Bofetón vuelta y vuelta a la banca española

La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), obligando a los bancos españoles a que devuelvan a los usuarios las cantidades indebidamente cobradas, les va a suponer un bofetón que puede llegar a los 7.600 millones de euros. Bofetón vuelta y vuelta, ya que hasta última hora nuestros queridos bancos pensaban festejar con cava, o mejor aún con champagne, la sentencia, que esperaban favorable a sus intereses. Sentencia que es de aplicación también para los autónomos y empresas.

De esta forma el TJUE ha pasado por alto la recomendación de su abogado, Pablo Mengozzi, que defendía la tesis del Tribunal Supremo español, para que la retroactividad alcanzara tan sólo la fecha de la sentencia, 9 de mayo. El mazazo para los bancos es considerable ya que no sólo van a tener que devolver las cantidades percibidas ilegalmente desde el año 2009, sino dejar de percibir las que todavía estan cobrando por mantener las cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios.

Porque aunque resulte increíble a esta altura de la historia de la cláusula suelo, todavía tenemos bancos en el panorama nacional que siguen incluyéndola en sus contratos hipotecarios. Y ello es así porque aunque dichas clausulas son denunciadas ante los servicios de atención al cliente y al Banco de España, las conclusiones de éste organismo no son vinculantes, y no aplican medidas sancionadoras contra los bancos, que reiteradamente usan las cláusulas abusivas y dejan a los consumidores con la única posibilidad de los tribunales de justicia.

Y haciendo gala de esa impudicia que ya les conocemos, siguen intentando quedarse con nuestro dinero, incluso del que debieran devolvernos con la sentencia del 13 de mayo. Y es que en los casos que el banco realiza la liquidación, esta no corresponde con lo que dicta el tribunal, porque no recalculan el préstamo como si no hubiese existido la clausula suelo, tal como indica el fallo del TS de mayo de 2.013,  sino que toman como referencia el capital pendiente a fecha de mayo de 2.013. Esto supone una diferencia notable que deja de recuperar el cliente, si da por buena la liquidación que presenta el banco y que puede superar los 2.500 euros

El tribunal europeo no sólo propina un merecido castigo a los bancos españoles por años de abusos contra los hipotecados, sino que da un revolcón inaudito al Tribunal Supremo español que falló contra los afectados, en una clara muestra de la inmensa distancia a la que están del pueblo y su cercanía con los poderes económicos. Nuestro Tribunal Supremo, o el suyo, el de los bancos, como prefiráis, argumentó su decisión considerando que el impacto sobre el conjunto de la economía  que tendría una retroactividad total de la devolución del importe de las cláusulas suelo, es demasiado elevado para permitirlo. Es decir, podría peligrar el sistema bancario y ante eso, los derechos de los consumidores deben quedar anulados por los beneficios de la banca. Una argumentación a todas luces muy peligrosa si continuamos aplicándola.

Con la medida tomada por la justicia europea, que no por la española, comienza a ponerse coto a los constantes abusos de la banca; abusos de los que la cláusula suelo es una parte tan sólo y que si enumeramos,  entenderemos las mil una maneras en que los bancos nos roban nuestro dinero, y se nos llevarán los demonios porque la lista es larga. Entre ellas el IRPH, las preferentes, la manipulación del euríbor y la devolución de los gastos de formalización de la hipoteca.

Y es esta última, los gastos de formalización de la hipoteca, la que puede ser el próximo caballo de batalla de los consumidores contra los bancos. Hace justo ahora un año, el 23 de diciembre de 2015, una sentencia del Tribunal Supremo consideró nulas las cláusulas que se imponen al consumidor sobre gastos de formalización de hipotecas y determinó que le corresponde a los bancos el pago de esos tributos. En España, más de 6 millones de hipotecas podrían contar con una cláusula que impone todos los gastos de constitución y formalización de las mismas a los usuarios. Y estamos hablando de una media de 3000 euros por afectado.

Este abuso bancario en la compra de una vivienda es uno más de la larga lista que ha gravado el coste de nuestra propiedad, convirtiéndolas en casi imposibles de asumir y ha elevado el precio de la vivienda en España a cotas inauditas. Todo ello con la complicidad de los políticos que llevan más de un siglo legislando por y para los bancos.

Intentando evitar que la única vía de los consumidores para recuperar lo defraudado por los bancos sean los tribunales de justicia, la Fundación Youbank ha pedido al Parlamento Europeo que valore la creación de un órgano comunitario, cuyas decisiones sean vinculantes para los bancos ante las reivindicaciones de los ciudadanos. De esta manera se evitaría, además, el colapso de la administración de justicia ante la entrada por ventanilla de millones de casos.

La banca española obtiene muchos de sus beneficios del abuso y por el abuso; todo ello con la complicidad de la clase política influida, de una u otra manera por el lobby bancario. Y la Justicia española no es capaz de defender, con las leyes que padecemos, a los consumidores españoles. Bienvenida sea la justicia de Bruselas.






Eduardo Lizarraga
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Justicia ciega, pero no tanto

Todos pensamos, supongo que por eso de las películas y la imagen de la venda y la balanza, que la Justicia es ciega, y todos nos equivocamos, al menos en parte.  Si la Justicia puede ser ciega en algún momento, lo es con el idealismo de su juventud, porque conforme cumple años  y ocupa poltronas con rango,  se le cae la venda y va recuperando la vista en sentido proporcional a sus cargos, hasta ver mucho más que cualquiera de nosotros, incluido el “beneficio del país”, al que ve en demasía y en detrimento de los ciudadanos del país.

