Dijo el
presidente del Gobierno, durante el Congreso que el Partido Popular llevó a
Sevilla para apoyar a Arenas, que la reforma laboral es justa, buena y
necesaria para el país. Y lo ha dicho después de “sorprendernos” la semana
anterior, en el Congreso de los Diputados,
diciendo que el paro va a empeorar durante este año; lo que quiere decir
que en el 2012 nos podremos acercar a los seis millones de parados. ¿Hay que
contar, o no, en esos datos, a los que
se están marchando?
Esta
reforma laboral, y ya he perdido la cuenta de las que se han realizado en
España desde que entró en vigor el Estatuto de los Trabajadores en 1980, no
aporta novedades en su fondo; todo es incrementar la precariedad de los
contratos, abaratar el despido, eliminar las “rigideces” del mercado de trabajo
y conceder el máximo poder a los
empresarios, para que manejen el contrato de trabajo a su antojo. Al final, lo que se perfila con claridad, es
que avanzamos hacia una bajada generalizada en las retribuciones de todos los
trabajadores del país; ya sean empleados en la empresa privada, funcionarios
públicos, pensionistas o parados con subsidio. ¿Y se puede hacer esto, pisoteando los derechos adquiridos por todos
los trabajadores desde el comienzo de la democracia? Pues a lo que parece el PP
lo va a lograr, o al menos lo intenta.
El
problema que esgrimen los empresarios, que son los que han forzado al PP a
llevar adelante esta reforma laboral, es que no somos competitivos en lo que
producimos frente a otros países; ¡como si en la competitividad de nuestros
productos no entraran en juego otros factores! En el precio final de un
producto intervienen toda una serie de componentes; algunos comunes a todos los
países desarrollados, como es el coste de las materias primas y otros muchos en
los que puede haber diferencias. A saber: costes energéticos, costes
financieros, costes tecnológicos, costes operativos, costes de instalación,
costes fiscales, logísticos, empresariales, equipo directivo… y, por supuesto, también los costes de la mano de
obra.
Y a lo
que parece, sobre los únicos costes que
se va a actuar, si descontamos algunas ventajas fiscales que también han pedido
y obtenido los empresarios, va a ser sobre los costes de la mano de obra.
Porque con los bancos no se ha negociado para que bajen sus costes financieros
y haya más financiación en la calle, todo lo contrario, siguen subiéndolos y aplicándonos
nuevos gastos de gestión. Tampoco se ha presionado a las eléctricas para bajar
los costes de la energía a las empresas; de hecho creo que en breve subirán las
tarifas. Para qué hablar de las tarifas
telefónicas y de conexión a internet, que están entre las más caras de Europa.
Lo mismo en autopistas, aparcamientos, tasas e impuestos municipales…que
encarecen la vida en ciudades, como Madrid o Barcelona, hasta niveles europeos.
Para mí
resulta inexplicable que pueda actuarse impunemente sobre los sueldos de
millones de trabajadores, y que los intereses de los bancos, las eléctricas,
las constructoras y otros grandes grupos monopolísticos, sean intocables. Y que puedan continuar exprimiendo a un país
en quiebra sin que, esgrimiendo las leyes del mercado, se les pueda contener
un poco.
La reforma
laboral de Rajoy va a conseguir, como ya decíamos, una rebaja general de los
sueldos que cobran los trabajadores españoles. Con una cuestión a tener en
cuenta, puede darse el caso de que se despida a padres con veinte años de
antigüedad y sueldos altos, y se contrate a sus hijos -que vivían con sus padres-, con la cuarta parte de
sueldo y en precario. Y esta situación, junto con la imposibilidad de créditos
al consumo, no va a conseguir nada más
que reducir el dinero circulante, y por lo tanto el consumo interno. De esta
forma la economía, que se está pretendiendo impulsar, va a pararse aún más, y va a seguir destruyendo empleo en un círculo
vicioso de consecuencias inimaginables.
El
decreto de reforma laboral incluye, por primera vez en nuestra historia
democrática, la cuantía salarial entre las condiciones de trabajo que las
empresas pueden modificar por diversas
razones relacionadas con la competitividad, la productividad y la organización
técnica o del trabajo en la empresa. Y lo van a hacer, no tengamos la menor
duda.
