo de 2013. A lo que parece, la alta Justicia tiene poco de ciega y ve el perjuicio que puede sufrir la pobre banca española, si la cantidad a devolver a los clientes tiene como fecha de inicio el día de la firma de la hipoteca,  pero no contempla la situación de los afectados, que llevan años sufriendo la situación...y pagando mes a mes.

Y éste es el gran milagro que afecta a la justicia ciega, que vuelve a ver cuando son los intereses de los grandes grupos empresariales y los del Gobierno los que están en juego. Todo ello en perjuicio del individuo y de la sociedad.  Una recuperación de la vista muy relacionada con el escalafón.

Está claro que el Gobierno no es la Justicia y que debe ver y oír, lo malo es que todo lo que oye y ve le llega desde la misma dirección, la de los lobbys empresariales y los intereses del círculo económico que le sustenta. Intereses que siempre sitúa por encima de los del pueblo.  Sí, ya sé que las decisiones que toma nuestro gobierno son fáciles de argumentar “por el bien de España”, fáciles para el que les quiera creer, porque la decisión de rescatar las autopistas con más de 5.000 millones de euros es poco justificable, aunque sea el dinero de bancos y constructoras amigas; sobre todo cuando se avecinan nuevos recortes en Educación, Sanidad y servicios sociales -si es que queda algo por recortar-, impuestos por la Unión Europea para cumplir los objetivos de déficit.

Vivimos una época –si es que alguna vez hubo otra- en que ni la Justicia es ciega ni los gobiernos miran por los intereses de los pueblos que gobiernan, sino por el de los grupos económicos que les apoyan.  Pero el sistema tiene que cambiar porque ya no se aguanta y hasta los fundamentalistas ideológicos terminan por cansarse y pueden comenzar a ver –ellos también- otras posibilidades a las que votar.



Eduardo Lizarraga
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¡Estoy indignado, muy indignado!

Y creo que debiéramos estarlo todos y salir a la calle a comernos el mundo y dejarnos de fútbol, de Gran Hermano, de Triunfitos, de kaka de Luxe y del resto de idioteces con las que nos roen el cerebro y encadenan al sofá, facilitando a los políticos manejarnos como a marionetas; marionetas tontas.


Son varias las noticias de esta semana que me han llevado del estupor a la indignación más arrebatada.  Comencé el domingo conociendo, que a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de hace un año condenándoles por prácticas abusivas, los bancos hacen caso omiso y continúan cobrando al consumidor los gastos de formalización de hipotecas. En España son más de seis millones las hipotecas que podrían contar con una cláusula que impone todos los gastos de constitución y formalización a los usuarios.  Y estos gastos supusieron, sólo en 2015, un importe de 450 millones de euros para los consumidores. Según el Supremo corresponde a los bancos pagar estas cantidades. Pero nadie hace nada…ni el Banco de España, ni el Fiscal General del Estado –creo que está buscando titiriteros por las esquinas- ni las diferentes administraciones autonómicas.  Pero ¡escuchad consumidores!, son nulas y podéis pedir que os devuelvan el dinero, aunque claro está  pagando abogado y procurador, que lo de la Justicia gratuita y para todos se lo llevó Gallardón en el bolsillo y de momento, parece que no vuelve.


En un rápido flash informativo me entero que Corea del Sur multa a Volkswagen con 30 millones de euros por el fraude que supuso vender vehículos contaminantes, afirmando que no lo eran y manipulándolos al efecto. En EE.UU. van a pagar una media de 6.000 euros a cada perjudicado. Aquí, el anterior ministro Soria se llevó a comer a los directivos de VW y supongo que hasta les pagamos la comida. ¿Buscaba poltrona o coche de empresa?


Después de protestar en repetidas ocasiones porque la fibra óptica contratada no cubre las expectativas, se me cuelga el internet y escucho bingszz en el televisor, me cuentan que ningún suministrador de fibra supera el 86% de lo que nos vende, aunque nos cobre el 100%. Y puedo darme con un canto en los dientes, porque cuando Movistar me enviaba internet por cobre la realidad era que no superaba el 50% de lo contratado…No tengo noticias que el Ministerio de Industria haya llamado a los suministradores de telefonía y datos para exigirles que dejen de estafar al país, por lo que sin duda alguna seguirán haciéndolo.


