Han
pasado ya veinte siglos desde que Jesús, el galileo, predicara a los judíos sus
doctrinas. Por lo poco que nos ha llegado, no eran difíciles de entender ni de
cumplir, pero a pesar de ello, si Jesús volviera entre nosotros, no iba a
reconocer nada de lo que dijo, en la Iglesia que le siguió. “Mi Reino no es de
éste mundo” y nada de sus palabras debieron entender los que continuaron su
trabajo, porque tras el edicto de Milán de Constantino y, sobre todo, el edicto
de Tesalónica, del hispano Teodosio el Grande, la Iglesia se conformó como un Estado, cuyo poder temporal superaba
al de los reyes de la época.
Y así,
sus representantes en la tierra, los sucesores de Pedro, el pescador, los Papas,
declararon guerras, se apoderaron de territorios, cometieron crímenes de
estado, pagaron ejércitos, masacraron pueblos y hasta intentaron pasar el cargo
a sus herederos de sangre. De esta manera, tan poco celestial, se hicieron con
un reino en la tierra que dura hasta nuestros días. Aunque, está claro que ha
cambiado en sus formas, y de reino con poderes feudales, sustentado por Dios y
la espada, ha pasado a ser una multinacional más, en el sector de la salvación.
Los
estados europeos católicos, sobre todo tras la revolución francesa, que
expropió todas las propiedades eclesiásticas en Francia, fueron eliminando sus
posesiones, derechos y prebendas. La reunificación de Italia supuso el fin de los llamados Estados
Pontificios; y el poder terrenal de la Iglesia en el mundo se vio limitado al
Estado del Vaticano. Hace poco menos de un mes, el Gobierno italiano, presidido
por el tecnócrata Mario Monti, dio el hachazo final a las prerrogativas de la
Iglesia Italiana, al exigirle el pago del impuesto de bienes inmuebles.
En
España, los obispos contemplan las medidas tomadas en Italia con miedo al
contagio. Desde la desamortización de Mendizábal, tras las Cortes Constituyentes
de 1836, no ha habido un ataque a sus prebendas tan fundado, como el que se
está produciendo en estos momentos. Y aunque aquella famosa desamortización
simuló la aconfesionalidad del Estado, en realidad no supuso incorporar la
laicidad a las instituciones. Todo lo contrario. La actual España del siglo
XXI tiene en nómina, como si de otros
funcionarios se tratara, a todos los obispos y curas del país. Y está nómina, vía
Presupuestos Generales del Estado, supone un montante de 248,3 millones de
euros.
No es
el Concordato de 1953, firmado por Franco con la Santa Sede, para lograr un
cierto reconocimiento oficial, el que se está poniendo en solfa; es el acuerdo
firmado en 1979 por Marcelino Oreja, y que fue obligado por la promulgación de
la Constitución, el que ahora nos cuestionamos.
Porque merced a aquel “Acuerdo sobre Asuntos Económicos”, la Iglesia
recibe de la Administración pública los sueldos de decenas de miles de
enseñantes de religión –ahí vemos el porqué
de tanto ataque a la asignatura “Educación para la ciudadanía” de Zapatero-, de
capellanes castrenses, de hospitales y de penitenciarías. Y no sólo es esto, también se subvenciona la
enseñanza religiosa concertada, la conservación del patrimonio eclesiástico y
muchas labores de caridad, que luego la Iglesia se adjudica como propias. El
total asciende a unos 10.000 millones de euros, de los que algo más de 2000 se
deben al paraíso fiscal.
Una
situación que raya en la idiotez del Estado es la restauración de edificios
religiosos, con cargo a los Presupuestos Generales, que luego aprovecha, su
“legítimo” propietario, para obtener
buenos ingresos económicos. Y se pueden citar dos ejemplos bastante sangrantes;
por un lado la mezquita de Córdoba, adquirida por la Iglesia por 30 euros y con
la que ganan cada año 8 millones de euros. A pesar de estas ganancias siempre
se ha acondicionado y reparado vía Presupuestos Generales. Este inmueble lo
inscribieron los obispos a su nombre el 2 de marzo de 2006 en el registro de la
propiedad, para lo que bastó únicamente que dieran fe que el edificio
pertenecía a la Iglesia, sin que interviniera ningún notario; todo ello gracias
a la Ley hipotecaria de Aznar de 1998. Esta misma Ley está permitiendo, a los
responsables de las Diócesis, que se apoderen de numerosos edificios y
propiedades por el mismo mecanismo. Iglesias, conventos, ermitas, propiedades
rústicas y hasta cementerios están registrándose a nombre de la Iglesia. Y
estas propiedades eran, en casi todos los casos, bienes comunes de pueblos,
cuyos ayuntamientos no los habían registrado.
