Cuando el mes próximo el ministro Soria, decida
subirnos el precio de la energía eléctrica, nos colocará a la cabeza de Europa.
Y ser los más caros de Europa, no es precisamente un buen dato. No sólo porque,
a pesar de las palabras que repite Rajoy una y otra vez, la medida no será ni
justa ni equitativa, sino porque pondrá un nuevo obstáculo a las posibilidades
de recuperación económica. Una recuperación económica que debe ir
necesariamente ligada a la producción industrial y al incremento del consumo.
En estos momentos tan sólo Malta y Chipre tienen una
energía eléctrica más cara que nosotros; situación que en buena medida viene
dada por su condición de insularidad. España no es una isla, ¿Qué es lo que
pasa entonces?
Además de habernos puesto, de forma sistemática,
genuflexos ante las eléctricas, desde la chapucera privatización de Endesa y el
período de transición a la privacidad, existe un disparate, gestado en la época
del gobierno de Aznar, que luego el gobierno de Zapatero no sólo no solucionó,
sino que empeoró con la prima de apoyo a las energías renovables.
A principios de la década pasada, el gobierno de
Aznar creó un sistema enloquecido para calcular la tarifa eléctrica. Fue el
secretario de Estado de Energía, José Folgado, a las órdenes directas del
vicepresidente, Rodrigo Rato, quien parió a la criatura. El sistema consiste en
que las compañías se van a apuntando derechos de percepción de ingresos –en
base a unos conceptos que debieran revisarse y no se ha hecho- y que son
independientes de los precios que marca el Gobierno para los consumidores. Como en aquellos momentos se vendía moderación
en los precios de la electricidad, Aznar y sus ministros económicos decidieron
enviar la diferencia al futuro, comenzando el gigantesco problema que sufrimos
ahora. El problema ha estallado, como siempre sucede, en el peor momento.
Los ocho años de gobiernos del PSOE no sólo no
solucionaron la situación, cambiando el modelo, poniendo fin a los derechos
financieros concedidos a las eléctricas y estructurando un nuevo sistema de
precios que no favoreciera a las compañías eléctricas, perjudicando a los
consumidores, sino que la empeoraron añadiendo al déficit tarifario, las nuevas
cargas que significaron las primas de apoyo a las renovables.
Tampoco reclamó el gobierno de Zapatero –tal vez el
“olvido” se deba al ministro de Industria del momento, Miguel Sebastián- los
más de 3.000 millones que debían las eléctricas por haber ingresado de más en
los conocidos como CTC, o Costes de Transición a la Competencia. Aquí vemos la
importancia, y los sueldos, que dan las eléctricas a tener “asesores” bien relacionados.
El resultado es que el desequilibrio entre ingresos
y costes en el sistema eléctrico español sumará este año 23.312 millones de
euros. Lo que a todas luces es insostenible. Y si no se soluciona puede
convertirse en el problema financiero más importante del país, porque crece a
razón de 5.000 millones al año. Es decir, 60.000 millones al final de la
década. Para que nos hagamos una idea comparando, el saneamiento de la banca ha
costado 52.000 millones y la deuda de la Seguridad Social es de 15.000
millones.
Si ya había poco margen de maniobra, en tiempo y en
dinero, el Tribunal Supremo ha dado la razón a Endesa e Iberdrola en su
reclamación al Gobierno, porque la decisión de congelar la tarifa eléctrica el
pasado mes de enero no cubre el desvío de costes previsto. Soria no tiene otra
solución que subir el recibo de la luz éste mes de abril.
Pero ya metido en faena debe hacer otros muchos
cambios, para intentar contener en lo posible la subida de tarifas:
. Comenzar por cambiar el actual cálculo de tarifas
y el reconocimiento de precios marginalista. El sistema de cálculo de tarifas
retribuye a las eléctricas por el precio que supone producir de la forma más
cara, esto es, con el gas natural. De esta manera el sistema genera unos
beneficios descomunales, con la energía producida en las centrales
hidroeléctricas y nucleares que, digan lo que digan las empresas, ya están
amortizadas. Y además tiene el efecto perverso de que cualquier subida del
precio del gas natural, genera un aumento de beneficios en las eléctricas, muy
superior al del aumento de costes, por esa subida del combustible.
. Valorar como ya amortizadas las centrales
hidroeléctricas y nucleares. Y poner una tasa a la producción eléctrica de
estas centrales.
. Reclamar, por vía de negociación, porque
legalmente los gobiernos de Aznar y Zapatero dejaron que venciera la posible
reclamación, los casi 3.000 millones debidos a la CTC, que las compañías han
cobrado de más a los consumidores.
