Lo han vuelto a hacer

Después de varios intentos fallidos,  el Gobierno, con el apoyo  de sus cómplices necesarios, PSOE  y C’s,  han sacado a la luz un decreto-ley,  aprobado el pasado viernes 20 de enero, con el objetivo de crear un procedimiento extrajudicial, que favorezca la los bancos en la devolución del dinero cobrado de más por la cláusula suelo.  No es un decreto ley que facilite la devolución automática del dinero y favorezca a los estafados,  que era lo debido, sino todo lo contrario.

De entrada, el decreto-ley ni obliga a los bancos a nada, ni establece ningún tipo de sanción para las entidades financieras que decidan no adherirse al sistema extrajudicial de reclamaciones, ni  tampoco para las que se nieguen a devolver todo el dinero a los afectados.  En realidad el decreto tiene como objetivo librar a los bancos de los costes judiciales -que una vez más pagaremos entre todos-  y que puedan acudir a los juzgados a machacar con costes o demoras a los usuarios que se resistan a aceptar lo que ellos dictaminen.

El decreto ya estaba cocinándose, cuando el pasado 21 de diciembre llegó el mazazo de la sentencia de Bruselas, que va a ser  la verdadera razón de que los bancos devuelvan el dinero estafado más los intereses y no por las actuaciones del Gobierno de Rajoy.  Recordemos,  que el Tribunal Supremo había decretado la no retroactividad del dinero cobrado de más anterior a mayo del 2013.

Todos los partidos políticos implicados,  como si se hubieran puesto de acuerdo,  con Luis de Guindos en cabeza, salieron a la palestra a explicar las bondades del decreto  para los usuarios y que se había llegado a buen puerto  por su generosa y benéfica intervención.  El Ministro de Economía justificaba el decreto afirmando que con el mismo se pretendía evitar el elevado coste que tendría para la Administración de Justicia. Nada más lejos de la realidad,  ya que el que paga las costas es el que pierde el juicio y estos iban a ser los bancos. Luego el decreto pretende, por lo tanto, ahorrarles el coste del litigio.

Pero además,  el mecanismo extrajudicial aprobado por el Gobierno cede el arbitrio de la situación a las propias entidades financieras, que pasan a ser juez y parte y vuelven a tener la sartén por el mango, que es lo que le gusta a la banca española y a lo que está acostumbrada. Hasta van a poder acordar con el usuario, el pago de las cantidades estafadas en activos financieros propios, lo que le beneficia claramente en perjuicio del estafado.

Pero el lobby bancario es poderoso y su influencia en el Gobierno es inmensa.  Durante el plazo de tiempo en que se sustancie la reclamación previa –que no será superior a tres meses,  más el mes de preparación-, “las partes no podrán ejercitar contra la otra ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto”. Es decir, durante esos cuatro meses  los afectados tendrán que seguir pagando la estafa de la cláusula suelo y los bancos seguirán percibiendo el extra, con el beneplácito del gobierno y el apoyo incondicional de PSOE y C’s.

No acaban aquí los logros bancarios conseguidos en esa negociación secreta y de la que los consumidores han estado ausentes,  sino que rizando el rizo para unas entidades financieras que se ven liberadas de los costes judiciales, se advierte al usuario que no se acoja al procedimiento extrajudicial del gobierno y denuncie a la entidad financiera,  que podría acabar pagando las costas si el Juzgado establece  que la cantidad estafada y que tiene que devolver el banco, es inferior a la ofertada por la entidad.

A la banca y al Gobierno, los 122.000 millones de euros en ayudas, reconocidos por el Banco de España y que otras fuentes casi duplican, no les parece óbolo suficiente y se les vuelve a proporcionar una inestimable descarga de gastos en los que tendrían que incurrir por su conducta estafadora, un alargamiento del plazo para pagar y, posiblemente,  un descuento en la cantidad total a desembolsar, que podrá no ser en dinero.

Lo más lógico y esperado por los casi tres millones de estafados, hubiera sido la promulgación de un decreto que obligara a los bancos de oficio a revisar los contratos, y devolver aquellas cantidades cobradas de forma abusiva. De esta forma las visitas a los tribunales hubieran sido mucho menores y tan sólo se hubieran producido en los casos de discrepancias entre banco y estafado. Y todo ello sin olvidar las sanciones,  ausentes, pero que hubieran debido llegar por una actuación, que constituye el mayor fraude perpetrado en nuestro país. Pero en España nadie se atreve a multar a los bancos que tienen todos los derechos y por lo visto pocas o ninguna obligación.

Una vez promulgado el decreto, el Gobierno ha invitado a las asociaciones de consumidores y usuarios a que participen en una comisión de seguimiento. Pero pudiera ser que se quedaran tan solos como cuando lo elaboraron con la única ayuda o directriz del lobby bancario. Es más, algunas asociaciones de usuarios ya han anunciado medidas legales contra este decreto en el caso de que los bancos se nieguen a devolver todo el dinero a los estafados. 

Lo han vuelto a hacer. El Gobierno a ayudar a los bancos, éstos a salirse con lo que querían, los estafados a no tenerlo claro a pesar de la sentencia europea y las asociaciones de consumidores a verse ninguneadas. Bruselas asoma de nuevo en lontananza.

Eduardo Lizarraga

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