Durante estos últimos años los consumidores españoles hemos asistido, entre atónitos e indignados, a los abusos y asaltos sufridos por multitud de grandes empresas. Bancos y entidades financieras, compañías energéticas, empresas de telecomunicaciones, y multinacionales automovilísticas, entre las más habituales, han tomado al asalto nuestra economía sangrándonos siempre que han podido, mintiéndonos y estafándonos a la menor oportunidad . Y lo que es peor, sin grandes consecuencias ni en multas ni en desprestigio. Son actuaciones que cuentan con algún denominador común, timos casi siempre de escaso importe, pero que afectan a cientos de miles, cuando no millones de consumidores y con las administraciones mostrando una pasividad ante ellas, que raya en la prevaricación.
La última conocida, aunque no la más grave, es la multa “y marcha atrás” con que la Junta de Andalucía ha sancionado a Endesa, por aplicar a 350.000 usuarios tarifas ilegales por el alquiler de sus contadores de luz. La Junta acordó el pasado 13 de septiembre sancionar a Endesa Distribución con 400.000 euros y el comiso de 1,39 millones de beneficio ilícito y es que la compañía ha venido cobrando tarifas más elevadas como si tuviera activada la telegestión de los nuevos contadores inteligentes, cuando eso no era cierto. Ahora la Junta da marcha atrás y dice que no puede obligar a la eléctrica a devolver el dinero cobrado ilegalmente. ¿Quién lo va a hacer? ¿Nos arriesgamos a dejar de pagarle hasta que nos devuelva el dinero?…seguro que nos cortan la luz con todo el peso de la Ley.
Por supuesto que Endesa no es la única eléctrica que está cometiendo esta estafa sistemática y multitudinaria, sino que el resto de grandes distribuidoras hacen lo mismo, como si se hubieran puesto de acuerdo en el timo. Y al compás actúan tanto el resto de las autoridades autónómicas de protección al consumidor, como el propio Ministerio de Industria, con absoluta pasividad ante el fraude masivo. Todo ello a pesar de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya ha advertido de la ilegalidad de esta actuación.
Otro de los sectores más denunciados por los consumidores españoles es el de las telecomunicaciones, con unas empresas que vulneran una y otra vez los derechos de los consumidores no recibiendo más que multas ridículas, cuando las reciben, que compensan de sobras los fraudes que cometen. La más denunciada es Movistar, que ha subido de forma reiterada sus tarifas de “Movistar Fusión” a pesar de que se contrataron bajo la publicidad de “para toda la vida”…. Ahora dicen en Movistar que tan sólo era un mensaje comercial. Y este abuso de la teleoperadora está en los tribunales, pero no es la administración la que ha denunciado a Movistar, sino FACUA-Consumidores en Acción, una asociación privada de consumidores, que está asumiendo el papel que debieran ejercer las distintas administraciones, tanto autonómicas –tienen competencias para ello- como la central en el sujeto del Ministerio de Industria.
Ministerio éste que también ha optado por el papel de “desaparecido” en la crisis de Volkswagen, siendo adelantado en las denuncias interpuestas contra la multinacional del automóvil por algunas comunidades autónomas, asociaciones de consumidores, como OCU y la ya mencionada Facua, y múltiples demandas individuales. De forma paralela el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, avanza con una investigación a Volkswagen que cuenta de plazo hasta junio de 2017. El último movimiento de la Fiscalía ha sido la petición, a las autoridades estadounidenses, de información para detectar el software usado con el que trucaron los niveles de emisiones.
Las entidades financieras son las más denunciadas por los consumidores españoles, que se ven afectados por sus múltiples manejos y triquiñuelas con las que sacar un dinero que el euríbor y la situación financiera mundial les escatiman. Se comenzó con el escándalo de las preferentes, le siguió la cláusula suelo y los swap, ahora es el índice IRPH el denunciado. Por el camino, las múltiples comisiones que por tener nuestro dinero o entrar en sus establecimientos pretenden cobrarnos.
En el fondo de toda esta situación de desprotección del consumidor frente a los intereses de las grandes y poderosas multinacionales, subyace la dejación de las distintas administraciones por defender los derechos de los más débiles. Y se extiende la sensación de que no somos más que las presas fáciles en el coto de caza que para estas empresas es España, habiéndose convertido los guardeses de la finca en hábiles monteros que ponen la presa en el punto de mira de la escopeta del señorito.
La cuestión importante radica en saber si es una dejación estudiada y son por tanto decisiones políticas, o sencillamente se debe a la estulticia y falta de preparación de las áreas de protección al consumidor e industria, de estas administraciones que padecemos. Y los dos casos son terribles. El primero porque las decisiones políticas suelen tener alguna contrapartida y el segundo porque conociendo la sobrada capacidad de los funcionarios, relegados a niveles de subdirección, no podemos más que dejar la culpabilidad en manos de sus más inmediatos jefes, cargos políticos todos… y entonces volvemos a la primera derivada: padecemos muchos políticos incapaces y algunos vendidos. Aún me estoy riendo con la publicación de los currículos de algunos de los preclaros socialistas andaluces que han descabezado al PSOE… da vergüenza que puedan optar a algo que no sea llevar las cajas con las urnas hasta los colegios electorales.
En el camino de estos meros ejemplos, de lo que una organización de consumidores ha denominado “la timocracia”, se quedan actuaciones ilustres de algunas preclaras empresas españolas… El Corte Inglés y otras grandes superficies con sus ventas a pérdidas, la protección de los productores españoles que hace Mercadona adquiriendo gran parte de los productos de sus lineales a industrias foráneas, las empresas municipales/privadas del agua subiendo sus tarifas…
Y éste verano han vuelto a reaparecer en las iras de los consumidores las teleoperadoras, que se han lanzado a cobrar cantidades desorbitadas por los megas consumidos de más sin que medie ningún contrato que confirme la compra. Esa ha sido la postura de Orange que te remitía un SMS -¿alguien los mira ya? para decirte que habías consumido todos los megas de agosto y que a partir de ese momento te los facturaba a tropomil. La actuación de Movistar, más sibilina, te oculta que cuando compras unos megas este verano, para remediar el adsl que te dejaste en casa, te los va a seguir facturando mes a mes hasta que le digas basta. Asegura que la adquisición es para siempre y no para esos quince días en la playa, en que te quedaste más colgado que una paraguaya sin el face ni el guasa ni nada de nada.
Estos últimos años han sido y todavía lo son, una fiesta para estas grandes empresas en la que todos los gastos y beneficios han ido a costa de los consumidores y sus derechos. Y en este sentido hemos retrocedido mucho. Hay que volver la vista atrás, hacia una sociedad más respetuosa con los derechos de todos y menos complaciente con las apetencias de los que abusan y estafan. Y es nuestra clase política la que tiene la capacidad y el deber de actuar. Todos lo necesitamos.
Eduardo Lizarraga
www.aquimicasa.net
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