. Poner orden en las primas que cobran las centrales
termosolares y en el uso de combustibles fósiles que apoyan el funcionamiento
de sus instalaciones. No puede ser que estén generando tasas de retorno, que
pagamos los consumidores, superiores en algunos casos al 20%, y que produzcan
energía a partir de motores diésel “de apoyo”, beneficiándose de la prima de
una manera torticera.
. Solucionar el exceso de producción. En estos
momentos el sector registra un exceso de capacidad productora al que se añade
una disminución sostenida en el consumo. Puede ser la hora de regular el origen
de la energía que consumimos y determinar qué se hace con el exceso.
. Eliminar las subvenciones al carbón. Este es un
espinoso asunto que ningún gobierno se ha atrevido a solucionar. Seguimos
manteniendo una minería del carbón obsoleta y cuya producción es muy
contaminante. Tanto As Pontes de García Rodríguez, como Andorra, contaminan con
lluvia ácida grandes extensiones, llegando las emisiones de la primera hasta
Reino Unido. Además se paga el precio de la tonelada de carbón a más del triple
de lo que cuesta en el mercado libre. La diferencia es la subvención de la que
viven miles de mineros. La minería del carbón en galerías no puede competir con
la minería a cielo abierto. ¿Qué hacemos?
. Eliminar de la tarifa la compensación que reciben
las eléctricas por el suministro a las islas. Parece lógico que el extracoste
de dar cobertura energética a las islas –Baleares y Canarias- se pague desde
los presupuestos generales del Estado, liberando a la tarifa eléctrica de su
carga.
.Contemplar la posibilidad de una quita en la deuda
reconocida a las eléctricas. Está claro que las empresas se oponen a esta quita
y han puesto el grito en el cielo ante la simple posibilidad. Y por supuesto, a
sus lobbys, asesores y bufetes de abogados, a trabajar.
. Imponer tasas a la producción hidroeléctrica y
nuclear. Ya que las infraestructuras están amortizadas y la producción genera
grandes beneficios a las compañías parece lógico establecer una tasa. Por otro
lado no hay que olvidar que también las eléctricas consiguieron, en su momento,
poder hacer uso del agua para mover sus turbinas sin coste alguno. Son las
únicas empresas que no pagan por el agua que utilizan.
El Ministerio de Industria debe hacer todo lo
posible para no repercutir, el precio de éste déficit, sólo en los
consumidores. No sólo porque repercutirá de forma negativa en el consumo, la
inflación y la competitividad, sino también porque es injusto. Y es injusto
porque no son los consumidores los que han provocado este déficit enloquecido,
han sido la suma de una serie de gobiernos ineptos, con Ministerios de
Industria –desde Piqué a Sebastián- inoperantes o facilones, y de unas empresas
que han obtenido buenos resultados y se han opuesto, con todas sus fuerzas, a
los pocos intentos que ha habido de subvertir la situación.
Los consumidores no tienen lobbys que les defiendan,
ni asesores que presionen por ellos. Todo lo contrario a las empresas del
sector, que mueven millonarias cantidades de dinero para pagar todos estos
aliados. Dinero que obtienen de los beneficios generados por un abuso de
posición en el mercado. Porque, a pesar de lo que digan los “pagados”, no es un
mercado libre.
Ahora vemos para qué sirven todos esos “asesores”
con sueldos multimillonarios. Por mencionar algunos: Elena Salgado en Endesa;
Pedro Solbes en ENEL; José María Aznar en Endesa; Felipe González en Gas
Natural; Narcís Serra en Gas Natural… y no hablemos de la nueva generación de
“maridos” que están llegando… Cobran de empresas, que más o menos disponen de
un mercado cautivo, para ayudar a sacarles el dinero a los consumidores. Cuando nos llegue la siguiente factura de la
luz, acordaros de la cara todos estos ex, de un color político o de otro.
Si Soria incrementa las tarifas, en lo que le pide
Endesa, por poner un ejemplo, nos vamos a un 20%, de más, en el precio final
del recibo. Y no es cierto lo que dice la CNE, que el recibo repercute sólo un
2% sobre el gasto anual medio de las familias españolas; todavía hay
consumidores presos de la desaparecida “tarifa nocturna” para la calefacción. Lo razonable es repartir entre los distintos
agentes económicos, es decir, consumidores, contribuyentes y empresas.
¿Defenderá Soria al consumidor y a la
economía real frente a las empresas? ¿Será víctima de los lobbys y asesores
defendiendo los resultados del sector? ¿Hará ingeniería contable?
No tiene mucho tiempo para resolver el problema.
Desde Europa le conminan para hacerlo. Lo que está claro es que no podemos
seguir enchufados a un disparate, que produjo el interés electoral, de unos y de
otros.
Eduardo Lizarraga
Marzo 2012
