Enchufados al disparate

 

Cuando el mes próximo el ministro Soria, decida subirnos el precio de la energía eléctrica, nos colocará a la cabeza de Europa. Y ser los más caros de Europa, no es precisamente un buen dato. No sólo porque, a pesar de las palabras que repite Rajoy una y otra vez, la medida no será ni justa ni equitativa, sino porque pondrá un nuevo obstáculo a las posibilidades de recuperación económica. Una recuperación económica que debe ir necesariamente ligada a la producción industrial y al incremento del consumo.

En estos momentos tan sólo Malta y Chipre tienen una energía eléctrica más cara que nosotros; situación que en buena medida viene dada por su condición de insularidad. España no es una isla, ¿Qué es lo que pasa entonces?

Además de habernos puesto, de forma sistemática, genuflexos ante las eléctricas, desde la chapucera privatización de Endesa y el período de transición a la privacidad, existe un disparate, gestado en la época del gobierno de Aznar, que luego el gobierno de Zapatero no sólo no solucionó, sino que empeoró con la prima de apoyo a las energías renovables.

A principios de la década pasada, el gobierno de Aznar creó un sistema enloquecido para calcular la tarifa eléctrica. Fue el secretario de Estado de Energía, José Folgado, a las órdenes directas del vicepresidente, Rodrigo Rato, quien parió a la criatura. El sistema consiste en que las compañías se van a apuntando derechos de percepción de ingresos –en base a unos conceptos que debieran revisarse y no se ha hecho- y que son independientes de los precios que marca el Gobierno para los consumidores.  Como en aquellos momentos se vendía moderación en los precios de la electricidad, Aznar y sus ministros económicos decidieron enviar la diferencia al futuro, comenzando el gigantesco problema que sufrimos ahora. El problema ha estallado, como siempre sucede, en el peor momento.

Los ocho años de gobiernos del PSOE no sólo no solucionaron la situación, cambiando el modelo, poniendo fin a los derechos financieros concedidos a las eléctricas y estructurando un nuevo sistema de precios que no favoreciera a las compañías eléctricas, perjudicando a los consumidores, sino que la empeoraron añadiendo al déficit tarifario, las nuevas cargas que significaron las primas de apoyo a las renovables.

Tampoco reclamó el gobierno de Zapatero –tal vez el “olvido” se deba al ministro de Industria del momento, Miguel Sebastián- los más de 3.000 millones que debían las eléctricas por haber ingresado de más en los conocidos como CTC, o Costes de Transición a la Competencia. Aquí vemos la importancia, y los sueldos, que dan las eléctricas a tener  “asesores” bien relacionados.

El resultado es que el desequilibrio entre ingresos y costes en el sistema eléctrico español sumará este año 23.312 millones de euros. Lo que a todas luces es insostenible. Y si no se soluciona puede convertirse en el problema financiero más importante del país, porque crece a razón de 5.000 millones al año. Es decir, 60.000 millones al final de la década. Para que nos hagamos una idea comparando, el saneamiento de la banca ha costado 52.000 millones y la deuda de la Seguridad Social es de 15.000 millones.

Si ya había poco margen de maniobra, en tiempo y en dinero, el Tribunal Supremo ha dado la razón a Endesa e Iberdrola en su reclamación al Gobierno, porque la decisión de congelar la tarifa eléctrica el pasado mes de enero no cubre el desvío de costes previsto. Soria no tiene otra solución que subir el recibo de la luz éste mes de abril.

Pero ya metido en faena debe hacer otros muchos cambios, para intentar contener en lo posible la subida de tarifas:

. Comenzar por cambiar el actual cálculo de tarifas y el reconocimiento de precios marginalista. El sistema de cálculo de tarifas retribuye a las eléctricas por el precio que supone producir de la forma más cara, esto es, con el gas natural. De esta manera el sistema genera unos beneficios descomunales, con la energía producida en las centrales hidroeléctricas y nucleares que, digan lo que digan las empresas, ya están amortizadas. Y además tiene el efecto perverso de que cualquier subida del precio del gas natural, genera un aumento de beneficios en las eléctricas, muy superior al del aumento de costes, por esa subida del combustible.

. Valorar como ya amortizadas las centrales hidroeléctricas y nucleares. Y poner una tasa a la producción eléctrica de estas centrales.

. Reclamar, por vía de negociación, porque legalmente los gobiernos de Aznar y Zapatero dejaron que venciera la posible reclamación, los casi 3.000 millones debidos a la CTC, que las compañías han cobrado de más a los consumidores.

