La segunda legislatura de Mariano Rajoy se abre llena de
incertidumbres que tardarán en despejarse.
Tal vez la primera consista en la continuidad del tripartito, PP, PSOE y
C’s, que lleva actuando un mes y que podría tener cuerda para el resto de la
legislatura o no. El interrogante lo pone la crisis reinante en el Partido
Socialista, que deberá resolverse en los próximos meses y que condicionará el
devenir de la legislatura. Será muy diferente gobernar con el PSOE de Susana Díez a hacerlo con el PSOE
de Pedro Sánchez. La militancia tendrá la palabra, o deberá tenerla, si se quiere que el partido prosiga y no se
fraccione.
En todo caso la política de vivienda que ha seguido el PP
durante estos últimos cuatro año s y que tiene marcadas sus líneas maestras, se
va a ver influida por la participación de “socios” que ahora son necesarios.
La línea maestra de la política de vivienda del Partido
Popular y que ha sido prorrogada por un año, dotándolo con 550 millones de
euros, ha sido el denominado “Plan de
Vivienda 2013-2106”, con una apuesta clara por el alquiler dirigido a la
población más desfavorecida, en
detrimento de las subvenciones a la VPO que marcaron las anteriores legislaturas.
El Plan, dotado con más de 2.400 millones favoreció a más de medio millón de
familias necesitadas.
Los” buenos resultados obtenidos”, según el Ministro Portavoz,
Íñigo Méndez de Vigo, ya están impulsando un nuevo plan, de características muy
similares al prorrogado y que se tramitará para el periodo 2018-2021. Sin
embargo, desde distintas organizaciones sociales critican esta continuidad,
asegurando que el plan se ha quedado muy corto, con poco apoyo a una verdadera
política de alquileres y dejando a muchas familias fuera. Tampoco todos los
jóvenes pueden acceder al mismo y deben continuar viviendo con sus progenitores,
hasta edades demasiado avanzadas, impidiendo la creación de nuevos hogares. También los profesionales piden medidas
necesarias para que la oferta y la demanda se equilibren, mayor seguridad
jurídica, incentivos fiscales y la regulación del alquiler turístico.
Por su parte, el PSOE , en la campaña, propuso la aplicación
de una tasa transitoria a viviendas desocupadas y garantías para el cobro del
alquiler y, desde Ciudadanos ofrecieron fomentar sistemas de arbitraje,
bonificar el IBI de las viviendas vacías que se alquilen y crear un contrato
tipo. Unidos Podemos defendió la protección de los inquilinos, la introducción
de mecanismos para asegurar la renta y la aprobación de un impuesto sobre
viviendas vacías.
No parece que la política servil realizada por el partido de
Rajoy con los bancos, pueda seguir
durante esta legislatura. Su anterior mayoría
absoluta le permitió aprobar en
solitario la reforma de la Ley Hipotecaria, que ha recibido varios varapalos
desde Bruselas, la desaprobación de los partidos de la oposición y el rechazo por insuficiente protección ante
los desahucios de distintas organizaciones sociales.
El PP estaba preparando, en complicidad con el PSOE, un código de buenas prácticas, que aprobaría el
pasado día 30 de diciembre y tendría como objetivo la devolución del importe de la cláusula suelo
a los damnificados. El código de buenas prácticas sería de adhesión voluntaria
para la banca que impuso estas prácticas abusivas a los usuarios. De acuerdo a
las palabras del portavoz del Ejecutivo, los principales objetivos de este documento
serían el de dar seguridad a los afectados e intentar resolver el problema de
forma rápida. Lo que no decía Méndez de Vigo es que se contemplaba una quita
para que los bancos agilizaran el pago de lo cobrado indebidamente. La
sorpresiva sentencia de Bruselas, en contra de los bancos, ha impedido la nueva
maniobra impuesta por el lobby bancario.
