La
situación política del país se está deteriorando aún más rápido que la
económica. Los casos de corrupción que inundan a los partidos políticos se suceden día tras día. Un día es CiU, otro el PSOE, y en el caso del PP
es la actuación de toda su cúpula directiva, desde hace veinte años, la que
está bajo sospecha. Y creo que son pocos los españoles que duden de la
presencia de esos sobres llenos de dinero y todos los que quieren que se
aclare.
Está claro que nuestra ilusionante democracia
de 1977 ha degenerado en una partitocracia corrompida de la peor especie. Que el único objetivo de los partidos es
perpetuarse y el de muchos de sus miembros enriquecerse. Que nuestro sistema
político está podrido y que es necesario buscar un nuevo sistema. Que los españoles, para los partidos, son tan
sólo ciudadanos cada cuatro años y el resto del tiempo son idiotas
prescindibles. Que el pueblo español ni
es soberano ni puede decidir sobre su futuro. Que ni Rajoy ni el que venga
detrás van a hacer nada para disminuir ni el poder de los partidos ni el número
de personas estabuladas en ellos. Que es
preciso disponer de una estructura en manos de los ciudadanos que permita
ejercer un control sobre los partidos y decidir cuándo se deben realizar
cambios. Que el programa político con el que se presentan los partidos debe ser
vinculante y que en caso de no cumplirse debe considerarse un fraude y
convocarse nuevas elecciones. Que existe en estos momentos una justicia para
los ciudadanos y otra mucho más benevolente para los políticos. Que muchos de
los puestos que ocupan los políticos debieran ser ocupados por funcionarios del
Estado mucho más preparados, con el consiguiente ahorro. Que hace falta cambiar
la Ley electoral y la Ley de Financiación de Partidos. Que es preciso un mayor
control del dinero que sale de España y unas mayores penas para los
infractores. Que la amnistía fiscal sólo está sirviendo para que se beneficien
los mayores ladrones, como puede ser el caso de Bárcenas.
Tenemos
más de 400.000 políticos adscritos a casi una veintena de partidos nacionales,
autonómicos y locales. Más de 2500 empresas públicas de las que casi 500
dependen del gobierno central y el resto de las CC.AA y ayuntamientos. Rajoy, en una de sus múltiples promesas
incumplidas de la precampaña, dijo que acabaría con ellas. Solo ha cerrado
cuatro.
Y el
problema no es sólo el coste directo en sueldos y prebendas de esta turba de
políticos, sino los costes en que hacen incurrir al Estado y por lo tanto a
todos nosotros. Para algunos de ellos, como vemos todos los días, el sueldo no
es suficiente y se dedican a hacer negocios privados. Negocios que impulsan, propician, protegen y,
por supuesto, comisionan; o como algunos más desvergonzados, que también los
hay, que piden formar parte de la empresa
y sus beneficios. Esta actividad les es más lucrativa que sus propios sueldos y
nos cuesta a todos mucho más, ya que por un lado las comisiones se incluyen en
el coste final del proyecto y por otro no suelen ser las mejores opciones, ni
en precio ni en calidad las que tienen que estar comprando los favores de los
políticos. ¿O es que hemos llegado a tal corrupción que si no se compra a
alguien no se hace nada?
Otra
cuestión es la oportunidad del negocio o actuación, como es el caso de muchas
autopistas de pago sin coches, aeropuertos sin aviones o instituciones feriales
sin expositores. Los políticos debieran estar fuera de los negocios y los
negocios de la política. La interrelación de ambos nos está saliendo carísima y
la burbuja inmobiliaria, producida por la especulación de los suelos entre
políticos, constructores, promotores y banqueros es una buena muestra.
Al
grito de “San Cuco de los Betordos se lo merece” los políticos de nuestras
Comunidades Autónomas y ayuntamientos manipulan
a su antojo la opinión pública de su entorno, llamando traidores a los
que no comparten sus locuras, impulsando
obras faraónicas, inútiles y con unos costes que luego tenemos que pagar todos
los ciudadanos, con el claro objetivo de llevarse algo. Y no se les exige
ninguna responsabilidad por todo el dinero derrochado.
Detrás
de muchas de éstas actividades oscuras de los padres de la patria, se esconden
las necesidades de financiación de los partidos políticos. Necesidades que al
no estar resueltas en la desmesurada medida que necesitan los aparatos de los
partidos y su cascada de favores pagados para ganar elecciones, están
originando la ruptura del sistema democrático. Necesidades que se
retroalimentan en el propio partido y en la compra venta caciquil de
adhesiones, votos y escaños, como bien está demostrando el presidente de la
Diputación de Ourense, José Luis Baltar. Y de todo ello resulta que la compra, persecución y consecución de los votos de los
partidos políticos la pagamos varias veces; la última, la menor al parecer,
cuando la Junta Electoral Central ordena
pagarles los escaños obtenidos.
Otra de
las cuestiones que está observando el
despreciado votante español entre
elecciones, es que las prioridades de los políticos tienen mucho que ver con sus intereses partidistas o
personales y muy poco con los de los
ciudadanos.
Los
recortes de Cospedal en Castilla la Mancha, cerrando las urgencias nocturnas,
ahorrarán un millón de euros, pero sigue manteniendo sus programas
publicitarios de autobombo, una televisión autonómica que le cuesta mucho más,
y, lo para mi más detestable, un apoyo a la peineta, subvencionando las
corridas de toros, con casi 500.000 euros.
Los
recortes de Mas en Cataluña siguen la misma dirección que los de la manchega
-¡qué poco le gusta que se lo llamen!; así cierra hospitales, urgencias
nocturnas, servicios sociales… y mientras tanto mantiene sus embajadas, el
doblaje de las películas y el coste diferencial.
La
Comunidad Valenciana también está ahorrando en hospitales, urgencias,
ambulancias y helicópteros, pero mantiene el sueldo al director del aeropuerto
de Castellón y de toda su infraestructura -17 millones de euros al año, oiga-,
en lugar de pasarle a Fabra la factura del engendro. Engendro, que como hemos
visto estos días, está siendo utilizado, al módico precio de ser amiguete, por
un piloto de carreras y su bólido.
Como
norma general la política de recortes ha llegado con mayor o menos intensidad a
todos los ámbitos de nuestra vida en lo laboral, la Educación, la Sanidad…pero
no a los partidos políticos ni a sus allegados.
Y tampoco a las grandes fortunas del
país que continúan escondiendo sus capitales a Hacienda evadiéndolos a
paraísos fiscales o manteniéndolos en oscuras SICAVs.
Sus
sueldos, sus casas, sus coches, sus lujos, sus excesos, los pagamos nosotros y
los disfrutan ellos sin recortes. Seguimos manteniendo un modelo de Estado
con Gobierno Central, 17 Comunidades
Autónomas, Diputaciones, Cabildos, y más de 8000 concejos y ayuntamientos, sin
olvidar las dos ciudades autónomas. Además de las empresas públicas ya mencionadas
y un buen número de consorcios y entidades que duplican o triplican servicios.
Los políticos, sus afines y allegados están en todas partes, sustrayendo
recursos que ahora son imprescindibles para servicios más necesarios que ellos
y su bienestar. Ya es hora de acabar con esta situación que no podemos
permitirnos y que es injusta. Hace falta cambiar el modelo de Estado y de recortar
la partitocracia o ambos acabarán con nosotros.
Eduardo
Lizarraga
Madrid
25 enero de 2013