Otro
caso, similar al de la mezquita de Córdoba, se ha dado con la restauración de
la catedral de Tarazona, que ha costado 20 millones de euros sufragados por
diferentes administraciones, es decir, con dinero público. La Iglesia católica
ha puesto en la restauración menos del 2,5% total, pero se va a beneficiar al 100% ,de los 4
euros que cobra por la entrada, que irán a sus arcas, libres de cualquier
impuesto.
Se
estima que la Iglesia Católica tiene en España más de 100.000 propiedades
inmobiliarias de las que 5.000 son iglesias, siguen conventos, locales, y un buen número de pisos alquilados a
terceros. Además, es de su propiedad más del 80% del patrimonio artístico,
incluyendo 300 museos y 103 catedrales. De todo ello, y de los beneficios que
esto le reporta, la Iglesia católica no paga ningún impuesto, ni el IBI, ni el
de obras, ni el de sociedades... Y en épocas de carestía y crisis, como la que
atravesamos ahora, que los ayuntamientos
dejen de ingresar entre 2000 y 3000 millones de euros –las cifras son difíciles
de contrastar dada la extraordinaria opacidad de la Iglesia para las cuestiones
económicas- se está notando mucho y está levantando ampollas. Incluso ya se
habla de que se vulneran principios constitucionales básicos.
Y no
fue alguien sospechoso de anticlericalismo, el que comenzó sintiéndose
perjudicado por esta impunidad fiscal de la Iglesia, bien que argumentara
cobrar del Estado, lo que la Iglesia no le pagaba. Fue el actual ministro de
Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, el que con las cuentas
municipales mirando al precipicio, decidiera pedir al Estado –entonces en manos
de Zapatero y sus boys- los 94 millones de euros que estimaba dejaba de pagar
en tributos, la Iglesia católica a su municipio. La verdad, no se quién pensará
que le tiene que pagar ahora a Madrid esa cifra. Seguro que le dice a Botella que
la ponga en la cuenta de “herencia recibida”.
Estimo
que la situación para el bolsillo de los obispos no puede seguir manteniéndose
al margen de lo que está ocurriendo.
Parece una burla que se aumente la presión fiscal a los ciudadanos
mientras que otros viven en su particular paraíso de “gratis total”. Máxime
cuando son los mayores propietarios del país.
Y no
son sólo estas prebendas, ya conocidas, las que mantiene la Iglesia Católica en
España. Dentro de su oscuro organigrama, existen organismos
pseudo-independientes, que gozan de los mismos privilegios en cuanto a impuestos
se refiere. Uno de ellos es “la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén”,
que aunque a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, -que incluso destina
personal propio a trabajar en ésta institución-
es en realidad un organismo eclesiástico, propietario de la Basílica de
San Francisco el Grande de Madrid, e inmuebles en Jerusalén, Siria, Turquía y
Marruecos. Eso sin olvidar una importante pinacoteca con obras de Zurbarán,
Rubalta y Goya. Todo ello con los beneficios fiscales acostumbrados.
Asimismo
existe una “Obra Pía” en Italia, dependiente también del Ministerio de Asuntos
Exteriores, que se encarga de gestionar un patrimonio de casi 200 pisos y 80
locales comerciales en el centro de Roma. El importe de estos alquileres, que
alcanzó la cifra de seis millones de
euros en el año 2008, termina siempre en
manos de la Iglesia Católica, en forma de generosos donativos. Como siempre
libres de impuestos.
Cuando
el cardenal Villot y Marcelino Oreja firmaron el concordato de 1979, también
firmaron una cláusula en la que se recogía el propósito, por parte de la
Iglesia Católica, “de lograr por sí misma los recursos suficientes para sus
necesidades”. Pero parece que han olvidado esta cuestión y se han acomodado a
vivir mantenidos.
Vivimos
momentos de crisis en los que el Estado está recortando los derechos de
trabajadores, pensionistas, parados…y a la vez subiendo los impuestos para
todos. No es lógico, y va a ser difícil mantener, que con el próximo recorte de
5.000 millones, la Iglesia no se vea afectada, que siga viviendo en su
particular paraíso fiscal. Todos somos iguales ante la Ley y debemos serlo
también ante Hacienda. Además, en pura lógica, a la Iglesia la deben mantener
sus fieles, y no todos los españoles, sea cual sea su confesión religiosa.
Las
cuentas están ahí: 250 millones en nóminas; 10.000 millones en varios, 2000 de
los cuales son por no pagar impuestos. Y mira que Jesús dijo “Al César lo que
es del César”. Pero éstos no lo han entendido así y piensan que todo es poco para
ellos. ¿Cómo sino iban a poder seguir viviendo como príncipes de la Iglesia?
Eduardo
Lizarraga
Marzo
2012