Pero no
es la reducción de salarios el aspecto
más preocupante y discutible de la reforma laboral; el recorte de los derechos
de los trabajadores, desequilibra la relación entre trabajador y empresario,
hasta llevarla a situaciones nunca vistas antes en España. Y el trabajador
deberá aceptar la rebaja salarial y la reducción de sus condiciones laborales,
o perder el empleo con una indemnización de 20 días por año de trabajo, con un
máximo de nueve mensualidades. ¿Cuánto vamos a retroceder como país en el
tiempo?
Con
éste panorama en ciernes no tengo más remedio que creerme las palabras de Rajoy
–las únicas que me he creído hasta ahora- cuando dice que la destrucción de
empleo seguirá durante todo el año 2012.
Hace
falta imaginarse el marco general de éste país cuando Europa comience a dejar
atrás la crisis –aún falta un tiempo- y en países como España se comience a
generar empleo. Un empleo más precario y más barato que en los países desarrollados
de Europa.
Antes que eso suceda, habremos perdido, a muchos
para siempre, a la mejor y más preparada generación de jóvenes que hemos tenido
jamás. Nuestros jóvenes, sobre todo aquellos que buscan empleo por primera vez,
se están marchando. La reforma laboral no va a crear empleo para ellos, al
menos para los jóvenes más preparados y que
no estén cobrando el subsidio de desempleo, es decir, que no hayan trabajado
antes; estos parados de menos de 30 años supondrán la opción más atractiva para el empresario.
Y se
seguirán marchando en los próximos meses y años. Ya no será el “Vente a
Alemania, Pepe”, que recordamos los que tenemos más de 50 años; no exportaremos
mano de obra de baja calificación y barata. Son los más preparados lo que están
emigrando a otros países, y lo seguirán haciendo. ¿Alguien podría evaluar el coste que va a
tener para España esta sangría? Se han obtenido grandes beneficios vendiendo
suelo y edificaciones, en lugar de invertir en industria e investigación; creamos
puestos de trabajo coyunturales, que se han venido abajo al primer envite serio, en lugar de
construir un futuro más sólido para el país. Hemos vivido una década prodigiosa
gracias al ladrillo. Y ahora toca pagar el dislate.
El
resto se quedará aquí, configurando una mano de obra con cierta cualificación, a
bajo precio y con escasos derechos laborales, localizada y a la espera de que
empresarios españoles o foráneos vean la salida de la crisis y monten empresas
aquí, para vender barato a Europa. Al fin y al cabo estamos más cerca que China.
Para
Francia, Alemania y el resto de países desarrollados de nuestro entorno, todo
son ventajas en la situación de España. Van a apropiarse de una mano de obra
muy cualificada y en cuya preparación no han invertido nada; van a poder montar
proyectos industriales en un país cercano y aprovecharse de unos salarios y
derechos laborales muy favorables; y además, van a poder exportarnos otra vez a sus jubilados, cuyas
pensiones volverán a tener un buen diferencial en España; y a sus obreros, que
de nuevo dispondrán de un lugar barato para pasar sus quince días de vacaciones.
Por supuesto, y como nuestra vivienda y suelo –gracias a la extraordinaria visión
de unos cuantos- va a colocarse a precios africanos, volverán a comprar lo
mejor de nuestra cartera inmobiliaria –que para eso van a cambiar la Ley de
Costas.
Tan
sólo un inconveniente- y es que algo negativo tenía que haber en ésta jugada
maestra- no van a poder vendernos ya casi nada. Porque claro está, sus
productos se venderán a unos precios muy poco asequibles para nuestra economía.
Pero eso ya pasaba en la década de los 70, y en lugar de BMW o Mercedes
comprábamos SEAT, y Fagor competía con Miele o AEG. ¡Lástima de patanegras y grandes
reservas, que se nos irán todos rumbo al norte!
Lo
dicho, Europa ya no limita al sur con los Pirineos, sino con China.
Eduardo
Lizarraga
Marzo
2012
