Una sentencia de las buenas, polémica y con miles de afectados

 A la espera de la publicación de la sentencia íntegra del Tribunal Constitucional sobre el conocido como impuesto de plusvalía municipal, nadie ha quedado satisfecho y mientras desde las asociaciones de consumidores afilan los cuchillos para las demandas colectivas, en Hacienda se devanan los sesos para plantear las bases del nuevo impuesto, que llegará y en los municipios lloran las pérdidas, preparándose para las reclamaciones que van a llegar, por centenares y miles, a cada uno de ellos.

El tribunal considera que el cálculo que realizan los ayuntamientos para cobrar el impuesto es inconstitucional al no corresponderse con la realidad y vulnerar el principio de capacidad económica que recoge el artículo 31 de nuestra Carta Magna. Por ello anula tres apartados del artículo 107 de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan elementos esenciales del tipo, como la base imponible; o el método de cálculo del valor del terreno.

La actuación del Constitucional estaba cantada desde que en 2017 dictaminó que el tributo no podía exigirse en caso de pérdida en la transmisión del inmueble; en el 2019 falló que no se liquidaría cuando su importe fuera superior a la ganancia real obtenida por el contribuyente. Y con esta última sentencia anula directamente la posibilidad de recaudarlo, tumbando el sistema con el que se calcula.

Y aunque los ayuntamientos están muy quejosos con la situación, que les llega en un momento en que ya estaban aprobando los presupuestos para el próximo año, la realidad es que en esta sentencia el Constitucional les da una de cal y otra de arena. Les quita la posibilidad de disponer del impuesto durante unos meses -ya está Hacienda trabajando para ver de restaurarlo con otros conceptos o hacer una nueva ley- pero también intenta impedir las posibles reclamaciones de miles de consumidores.

La plusvalía municipal, cuyo nombre correcto es Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), grava el beneficio que obtienen por la revalorización del suelo público aquellos contribuyentes que venden un inmueble, lo heredan o lo reciben en donación. Cuando se vende una vivienda, es el vendedor quien tiene que pagar el impuesto pues es el que recibe el dinero de la venta. Por el contrario, en una donación el pago del impuesto corresponde a la persona que acepta el inmueble; lo mismo que sucede a los herederos de una vivienda que tienen la obligación de pagar la plusvalía municipal. Y la cifra oscila, de forma mayoritaria, en una horquilla de entre 3.000 y 6.000 euros, aunque puede suponer mucho más.

Esta cifra que se paga por la plusvalía representó algo más de 2.500 millones para las arcas de los algo más de 8.000 municipios españoles. Y es que para los ayuntamientos este impuesto es el segundo en importancia después del IBI, representando entre el 6% y el 8% del total de sus ingresos.

Y ante su desaparición, al menos durante algunos meses, todos están haciendo balance de pérdidas y según su color político acusando a Sánchez de no haber previsto la situación e incluso ya poniendo el cazo. El Madrid de Almeida, que es el más belicoso de todos, podría perder 500 millones, aproximadamente el 10% de su presupuesto y no poder realizar todas esas bajadas de impuestos que estaban previstas. Bastante menos pierde Colau en Barcelona, que no llegará a los 180 millones de euros. Con cantidades que oscilan entre los 15 y los 25 millones se encuentran Valencia, Sevilla y Alicante. Algo más del doble dejará de ingresar Málaga, lo que ha llevado a su alcalde, Paco de la Torre a pedir el respaldo del Gobierno asegurando que se encontrarán en una situación grave.

La preocupación de los alcaldes por sus presupuestos e ingresos tributarios se convierte en indignación cuando se pone el objetivo en las asociaciones de consumidores. Y es que el capotazo a los ayuntamientos que supone la no retroactividad de la resolución del Constitucional tiene toda la pinta de terminar en Luxemburgo.

En concreto el Constitucional, en una decisión que recuerda mucho a las del Tribunal Supremo protegiendo a los bancos, ha intentado evitar una avalancha de reclamaciones que puedan comprometer las arcas municipales y lo hace a expensas de los usuarios, que para estas cosas son siempre las víctimas propiciatorias.

Dice el Alto Tribunal que “ no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme”, Es cosa juzgada y ante esta figura legal no hay discusión posible, pero añade el TC, no queriendo dejar cabos sueltos y aquí si que incurre en posibles complicaciones en Europa, que “ también se considerarán situaciones consolidadas “las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada”.

