Nuestro sistema político ya no se sostiene

 

La situación política del país se está deteriorando aún más rápido que la económica. Los casos de corrupción que inundan a los partidos políticos  se suceden día tras día. Un  día es CiU, otro el PSOE, y en el caso del PP es la actuación de toda su cúpula directiva, desde hace veinte años, la que está bajo sospecha. Y creo que son pocos los españoles que duden de la presencia de esos sobres llenos de dinero y todos los que quieren que se aclare.

 Está claro que nuestra ilusionante democracia de 1977 ha degenerado en una partitocracia corrompida de la peor especie.  Que el único objetivo de los partidos es perpetuarse y el de muchos de sus miembros enriquecerse. Que nuestro sistema político está podrido y que es necesario buscar un nuevo sistema.  Que los españoles, para los partidos, son tan sólo ciudadanos cada cuatro años y el resto del tiempo son idiotas prescindibles.  Que el pueblo español ni es soberano ni puede decidir sobre su futuro. Que ni Rajoy ni el que venga detrás van a hacer nada para disminuir ni el poder de los partidos ni el número de personas estabuladas en ellos.  Que es preciso disponer de una estructura en manos de los ciudadanos que permita ejercer un control sobre los partidos y decidir cuándo se deben realizar cambios. Que el programa político con el que se presentan los partidos debe ser vinculante y que en caso de no cumplirse debe considerarse un fraude y convocarse nuevas elecciones. Que existe en estos momentos una justicia para los ciudadanos y otra mucho más benevolente para los políticos. Que muchos de los puestos que ocupan los políticos debieran ser ocupados por funcionarios del Estado mucho más preparados, con el consiguiente ahorro. Que hace falta cambiar la Ley electoral y la Ley de Financiación de Partidos. Que es preciso un mayor control del dinero que sale de España y unas mayores penas para los infractores. Que la amnistía fiscal sólo está sirviendo para que se beneficien los mayores ladrones, como puede ser el caso de Bárcenas.

Tenemos más de 400.000 políticos adscritos a casi una veintena de partidos nacionales, autonómicos y locales. Más de 2500 empresas públicas de las que casi 500 dependen del gobierno central y el resto de las CC.AA y ayuntamientos.  Rajoy, en una de sus múltiples promesas incumplidas de la precampaña, dijo que acabaría con ellas. Solo ha cerrado cuatro.

Y el problema no es sólo el coste directo en sueldos y prebendas de esta turba de políticos, sino los costes en que hacen incurrir al Estado y por lo tanto a todos nosotros. Para algunos de ellos, como vemos todos los días, el sueldo no es suficiente y se dedican a hacer negocios privados.  Negocios que impulsan, propician, protegen y, por supuesto, comisionan; o como algunos más desvergonzados, que también los hay,  que piden formar parte de la empresa y sus beneficios. Esta actividad les es más lucrativa que sus propios sueldos y nos cuesta a todos mucho más, ya que por un lado las comisiones se incluyen en el coste final del proyecto y por otro no suelen ser las mejores opciones, ni en precio ni en calidad las que tienen que estar comprando los favores de los políticos. ¿O es que hemos llegado a tal corrupción que si no se compra a alguien no se hace nada?

Otra cuestión es la oportunidad del negocio o actuación, como es el caso de muchas autopistas de pago sin coches, aeropuertos sin aviones o instituciones feriales sin expositores. Los políticos debieran estar fuera de los negocios y los negocios de la política. La interrelación de ambos nos está saliendo carísima y la burbuja inmobiliaria, producida por la especulación de los suelos entre políticos, constructores, promotores y banqueros  es una buena muestra.

Al grito de “San Cuco de los Betordos se lo merece” los políticos de nuestras Comunidades Autónomas y ayuntamientos manipulan  a su antojo la opinión pública de su entorno, llamando traidores a los que no comparten sus locuras,  impulsando obras faraónicas, inútiles y con unos costes que luego tenemos que pagar todos los ciudadanos, con el claro objetivo de llevarse algo. Y no se les exige ninguna responsabilidad por todo el dinero derrochado.

Detrás de muchas de éstas actividades oscuras de los padres de la patria, se esconden las necesidades de financiación de los partidos políticos. Necesidades que al no estar resueltas en la desmesurada medida que necesitan los aparatos de los partidos y su cascada de favores pagados para ganar elecciones, están originando la ruptura del sistema democrático. Necesidades que se retroalimentan en el propio partido y en la compra venta caciquil de adhesiones, votos y escaños, como bien está demostrando el presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar. Y de todo ello resulta que la compra,  persecución y consecución de los votos de los partidos políticos la pagamos varias veces; la última, la menor al parecer, cuando la Junta Electoral Central  ordena pagarles los escaños obtenidos.

Otra de las cuestiones que está  observando el despreciado votante español  entre elecciones, es que las prioridades de los políticos tienen  mucho que ver con sus intereses partidistas o personales  y muy poco con los de los ciudadanos.

Los recortes de Cospedal en Castilla la Mancha, cerrando las urgencias nocturnas, ahorrarán un millón de euros, pero sigue manteniendo sus programas publicitarios de autobombo, una televisión autonómica que le cuesta mucho más, y, lo para mi más detestable, un apoyo a la peineta, subvencionando las corridas de toros, con casi 500.000 euros.

Los recortes de Mas en Cataluña siguen la misma dirección que los de la manchega -¡qué poco le gusta que se lo llamen!; así cierra hospitales, urgencias nocturnas, servicios sociales… y mientras tanto mantiene sus embajadas, el doblaje de las películas y el coste diferencial.

La Comunidad Valenciana también está ahorrando en hospitales, urgencias, ambulancias y helicópteros, pero mantiene el sueldo al director del aeropuerto de Castellón y de toda su infraestructura -17 millones de euros al año, oiga-, en lugar de pasarle a Fabra la factura del engendro. Engendro, que como hemos visto estos días, está siendo utilizado, al módico precio de ser amiguete, por un piloto de carreras y su bólido.

Como norma general la política de recortes ha llegado con mayor o menos intensidad a todos los ámbitos de nuestra vida en lo laboral, la Educación, la Sanidad…pero no a los partidos políticos ni a sus allegados.  Y tampoco a las grandes fortunas del  país que continúan escondiendo sus capitales a Hacienda evadiéndolos a paraísos fiscales o manteniéndolos en oscuras SICAVs.

Sus sueldos, sus casas, sus coches, sus lujos, sus excesos, los pagamos nosotros y los disfrutan ellos sin recortes. Seguimos manteniendo un modelo de Estado con  Gobierno Central, 17 Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cabildos, y más de 8000 concejos y ayuntamientos, sin olvidar las dos ciudades autónomas. Además de las empresas públicas ya mencionadas y un buen número de consorcios y entidades que duplican o triplican servicios. Los políticos, sus afines y allegados están en todas partes, sustrayendo recursos que ahora son imprescindibles para servicios más necesarios que ellos y su bienestar. Ya es hora de acabar con esta situación que no podemos permitirnos y que es injusta. Hace falta cambiar el modelo de Estado y de recortar la partitocracia o ambos acabarán con nosotros.

 

Eduardo Lizarraga

Madrid 25 enero de 2013