Los casos en que empresas de todos conocidas, pierden los juicios en primera instancia y luego los ganan en tribunales superiores son múltiples y habituales. Y esta misma semana ha vuelto a suceder lo que podría ser la antesala –esperemos que no- de un escándalo en el entorno europeo.
Me refiero a la cláusula suelo y a la devolución de los intereses cobrados de más por los bancos, gracias a esta cláusula, definida como abusiva por el Tribunal Supremo que, sin embargo, eximió a las entidades financieras de pagar los intereses devengados con anterioridad a la sentencia, es decir, al 9 de Mayo del 2013.
Ha sido un juzgado de Málaga, en concreto el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Amanda Cohen, el que en una sentencia del pasado 1 de diciembre dictaminó, textualmente: “que no procede aplicar la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto a la devolución de cantidades, que únicamente se refiere al supuesto de nulidad por falta de transparencia, por lo que procede la condena a la entidad demandada a la devolución de todas aquellas cantidades percibidas de mas por activación de la cláusula de acotación mínima y no solo desde el 9 de Mayo de 2.013”. Y por ello condenó a la entidad financiera a devolver todas las cantidades cobradas de más, a las que debe sumar intereses legales y costas.
La sentencia se basa en el incumplimiento del control de incorporación, ya que según el artículo 5 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), no quedarán incorporadas al contrato las condiciones que el firmante no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa y las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles.
No es el primer juzgado que obliga a los bancos involucrados en esta gigantesca estafa, consentida por la Administración y la Justicia, que ven el interés de los bancos y no de los particulares, a devolver el dinero percibido de más, con sus intereses, y al pago de costas. Pero para llegar hasta ahí, el afectado se ve obligado a denunciar a la entidad financiera y a correr con los gastos de su peculio particular.
Tras esta nueva sentencia en contra de la argumentación del Tribunal Supremo, que esgrimía para la no retroactividad de las obligaciones de devolución, que había que proteger a los bancos, todos los ojos están fijos en la sentencia que emitirá el próximo 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sobre la retroactividad total de las cláusulas suelo por falta de trasparencia. Y aunque algunos juzgados españoles ya hayan fallado en contra de los bancos, cuando hablamos del TJUE pudiera ser que tuviéramos un disgusto. Y es que esta alta instancia europea podría estar sin venda, haber ya recuperado la vista y estimar que los “pobres bancos” tendrán problemas si deben devolver el dinero, percibido de forma abusiva, a los usuarios.
Se estima en más de 7.600 millones la cantidad que los bancos se han llevado de forma fraudulenta de nuestros bolsillos. Y semejante monto, como ya estimó el Abogado General del TJUE, Paolo Mengozzi, podría poner en riesgo el sistema bancario, con lo que aconsejó la retroactividad parcial, establecida por el Tribunal Supremo español el ya mencionado día 9 de mayo de 2013. A lo que parece, la alta Justicia tiene poco de ciega y ve el perjuicio que puede sufrir la pobre banca española, si la cantidad a devolver a los clientes tiene como fecha de inicio el día de la firma de la hipoteca, pero no contempla la situación de los afectados, que llevan años sufriendo la situación...y pagando mes a mes.
Y éste es el gran milagro que afecta a la justicia ciega, que vuelve a ver cuando son los intereses de los grandes grupos empresariales y los del Gobierno los que están en juego. Todo ello en perjuicio del individuo y de la sociedad. Una recuperación de la vista muy relacionada con el escalafón.
Está claro que el Gobierno no es la Justicia y que debe ver y oír, lo malo es que todo lo que oye y ve le llega desde la misma dirección, la de los lobbys empresariales y los intereses del círculo económico que le sustenta. Intereses que siempre sitúa por encima de los del pueblo. Sí, ya sé que las decisiones que toma nuestro gobierno son fáciles de argumentar “por el bien de España”, fáciles para el que les quiera creer, porque la decisión de rescatar las autopistas con más de 5.000 millones de euros es poco justificable, aunque sea el dinero de bancos y constructoras amigas; sobre todo cuando se avecinan nuevos recortes en Educación, Sanidad y servicios sociales -si es que queda algo por recortar-, impuestos por la Unión Europea para cumplir los objetivos de déficit.
Vivimos una época –si es que alguna vez hubo otra- en que ni la Justicia es ciega ni los gobiernos miran por los intereses de los pueblos que gobiernan, sino por el de los grupos económicos que les apoyan. Pero el sistema tiene que cambiar porque ya no se aguanta y hasta los fundamentalistas ideológicos terminan por cansarse y pueden comenzar a ver –ellos también- otras posibilidades a las que votar.
Eduardo Lizarraga
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