Y es este último párrafo el que ha hecho saltar a todas las asociaciones de consumidores. Tanto OCU, como FACUA y Asufin se tiran al cuello del tribunal y le advierten de las consecuencias. Porque el TC se contradice a si mismo y a la Constitución que en su artículo 164 establece que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, no desde que se dictan. Sin olvidar que en la propia web del Constitucional se dice que las sentencias sobre cuestiones de inconstitucionalidad, como esta que nos ocupa, producen efectos generales desde la fecha de publicación en el BOE.

Cuando se trata de beneficiar a la Administración o a las empresas estos supremos de la Justicia tuercen y retuercen sus propias normas y siempre en perjuicio de los más débiles que son a los que deberían defender. ¡Curiosa Justicia la de este país!

Facua ya ha puesto en marcha una plataforma para reclamar teniendo en cuenta que, con lo manifestado por el TC, no serían firmes aquellas liquidaciones del impuesto que están dentro del plazo legal para ser recurridas, las que se encuentran recurridas y están pendientes de resolución y aquellas resueltas pero sobre las que es posible presentar recurso. Tampoco serían firmes las autoliquidaciones que hubieran presentado los usuarios en los últimos cuatro años.

Por su parte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera lamentable que el Tribunal Constitucional vaya a fulminar cualquier posible esperanza de recuperar su dinero a los contribuyentes que pagaron injustificadamente ese impuesto, como aparentemente reconoce el propio Tribunal, dando la razón a los morosos y a los que retrasan los pagos hasta el límite recurriendo cualquier decisión administrativa.

Es la Asociación de Usuarios Financieros, Asufin, la que se muestra más indignada y belicosa con la actuación del TC. Patricia Suárez, su presidenta, asegura que “la no retroactividad que incorpora supone una vulneración de la tutela judicial efectiva consagrada por Europa, completamente flagrante, y que sin duda requiere una aclaración por parte del TC”.

La sentencia provoca “sorpresa, indignación y frustración” entre los ciudadanos – añade Suárez- que ven que “nuestros tribunales cometen el mismo error” y tiene que venir Europa a recordarles los derechos de los ciudadanos. Se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo con la cláusula suelo en la que se introdujo una inadmisible no retroactividad que Luxemburgo enmendó. En todo caso, ese “error” de nuestros tribunales va siempre en la misma dirección, la de retorcer la aplicación de la Justicia para que sirva a unos fines diferentes de los que tiene como finalidad; defender a los débiles frente a los intereses de los poderosos.

La presidenta de Asufin asegura que “el Tribunal Constitucional extiende la sentencia de manera injustificada a resoluciones administrativas considerándolas consolidadas, liquidaciones, provisionales o definitivas, que no hayan sido impugnadas a la fecha de la sentencia y a autoliquidaciones, cuya rectificación no haya sido solicitada a la fecha”. El objetivo de la decisión está muy claro: “evitar la avalancha de reclamaciones justas de personas que han pagado una plusvalía siguiendo una metodología de cálculo errónea que no sabían que era reclamable y que ahora el Tribunal Constitucional pretende cerrarles todas las puertas para salvar el sistema económico municipal”.

No debiera sorprendernos la decisión del Constitucional, que no es salomónica, aunque lo parezca y que va en la línea de muchas sentencias de las altas instancias judiciales del país, salvaguardar los intereses de unos pocos frente a los de la mayoría. Obvia el tribunal las consecuencias que traerá la sentencia, con grandes posibilidades de ser enmendada por Luxemburgo, ya que hasta ignora la Constitución y sus propias normas. En el fondo de la cuestión, como casi siempre, unos miles de millones que no debieran haber cambiado de manos y unos contribuyentes indignados por haberlo sido. Ya iremos viendo pero tiene pinta de ir para largo.

¡ Al Constitucional que vas!

Con la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que, entre otras cosas, va a permitir la conflictiva limitación de precios del alquiler en zonas tensionadas, se cierra una larga etapa de maduración, que ha durado más de lo previsto y comienza otra en la que presenciaremos duros enfrentamientos políticos y parlamentarios.

El Gobierno tiene prisa en que la Ley se ponga en marcha y por ello va a tramitarse por el procedimiento de urgencia, lo que no impedirá que, de aprobarse, tarde un año en el trámite parlamentario, con lo que, como pronto, no podría estar en vigor hasta principios del 2023.

La Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jone Belarra, ha manifestado al respecto que la Ley va a permitir «avanzar en la garantía del derecho a la vivienda y ponerle coto a la especulación inmobiliaria, que es una de las grandes lacras de nuestro país». Son más de 3 millones de compatriotas los que sufren un sobreesfuerzo para pagar el alquiler dedicando más del 30% de sus rentas, “y esto es insostenible” ha añadido Belarra.