Lo que tiene que hacer el Gobierno es
obligar a los bancos a que cumplan la sentencia de Bruselas y crear un
instrumento que facilite el cobro íntegro y rápido de las cantidades estafadas
sin tener que recurrir a los Tribunales, con los gastos innecesarios y el
colapso de la Justicia que ello supone.
El resto de los partidos se muestran más firmes en su
política contra los abusos bancarios. Así, el PSOE se centró en prometer la eliminación
automática de las cláusulas declaradas abusivas. Ciudadanos pidió una política
de sanciones a la banca, en concreto a las entidades que ofrecieran a los
consumidores préstamos irresponsables; y Podemos propuso cambiar el
procedimiento de ejecución, con el fin de proteger a los deudores.
En cuanto a la dación en pago, no contemplada por el Partido
Popular en inicio, ha sido traída por Ciudadanos, aunque de forma “light” para
que la banca no tenga problemas de solvencia. Pero C’s iba mucho más allá en su
programa electoral y defendía expropiación temporal del uso de la vivienda a la
banca. El PSOE justificó la necesidad de normalizar la dación en pago a precio
de préstamo y Podemos, que ésta se llevase a cabo con carácter retroactivo,
además de que se prohibiesen los desalojos forzosos sin alternativa.
Las ayudas a la rehabilitación y ampliación también han
ocupado un lugar importante en las discusiones para revitalizar el mercado inmobiliario
y la construcción. Y estarán presentes
en el nuevo Plan de Vivienda buscando mejorar la calidad de la edificación, la
accesibilidad universal, la eficiencia energética y la adecuación para la
recogida de residuos y conservación.
Como sucede con todo lo público, tampoco la vivienda pública,
gusta al partido de Mariano Rajoy, que suprimió los subsidios a los préstamos
destinados a Viviendas de Protección Pública (VPO), recorte que llegó a más de
300.000 familias. Una medida, de carácter retroactivo, que se vio complementada con la venta de
diferentes promociones de vivienda pública a fondos buitre, como hizo Ana
Botella en Madrid con las viviendas municipales del IVIMA. Como era de esperar no hay ninguna propuesta
del PP relacionada con estas viviendas sociales.
Por el contrario, las propuestas de la oposición sí que
contemplaban medidas para mejorar el acceso y el número de este tipo de
viviendas. Tanto PSOE y Ciudadanos han optado por construir VPO destinada
preferente al alquiler. Asimismo, los socialistas proponen que el umbral de
acceso a este tipo de inmuebles sea, como máximo, un tercio de la renta de los
solicitantes. Por su parte, Unidos
Podemos exige prohibir la privatización del parque público de vivienda y
la creación de figuras jurídicas para poder ceder el uso de estos pisos a la
administración.
Debido a su imparable auge, los inmuebles destinados al alquiler
turístico han sido incluidos dentro del Plan Integral del Turismo, en concreto,
a través de medidas que buscan que esta modalidad de arrendamiento se realice
en condiciones de calidad, transparencia y fiscalidad adecuadas. En esta misma
línea, el PSOE ha reclamado una regulación específica para tales inmuebles,
postura que comparten Ciudadanos y Podemos. Y es que la ilegalidad que rige en muchas
de estas viviendas está causando profundos problemas en el sector por su
opacidad ante Hacienda y la desprotección del viajero.
La fiscalidad de la vivienda siempre ha sido un punto a
favor para la compra, pero desde el año 2013 no existen deducciones fiscales a
la adquisición de vivienda en España. Esta medida continuará durante los
próximos cuatro años para alegría de Montoro y preocupación para constructores
y promotores. Distinto proceso puede ser
la vuelta del impuesto sobre patrimonio,
propuesto por el PSOE, Ciudadanos y Podemos, aunque con distintos tramos
impositivos.
Todos los indicadores muestran la estabilización y mejora
del mercado inmobiliario, tanto en el aumento de compraventas como en la
consolidación al alza de los precios. Las medidas que tomen las distintas administraciones,
comenzando por el Gobierno central pueden acelerar o retrasar esta recuperación…veremos.
Eduardo Lizarraga
