Hace unos días, el Tribunal Supremo tumbaba el sistema de financiación del bono social eléctrico a instancias de Endesa y Viesgo, que consideran que contribuyen al mismo de una forma no acorde con su posición de mercado. Ahora, según la sentencia, habrá que devolverles el dinero, no sólo a estas dos eléctricas, sino al resto que financiaban el bono social…y son más de 500 millones con los intereses. Esperemos que al Gobierno del PP no se le ocurra la brillante idea de sumergirlo en la factura eléctrica.
La resolución del alto tribunal pone en evidencia el fracaso del modelo energético que mantiene el Gobierno, heredero de un proceso injusto y lleno de sombras y pelotazos, como fue la privatización del suministro de un bien básico. El sistema al que se llegó, encarece de forma constante el servicio, convierte a los consumidores en los principales perjudicados, y a la vez dota de unos beneficios fuera de toda lógica a las empresas eléctricas, que viven en la opulencia y derivan grandes recursos para no perder sus canonjías. Para qué hablar de la cobertura, que no se da a la población más desprotegida y en riesgo de padecer exclusión energética.
Además, la electricidad sigue subiendo de precio y en octubre la subida supera el 8%. Subida que se espera que continúe mes a mes durante el otoño y los meses de invierno hasta que lleguen los temporales, debido, sobre todo, a una menor participación de las renovables.
El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social aporta datos demoledores para la forma en que se ha planteado la crisis y su gestión en nuestro país, responsabilidad de este Gobierno que tenemos y sus servidumbres a bancos y multinacionales. Según el informe, más de 13 millones de personas viven en España en riesgo de pobreza o de exclusión social, lo que supone el 28,6% de la población. Y de todos estos, casi 3,5 millones están en situación de pobreza extrema en un país que es el tercero con mayor desigualdad social de Europa. Y si queremos hablar de niños, son casi un millón los que están inmersos en la necesidad más extrema.
La tasa de desigualdad ha subido entre 2009 y 2015 en todas las comunidades autónomas, excepto en Extremadura y Canarias, en donde su variación –que nadie eche campanas al vuelo- ha sido de menos de un 1%.
Y uno de los mayores efectos del riesgo de pobreza se produce en los meses fríos, cuando una gran parte de nuestros compatriotas pasan penalidades por no poder calentar sus hogares o incluso cocinar. Situación que incrementa no sólo la exclusión social, sino también las tasas de mortalidad.
La evidencia que aparece, al mínimo movimiento que quiera cambiar el "estatu quo" de negocio redondo de las compañías energéticas, es que el proceso de liberalización del sector eléctrico – a pesar de todas las milongas que nos han contado de competencia y libre mercado- no ha servido para beneficiar a los consumidores que sufren aumentos desproporcionados en la factura, irregularidades continuas en la facturación, abusos en los contratos y que no se considere la electricidad como un bien básico del que no se puede privar a ninguna persona. Son las eléctricas, sus directivos y los intereses apesebrados- entre ellos medios de comunicación y políticos- los únicos beneficiados y con cantidades millonarias.
Ante esta situación, y visto que las iniciativas de varios grupos parlamentarios, aprobadas en la anterior legislatura, quedaron convertidas en papel mojado por su brevedad, -hay que acordarse de la Ley 25 de Emergencia Social, que salió adelante con los votos de todos los diputados, salvo los del PP- varios grupos, excepto el Popular que está más a favor de las empresas que de los consumidores, han vuelto a plantear soluciones para intentar paliar la pobreza energética que afecta a tantos miles de hogares.
Ciudadanos, en la Comisión de Industria y Energía del Congreso, ha propuesto una PNL (Propuesta No de Ley) en la que pide al Gobierno a crear un fondo de protección con la participación de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas con el objetivo de paliar los efectos de la pobreza energética. En el texto, se pide la regulación de un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y butano, para los hogares con poder adquisitivo reducido.
Por su parte, el grupo de Unidos Podemos está a la espera de que la Comisión de Industria debata una PNL propia, presentada a mediados de septiembre, sobre liquidación del exceso de compensación mediante Costes de Transición a la Competencia cobrados por las empresas del sector eléctrico. Y estamos hablando de miles de millones que se obstinan en no devolver.
La propuesta pide recuperar las cuantías abonadas en exceso en concepto de Costes de Transición a la Competencia y las ganancias obtenidas en el periodo posterior. La iniciativa de Unidos Podemos reclama también impulsar una auditoría energética independiente sobre la composición del déficit tarifario y modificar el funcionamiento del mercado eléctrico, con el objetivo de reducir el precio final de la energía eléctrica y de garantizar un sistema transparente, equitativo y de fomento de las energías renovables.
El PSOE también se apunta a denunciar que la liberalización del sector eléctrico y de los hidrocarburos, que pretendía favorecer la bajada de precios a los consumidores, no ha tenido ese efecto, sino el contrario. Por eso pide al Gobierno que garantice un suministro energético suficiente para poder mantener unas condiciones de vida digna en la vivienda habitual, y a un precio asequible para los consumidores más vulnerables. Además, quiere que se impida la desconexión a estos servicios básico en los momentos críticos, como sucede en otros países de nuestro entorno.
Los republicanos de ERC no se quedan atrás y recuerdan que en las anteriores legislaturas ya presentaron iniciativas sobre pobreza energética. De momento han presentado una propuesta en la que piden 800 millones de euros para combatir la pobreza infantil. Para no dejar nada en el tintero ERC recuerda que el Tribunal Constitucional anuló el pasado mes de abril el decreto que aprobó el Govern de la Generalitat sobre la pobreza energética.
Pudiera ser que la legislatura que acaba de comenzar mire más por las personas y menos por los intereses empresariales. Un PP en minoría y un PSOE necesitado de hacer puntos frente a su electorado, así lo presagian. Pero mientras las eléctricas y energéticas continúen tan enmimbradas a los partidos políticos mayoritarios y no se prohíban las puertas giratorias, las soluciones pueden ser meros parches, que volveremos a pagar, como el bono social, con intereses.
Eduardo Lizarraga
www.aquimicasa.net