La nueva Ley que comienza su andadura pretende dotar a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos que, no lo olvidemos, son los que tienen las competencias, de las suficientes herramientas para regular el alquiler en las denominadas zonas tensionadas, poniéndose del lado de los arrendatarios y exigiendo una actuación responsable a los grandes propietarios.

Para lograr sus objetivos la Ley actuará en varios puntos fundamentales; entre ellos, el establecimiento de zonas de precios tensionadas para la reducción de los alquileres, la reserva del 30% de las nuevas promociones para vivienda social y los incentivos fiscales para la reducción voluntaria de precios.

Es la limitación de los precios de los alquileres en estas zonas tensionadas, a las personas físicas o jurídicas que dispongan de más de diez inmuebles, la intención que más rechazo ha generado, tanto entre los grandes fondos de inversión, o fondos buitre como se les quiera llamar, como entre los partidos de la derecha, sus defensores a ultranza. Por tener unos números claros, en Madrid hay 26.573 titulares con más de 10 inmuebles, según los datos del Catastro, seguida de Barcelona (25.640) y Valencia (16.147).

A estos grandes tenedores se les limitará el precio de los alquileres en las zonas tensionadas basándose en un índice oficial. Al resto de propietarios en esas mismas zonas, se les limitará el incremento de precios al 10% sobre la última renta del contrato anterior. La declaración de estas zonas tensionadas será un papel reservado a las Comunidades Autónomas que, a petición de los municipios, lo podrán solicitar si la renta de alquiler supera el 30% de los ingresos medios por hogar y si en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC.

La situación que devendrá será muy frustrante para ayuntamientos que quieran ayudar a sus vecinos y lo soliciten en comunidades autónomas gobernadas por el PP, ya que el partido ha asegurado que no declararán zonas tensionadas. Tranquilidad para los buitres y ajo y agua para los inquilinos. Por eso los distintos movimientos de vivienda exigen que los ayuntamientos tengan autonomía para declarar las zonas tensionadas y evitar así las maniobras de los chicos de Casado.

Una medida que no gustaba a Podemos pero que ha sido finalmente incluida, son las desgravaciones fiscales que se aplicarán a los nuevos contratos; de un 50% de forma general en el IRPF y que podrá llegar hasta el 90% de bonificación cuando los arrendatarios rebajen un 5% el precio de sus alquileres.

La Ley intenta amortiguar la gran carencia de vivienda social que padecemos y para ello establece una reserva del 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones para vivienda pública destinándose la mitad para alquiler.

Y en cuanto a otro de los caballos de batalla de los movimientos sociales, la gran cantidad de vivienda vacía que hay en nuestro país y que debería llegar al mercado, la Ley, que la especifica como aquella que lleva más de dos años vacía y cuyo propietario tiene más de cuatro en propiedad, permitirá a los ayuntamientos recargos de hasta un 150% del IBI para animar su salida al mercado del alquiler.

Otro de los epígrafes del anteproyecto contempla la interrupción de los desahucios a familias vulnerables por impago del alquiler, que podrán ser suspendidos de oficio por los juzgados durante dos meses, si el demandante es una persona física, y durante cuatro meses si es persona jurídica.

Salvando las distancias entre los socios de Gobierno y sus apoyos parlamentarios para la aprobación de la Ley, con un ERC y un PNV que la miran de reojo por posibles problemas competenciales, el mayor inconveniente para la puesta en marcha de esta legislación es la posición ultramontana y anti todo del Partido Popular, que ya ha asegurado que no la aplicará en las distintas comunidades autónomas en las que gobierna. Lo que es un nuevo varapalo para muchos de esos 3 millones de inquilinos que existen en el país y que se van a ver discriminados en razón de su residencia.

Su presidente, Pablo Casado, ya anunció, incluso antes de conocer su contenido, que la iban a recurrir ante el Constitucional, por el ataque sin precedentes que supone a la propiedad privada y la inseguridad jurídica que conlleva.

La revuelta conservadora llega hasta los consistorios que amenazan -los del PP, claro está- que no van a subir el impuesto de bienes inmuebles para “castigar” a los propietarios de viviendas desocupadas. Como Almeida, que lo afirma con rotundidad mientras se queja de la disminución de ingresos por la plusvalía municipal que él mismo estaba bajando, al igual que sucesiones, basuras y otros conceptos…todo un sinsentido que sólo se entiende por el NO al Estado del que se han excluido.

Y si para defender a los propietarios de esos 150.000 pisos que existen en zonas presumiblemente tensionadas, Casado está dispuesto a llegar al Constitucional, para defender la reforma laboral de Rajoy, hecha sin consenso ni diálogo social, se irá hasta Bruselas para denunciar a España por la falta de consenso.