No acababa de reponerme de la pataleta on line, cuando leo que Bruselas podría dar la razón a las eléctricas y anular la disposición que les pretende obligar a sufragar el bono eléctrico. Son apenas 400 millones los que pueden impedir que las muertes por pobreza energética prosigan. Por lo visto, en Bruselas aducen que los consumidores de todos los países tenemos que pagar lo mismo y las empresas tener los mismos derechos y obligaciones…Voy a repasarme los montantes de los salarios mínimos base de cada país, que supongo igualarán en breve…espero que al alza porque como a los franceses les igualen con nuestro salario y les bajen a la mitad lo que perciben, vuelven a montar guillotinas en cada Place de la République del país.


Inducido por la consuetudinaria costumbre de poner las noticias a la hora de comer, con lo que eso tiene de malo estos tiempos para la digestión, escucho estupefacto que los que más ganan en este país absurdo, de pelotazo y chismorreo, se dedican a montar empresas en Irlanda,  Luxemburgo o las Islas Vírgenes -vaya nombrecito para una actividad tan cochina-, con una especie de gurú del fraude llamado Jorge Mendes y evaden alegremente los impuestos que son de todos y que mejorarán nuestras pensiones, Sanidad, Educación y prestaciones sociales. Y en lugar de arrojarles zapatos a la cara, les miraremos arrobados cuando se pongan firmes para escuchar el himno. Y parece una enfermedad contagiosa, porque la lista de futbolistas evasores no para de crecer.


Y cuando cambio de canal, porque la bilis al ver a Ronaldo jaleado por una multitud inane me estaba llegando ya a la garganta, escucho a la comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager anunciando una multa de 485 millones de euros para tres bancos que manipularon el euríbor para su beneficio. La bilis se retira, empujada por el alarido que profiero, cuando no me dicen que con esa barbaridad de pasta van a resarcir a los damnificados que hemos pagado de más, por un euríbor amañado.


El problema no es tanto que las noticias se sucedan en una triste letanía de frustración, rabia y escarnio, sino que los políticos, a los que elegimos y pagamos para defender nuestros intereses y los de nuestro país, no hagan nada por evitar la situación y estén más preocupados en trabajar para las empresas que les reservan una poltrona en su Consejo de Administración, y les llenarán los bolsillos en una prejubilación dorada e inmerecida. Además, a diferencia de parados y pensionistas, estos sueldos son compatibles con los que perciben de la administración a la que han servido ¿fielmente?. Y de los plazos necesarios para completar su jubilación mejor no hablamos.


Jubilación que ellos tendrán bien enjugada con varios conceptos y que a los demás nos escatimarán, reducirán o anularán…aunque llevemos treinta años trabajando. Como bien nos han dicho en repetidas ocasiones, el país vive por encima de sus posibilidades, al menos aquellos que en lugar de esforzarse en el bien común y en sacar adelante un proyecto de 44 millones de personas, viven del robo, la estafa y la evasión fiscal; y los que se lo permiten con leyes a medida -recordemos las SICAV y la regularización fiscal de Montoro. Todos ellos tienen un profundo patriotismo de banderita en la muñeca y berrido eufórico viendo a la Roja , porque su cartera, en comparación, es más bien opaca y apátrida. ¡Estoy indignado, muy indignado!













Eduardo Lizarraga
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Nota del Juntaletras

. Beneficios del sector eléctrico: Las tres grandes eléctricas sumaron 5.010 millones de beneficios durante el 2015, con unos márgenes que doblan a los de las eléctricas europeas, pese a la caída de la demanda que está a niveles del 2005.

. Beneficios del sector bancario: Gran banca española (Santander, BBVA, CaixaBanc, Bankia, Popular y Sabadell) 9.330 millones de beneficio entre enero y septiembre de 2016.

. Beneficios de Telefónica: 2.745 millones en 2015

. SICAV: Más de 3.300 sociedades con 36.000 millones de patrimonio

. Regularización fiscal de Montoro: Montante regularizado de algo más de 40.000 millones con unos ingresos fiscales, por la regularización de los defraudadores, de 1.191 millones.

. Resultados de los futbolistas

: Opacos, sobre todo por su tendencia a abrir empresas intermedias en paraísos fiscales con los que manejar sus ingresos publicitarios.