En el año 2013, con los restos de la burbuja inmobiliaria oliendo a
carroña, llegaron a España los fondos buitre. De la mano de políticos y
banqueros, con los ojos fijos en las grandes operaciones que administraciones y
bancos tendrían que hacer, bien aderezadas por ingentes cantidades de dinero
público, se hicieron con un ladrillo agrupado y barato. No hubieran podido
realizar los buenos negocios que hicieron y siguen haciendo, si la legislación
española no hubiera estado hecha a la medida de sus necesidades. Legislación,
que la banca española ha ido diseñando a lo largo de muchos años de cercanía
con el poder.
Llegaron y se especializaron en campos distintos, suelo, edificios
singulares, centros comerciales, oficinas, activos industriales y residenciales.
Ahora, tres años después, están comenzando
a marcharse con las plusvalías conseguidas a nuestra costa.
Pero no sólo tenían la legislación española a favor de sus operaciones,
sino que el partido gobernante, el Partido Popular, enemigo de todo lo público,
estaba desmantelando y vendiendo a pedazos la Sanidad, la Educación, el Mercado
laboral… ¿por qué no también la vivienda social o los edificios públicos?
Buscaron socios en el PP, los hallaron entre sus élites, y se pusieron a trabajar.
Entre los fondos que llegaron merece especial atención Blackstone, por
la manera sangrante, para la población más desfavorecida por la crisis, con la que ha obtenido sus beneficios, y
porque es el malo necesario para la operación de Botella en el Ayuntamiento de
Madrid.
De todos los fondos de capital
riesgo, Blackstone es el mayor del mundo. Sólo en el mercado inmobiliario
gestiona 64.000 millones en activos. Desde su llegada a España ha realizado una
serie de operaciones de legalidad dudosa y de ninguna ética. De entre ellas
sobresale la compra de activos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el
Suelo de Madrid (EMVS) a la que pagó 128,5 millones por 1.860 viviendas construidas
con dinero público y en régimen de alquiler. A una media de 69.000 euros por
vivienda, incluyendo gran cantidad de garajes y trasteros.
Ahora, el Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid, observa
indicios de fraude en esta venta que realizó Ana Botella cuando era alcaldesa
de Madrid. Como colofón de la operación de venta, acaba de descubrirse que el
equipo de Botella regaló a Blackstone, gestionado en España por Fidere, once trasteros y garajes valorados en 300.000
euros.
La operación se realizó el 20 de junio de 2013, después que la EMV
hubiera estudiado otras cuatro ofertas recibidas. Resulta sorprendente que la
valoración y la decisión, sobre una cuestión de tanto importe y que afectaba la
vida de tantos miles de personas, se realizara
en menos de seis días; indicativo de lo que
les importan estas personas al Partido Popular.
Una vez seleccionado Blackstone, se negoció con el fondo que obtuvo,
tras una nueva rebaja de dos millones de euros, algo inexplicable cuando ya
había ofertado un precio en el concurso, la propiedad de las 1.860 viviendas
sociales, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, por el importe antes
mencionado de 128,5 millones de euros. Ahora hemos conocido, que además del
descuento de los dos millones, Blackstone obtuvo una propinilla en la compra.
En cuanto se ha empezado a desentrañar la madeja de la venta, las irregularidades han comenzado
a aparecer por doquier. Por lo visto las destructoras de papel no llegaron
hasta esa documentación.
Por un lado, la fiscalía del Tribunal de Cuentas estima que la
enajenación de las 18 promociones se realizó sin un informe técnico de
valoración, para fijar el valor de mercado que tendrían los inmuebles. Por ello
piensa que hubo un posible quebranto económico, que llegaría a los 2,3 millones
de euros –los dos millones de la rebaja y los 300.000 euros de la propinilla- que respondería a la diferencia con la primera
oferta de la empresa adjudicataria.
Tras la llegada de Manuela Carmena al Palacio de Correos, Ahora Madrid y el PSOE de Madrid, alarmados
por la situación económica del consistorio madrileño, y por el incesante trabajo de las destructoras
de papel antes de que llegaran al consistorio, abogaron por la creación de una
Comisión de investigación de la Deuda de la capital, que fue aprobada a finales
de marzo de 2015, con el voto a favor de Ciudadanos. Se formó con cuatro representantes de Ahora Madrid, dos del
PSOE y uno de Ciudadanos. El PP, al que correspondían cuatro representantes en
la comisión, no formuló propuesta de nombramiento, ya que decidió no participar
en este órgano municipal que pretendía hacer luz sobre lo ocurrido en materia
económica.
A pesar de los esfuerzos del PP por tapar una situación, que afecta a la
mujer de su querido expresidente Aznar, la Comisión finalizó sus trabajos en
septiembre, con un dictamen demoledor sobre lo sucedido: ni el anterior equipo
directivo de la EMVS respetó las normas internas de contratación, ni adjudicó
el lote a la mejor oferta económica, ni
justificó en ningún momento por qué pagó 2,4 millones de euros, en concepto de
comisión inmobiliaria, a una UTE de reciente creación y capitaneada por un
antiguo directivo de Aguirre Newman, gigante del sector ligado al hermano de
Esperanza Aguirre. Y que no sólo la
venta de estos inmuebles fue ilegal, y en el proceso actuaron con desprecio
absoluto a los arrendatarios, compuestos en su mayoría por jubilados,
pensionistas, y parados, sino que además supuso un desfalco patrimonial para el
Ayuntamiento de Madrid valorado en 31 millones de euros, que podría ampliarse a
los 161 millones.
En su momento, tanto el PSOE como la asociación de afectados por la
venta, interpusieron una querella por la operación Blackstone. Pero el juez de instrucción número 38 de
Madrid, archivó provisionalmente el caso en enero de 2015. Nueve meses más
tarde, la Audiencia Provincial ratificó el cierre en septiembre de ese año.
Para pensar bien, hay que decir
que los jueces no conocían aún las irregularidades desveladas por la Cámara de
Cuentas en su informe sobre la venta de esas viviendas. Informe que ha sido
aprobado de forma unánime, incluyendo los consejeros propuestos por el PP, que
tienen mayoría absoluta.
Ahora, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS),
dirigida por el nuevo equipo municipal, acaba de anunciar su adhesión a la
solicitud de los afectados para que el juez reabra la investigación penal sobre
la venta de estos 1.860 pisos sociales, pertenecientes a 18 promociones
distintas, al fondo buitre Blackstone durante la etapa de Ana Botella. La EMVS también
se personará en las diligencias abiertas por el Tribunal de Cuentas, tras el
escrito de su fiscal jefe, que cifra en 2,3 millones el quebranto que le causó esa
operación.
Las consecuencias que puede tener la dilucidación de esta venta, incluso
las penales, son difíciles de precisar. En todo caso no es un caso único en la
reciente historia inmobiliaria de nuestro país y pone de manifiesto varias
cuestiones que deberían resolverse. Entre ellas, que el hipotecado tenga derecho
de tanteo y retracto sobre su hipoteca, cuando ésta sale al mercado. Y que
cualquier operación en la que el dinero o propiedad pública estén implicados
dispongan de luz y taquígrafos a discreción. De lo contrario el dinero público
seguirá sirviendo para enriquecer a los cercanos al poder político del momento.
Eduardo Lizarraga
WWW.AQUIMICASA.NET