. Poner orden en las primas que cobran las centrales termosolares y en el uso de combustibles fósiles que apoyan el funcionamiento de sus instalaciones. No puede ser que estén generando tasas de retorno, que pagamos los consumidores, superiores en algunos casos al 20%, y que produzcan energía a partir de motores diésel “de apoyo”, beneficiándose de la prima de una manera torticera.

. Solucionar el exceso de producción. En estos momentos el sector registra un exceso de capacidad productora al que se añade una disminución sostenida en el consumo. Puede ser la hora de regular el origen de la energía que consumimos y determinar qué se hace con el exceso.

. Eliminar las subvenciones al carbón. Este es un espinoso asunto que ningún gobierno se ha atrevido a solucionar. Seguimos manteniendo una minería del carbón obsoleta y cuya producción es muy contaminante. Tanto As Pontes de García Rodríguez, como Andorra, contaminan con lluvia ácida grandes extensiones, llegando las emisiones de la primera hasta Reino Unido. Además se paga el precio de la tonelada de carbón a más del triple de lo que cuesta en el mercado libre. La diferencia es la subvención de la que viven miles de mineros. La minería del carbón en galerías no puede competir con la minería a cielo abierto. ¿Qué hacemos?

. Eliminar de la tarifa la compensación que reciben las eléctricas por el suministro a las islas. Parece lógico que el extracoste de dar cobertura energética a las islas –Baleares y Canarias- se pague desde los presupuestos generales del Estado, liberando a la tarifa eléctrica de su carga.

.Contemplar la posibilidad de una quita en la deuda reconocida a las eléctricas. Está claro que las empresas se oponen a esta quita y han puesto el grito en el cielo ante la simple posibilidad. Y por supuesto, a sus lobbys, asesores y bufetes de abogados, a trabajar.

. Imponer tasas a la producción hidroeléctrica y nuclear. Ya que las infraestructuras están amortizadas y la producción genera grandes beneficios a las compañías parece lógico establecer una tasa. Por otro lado no hay que olvidar que también las eléctricas consiguieron, en su momento, poder hacer uso del agua para mover sus turbinas sin coste alguno. Son las únicas empresas que no pagan por el agua que utilizan.

El Ministerio de Industria debe hacer todo lo posible para no repercutir, el precio de éste déficit, sólo en los consumidores. No sólo porque repercutirá de forma negativa en el consumo, la inflación y la competitividad, sino también porque es injusto. Y es injusto porque no son los consumidores los que han provocado este déficit enloquecido, han sido la suma de una serie de gobiernos ineptos, con Ministerios de Industria –desde Piqué a Sebastián- inoperantes o facilones, y de unas empresas que han obtenido buenos resultados y se han opuesto, con todas sus fuerzas, a los pocos intentos que ha habido de subvertir la situación.

Los consumidores no tienen lobbys que les defiendan, ni asesores que presionen por ellos. Todo lo contrario a las empresas del sector, que mueven millonarias cantidades de dinero para pagar todos estos aliados. Dinero que obtienen de los beneficios generados por un abuso de posición en el mercado. Porque, a pesar de lo que digan los “pagados”, no es un mercado libre.

Ahora vemos para qué sirven todos esos “asesores” con sueldos multimillonarios. Por mencionar algunos: Elena Salgado en Endesa; Pedro Solbes en ENEL; José María Aznar en Endesa; Felipe González en Gas Natural; Narcís Serra en Gas Natural… y no hablemos de la nueva generación de “maridos” que están llegando… Cobran de empresas, que más o menos disponen de un mercado cautivo, para ayudar a sacarles el dinero a los consumidores.  Cuando nos llegue la siguiente factura de la luz, acordaros de la cara todos estos ex, de un color político o de otro.

Si Soria incrementa las tarifas, en lo que le pide Endesa, por poner un ejemplo, nos vamos a un 20%, de más, en el precio final del recibo. Y no es cierto lo que dice la CNE, que el recibo repercute sólo un 2% sobre el gasto anual medio de las familias españolas; todavía hay consumidores presos de la desaparecida “tarifa nocturna” para la calefacción.  Lo razonable es repartir entre los distintos agentes económicos, es decir, consumidores, contribuyentes y empresas. ¿Defenderá Soria al consumidor  y a la economía real frente a las empresas? ¿Será víctima de los lobbys y asesores defendiendo los resultados del sector? ¿Hará ingeniería contable?

No tiene mucho tiempo para resolver el problema. Desde Europa le conminan para hacerlo. Lo que está claro es que no podemos seguir enchufados a un disparate, que produjo el interés electoral, de unos y de otros.

Eduardo Lizarraga

Marzo 2012