Porque este es el problema con la posición radicalizada en la que se ha situado el Partido Popular, sus denuncias y actuaciones van en contra del Estado y de los millones de habitantes para los que unas mejores condiciones de vida, con vivienda digna, trabajo no esclavo y suministros a precios asequibles para sus sueldos, son muy deseables. Son decenas de millones que para el PP pesan menos en la balanza de su política que los fondos buitre y los grandes empresarios del sector bancario y eléctrico. La plutocracia por encima de todo.

Ha sido en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado en Pamplona en donde el líder de la derecha se ha desmelenado asegurando que fomentará “el crecimiento empresarial quitando las barreras sindicales, fiscales y laborales”, lo que muestra claramente sus intenciones si algún día llega a la Moncloa y recuerda demasiado por desgracia a las intenciones de la CEDA en los años 30. Lo que por supuesto olvida Casado es la declaración del FMI respecto a la reforma laboral de Rajoy, denunciando que incrementó la pobreza entre los trabajadores.

Por supuesto que ni la futura Ley de Vivienda ni la derogación de la reforma laboral son los únicos aspectos en los que Casado toma partido por las oligarquías e intenta vulnerar al Estado ignorando a la inmensa mayoría del pueblo español. Claro que en esto va correspondido, porque también el pueblo pierde la memoria el día que va a votar y de forma generosa, altruista y suicida vota por el mantenimiento de los beneficios del IBEX, olvidando que lo sacan de su bolsillo.

Muy paradigmática es también la postura del PP, compartida por VOX, con las medidas tomadas por el Gobierno para abaratar en lo posible la factura de la luz. Y es que reducir los beneficios de las eléctricas no les ha gustado nada y han sacado toda la artillería verbal para defenderlos. Cuca Gamarra, Javier Maroto y Pablo Casado, al alimón, han competido para comprobar quien era capaz de llenar titulares con la barbaridad más grande. Y así, las palabras expropiación, social comunismo, meter la mano en las empresas, intervención…aparecieron en los medios para justificar la posición que ambos partidos quieren tomar en el Congreso para tumbar las medidas tomadas para abaratar la luz.  Ellos lo tienen claro, hay que eliminar los impuestos en el recibo eléctrico y cargarlo todo a los Presupuestos Generales del Estado para que haya que subir los impuestos creando malestar general y sin tocar los sacrosantos beneficios que con nuestro sudor ganan las eléctricas. Y habrá quien lo comparta. Rizando el rizo y cayendo en el esperpento, lo que se le da muy bien,  Espinosa de los Monteros ha pintado un panorama sobrecogedor, con unas hidroeléctricas y nucleares pidiendo por las calles para poder sobrevivir.

Hay que ir finalizando, pero sin olvidar el escándalo que supone la no renovación del CGPJ y aunque el líder se escude en no querer ver jueces comunistas en la cúpula judicial o esgrima que los magistrados se tienen que elegir entre ellos, todos sabemos que la Gúrtel y la Kitchen son la verdadera causa de los jueces caducados y caducos. Ir colocando magistrados en los puntos clave es la labor de ese que concentra todo el poder y fue Director General de Justicia con José María Aznar. Se llama Carlos Lesmes y el pobre no se va a poder jubilar hasta que consiga exonerar al PP y a Mariano Rajoy de todos los marrones que arrastran por culpa de ese advenedizo que se llama Bárcenas. Y el tema va para largo.

Amenazando con el Constitucional, el primo de Zumosol o Bruselas, atacando al Estado envuelto en la bandera patria, que todo es posible y lo explican en los másteres, soltando exabruptos más propios de hace 80 ó 90 años, defendiendo a ultranza la plutocracia y el neoliberalismo más radical, junto a la ocultación de la corrupción, el líder del PP, con la camarilla de su partido detrás, muy bien auxiliados por VOX, están creando un malestar social y un enfrentamiento y crispación generalizada que hacía mucho tiempo no se veía. Tanto que hay que ir a las hemerotecas para documentarse. Y no es bueno.

La mayoría de los españoles se las ve muy duras para llegar a fin de mes, los gastos en vivienda y suministros básicos, que suben sin cesar, se comen unos sueldos raquíticos -media de 1.300 euros- que cuesta incrementar porque nuestras empresas sólo saben encontrar la competitividad en los bajos salarios. El mercado no regula nada y esa es la gran mentira que como un mantra nos repiten una y otra vez, son los lobbys empresariales defendidos por sus peones políticos los que lo hacen; y por eso es preciso regularlo desde el Estado, para que la especulación no acabe cebándose en el rebaño, como sucede casi siempre.

Eduardo Lizarraga

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