Después de varios intentos fallidos, el Gobierno, con el apoyo de sus cómplices necesarios, PSOE y C’s, han sacado a la luz un decreto-ley, aprobado el pasado viernes 20 de enero, con el
objetivo de crear un procedimiento extrajudicial, que favorezca la los bancos
en la devolución del dinero cobrado de más por la cláusula suelo. No es un decreto ley que facilite la
devolución automática del dinero y favorezca a los estafados, que era lo debido, sino todo lo contrario.
De entrada, el decreto-ley ni obliga a los bancos a nada, ni
establece ningún tipo de sanción para las entidades financieras que decidan no
adherirse al sistema extrajudicial de reclamaciones, ni tampoco para las que se nieguen a devolver
todo el dinero a los afectados. En
realidad el decreto tiene como objetivo librar a los bancos de los costes
judiciales -que una vez más pagaremos entre todos- y que puedan acudir a los juzgados a machacar
con costes o demoras a los usuarios que se resistan a aceptar lo que ellos
dictaminen.
El decreto ya estaba cocinándose, cuando el pasado 21 de
diciembre llegó el mazazo de la sentencia de Bruselas, que va a ser la verdadera razón de que los bancos devuelvan
el dinero estafado más los intereses y no por las actuaciones del Gobierno de
Rajoy. Recordemos, que el Tribunal Supremo había decretado la no
retroactividad del dinero cobrado de más anterior a mayo del 2013.
Todos los partidos políticos implicados, como si se hubieran puesto de acuerdo, con Luis de Guindos en cabeza, salieron a la
palestra a explicar las bondades del decreto para los usuarios y que se había llegado a
buen puerto por su generosa y benéfica
intervención. El Ministro de Economía
justificaba el decreto afirmando que con el mismo se pretendía evitar el
elevado coste que tendría para la Administración de Justicia. Nada más lejos de
la realidad, ya que el que paga las
costas es el que pierde el juicio y estos iban a ser los bancos. Luego el
decreto pretende, por lo tanto, ahorrarles el coste del litigio.
Pero además, el
mecanismo extrajudicial aprobado por el Gobierno cede el arbitrio de la
situación a las propias entidades financieras, que pasan a ser juez y parte y
vuelven a tener la sartén por el mango, que es lo que le gusta a la banca
española y a lo que está acostumbrada. Hasta van a poder acordar con el usuario,
el pago de las cantidades estafadas en activos financieros propios, lo que le
beneficia claramente en perjuicio del estafado.
Pero el lobby bancario es poderoso y su influencia en el
Gobierno es inmensa. Durante el plazo de
tiempo en que se sustancie la reclamación previa –que no será superior a tres
meses, más el mes de preparación-, “las partes no podrán ejercitar contra la otra
ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto”. Es decir,
durante esos cuatro meses los afectados
tendrán que seguir pagando la estafa de la cláusula suelo y los bancos seguirán
percibiendo el extra, con el beneplácito del gobierno y el apoyo incondicional
de PSOE y C’s.
No acaban aquí los logros bancarios conseguidos en esa
negociación secreta y de la que los consumidores han estado ausentes, sino que rizando el rizo para unas entidades
financieras que se ven liberadas de los costes judiciales, se advierte al
usuario que no se acoja al procedimiento extrajudicial del gobierno y denuncie
a la entidad financiera, que podría
acabar pagando las costas si el Juzgado establece que la cantidad estafada y que tiene que
devolver el banco, es inferior a la ofertada por la entidad.
A la banca y al Gobierno, los 122.000 millones de euros en
ayudas, reconocidos por el Banco de España y que otras fuentes casi duplican,
no les parece óbolo suficiente y se les vuelve a proporcionar una inestimable descarga
de gastos en los que tendrían que incurrir por su conducta estafadora, un
alargamiento del plazo para pagar y, posiblemente, un descuento en la cantidad total a
desembolsar, que podrá no ser en dinero.
Lo más lógico y esperado por los casi tres millones de
estafados, hubiera sido la promulgación de un decreto que obligara a los bancos
de oficio a revisar los contratos, y devolver aquellas cantidades cobradas de
forma abusiva. De esta forma las visitas a los tribunales hubieran sido mucho
menores y tan sólo se hubieran producido en los casos de discrepancias entre
banco y estafado. Y todo ello sin olvidar las sanciones, ausentes, pero que hubieran debido llegar por
una actuación, que constituye el mayor fraude perpetrado en nuestro país. Pero
en España nadie se atreve a multar a los bancos que tienen todos los derechos y
por lo visto pocas o ninguna obligación.
Una vez promulgado el decreto, el Gobierno ha invitado a las
asociaciones de consumidores y usuarios a que participen en una comisión de
seguimiento. Pero pudiera ser que se quedaran tan solos como cuando lo
elaboraron con la única ayuda o directriz del lobby bancario. Es más, algunas
asociaciones de usuarios ya han anunciado medidas legales contra este decreto
en el caso de que los bancos se nieguen a devolver todo el dinero a los
estafados.
Lo han vuelto a hacer. El Gobierno a ayudar a los bancos,
éstos a salirse con lo que querían, los estafados a no tenerlo claro a pesar de
la sentencia europea y las asociaciones de consumidores a verse ninguneadas.
Bruselas asoma de nuevo en lontananza.
Eduardo Lizarraga
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