Los casos en que empresas de todos conocidas, pierden los juicios en primera instancia y luego los ganan en tribunales superiores son múltiples y habituales. Y esta misma semana ha vuelto a suceder lo que podría ser la antesala –esperemos que no- de un escándalo en el entorno europeo.

Me refiero a la cláusula suelo y a la devolución de los intereses cobrados de más por los bancos, gracias a esta cláusula, definida como abusiva por el Tribunal Supremo que, sin embargo, eximió a las entidades financieras de pagar los intereses devengados con anterioridad a la sentencia, es decir, al 9 de Mayo del 2013.

Ha sido un juzgado de Málaga, en concreto el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Amanda Cohen, el que en una sentencia del pasado 1 de diciembre dictaminó, textualmente:  “que no procede aplicar la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto a la devolución de cantidades, que únicamente se refiere al supuesto de nulidad por falta de transparencia, por lo que procede la condena a la entidad demandada a la devolución de todas aquellas cantidades percibidas de mas por activación de la cláusula de acotación mínima y no solo desde el 9 de Mayo de 2.013”. Y por ello condenó a la entidad financiera a devolver todas las cantidades cobradas de más, a las que debe sumar intereses legales y costas.

La sentencia se basa en el incumplimiento del control de incorporación, ya que según el artículo 5 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), no quedarán incorporadas al contrato las condiciones que el firmante no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa y las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles.

No es el primer juzgado que obliga a los bancos involucrados en esta gigantesca estafa, consentida por la Administración y la Justicia, que ven el interés de los bancos y no de los particulares, a devolver el dinero percibido de más, con sus intereses, y al pago de costas. Pero para llegar hasta ahí, el afectado se ve obligado a denunciar a la entidad financiera y a correr con los gastos de su peculio particular.

Tras esta nueva sentencia en contra de la argumentación del Tribunal Supremo, que esgrimía para la no retroactividad de las obligaciones de devolución, que había que proteger a los bancos, todos los ojos están fijos en la sentencia que emitirá el próximo 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sobre la retroactividad total de las cláusulas suelo por falta de trasparencia. Y aunque algunos juzgados españoles ya hayan fallado en contra de los bancos, cuando hablamos del TJUE pudiera ser que tuviéramos un disgusto. Y es que esta alta instancia europea podría estar sin venda, haber ya recuperado la vista y estimar que los “pobres bancos”  tendrán problemas si deben devolver el dinero, percibido de forma abusiva, a los usuarios.

Se estima en más de 7.600 millones la cantidad que los bancos se han llevado de forma fraudulenta de nuestros bolsillos. Y semejante monto, como ya estimó el Abogado General del TJUE, Paolo Mengozzi, podría poner en riesgo el sistema bancario, con lo que aconsejó la retroactividad parcial, establecida por el Tribunal Supremo español el ya mencionado día 9 de mayo de 2013. A lo que parece, la alta Justicia tiene poco de ciega y ve el perjuicio que puede sufrir la pobre banca española, si la cantidad a devolver a los clientes tiene como fecha de inicio el día de la firma de la hipoteca,  pero no contempla la situación de los afectados, que llevan años sufriendo la situación...y pagando mes a mes.

Y éste es el gran milagro que afecta a la justicia ciega, que vuelve a ver cuando son los intereses de los grandes grupos empresariales y los del Gobierno los que están en juego. Todo ello en perjuicio del individuo y de la sociedad.  Una recuperación de la vista muy relacionada con el escalafón.

Está claro que el Gobierno no es la Justicia y que debe ver y oír, lo malo es que todo lo que oye y ve le llega desde la misma dirección, la de los lobbys empresariales y los intereses del círculo económico que le sustenta. Intereses que siempre sitúa por encima de los del pueblo.  Sí, ya sé que las decisiones que toma nuestro gobierno son fáciles de argumentar “por el bien de España”, fáciles para el que les quiera creer, porque la decisión de rescatar las autopistas con más de 5.000 millones de euros es poco justificable, aunque sea el dinero de bancos y constructoras amigas; sobre todo cuando se avecinan nuevos recortes en Educación, Sanidad y servicios sociales -si es que queda algo por recortar-, impuestos por la Unión Europea para cumplir los objetivos de déficit.

Vivimos una época –si es que alguna vez hubo otra- en que ni la Justicia es ciega ni los gobiernos miran por los intereses de los pueblos que gobiernan, sino por el de los grupos económicos que les apoyan.  Pero el sistema tiene que cambiar porque ya no se aguanta y hasta los fundamentalistas ideológicos terminan por cansarse y pueden comenzar a ver –ellos también- otras posibilidades a las que votar.



Eduardo Lizarraga
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¡Estoy indignado, muy indignado!

Y creo que debiéramos estarlo todos y salir a la calle a comernos el mundo y dejarnos de fútbol, de Gran Hermano, de Triunfitos, de kaka de Luxe y del resto de idioteces con las que nos roen el cerebro y encadenan al sofá, facilitando a los políticos manejarnos como a marionetas; marionetas tontas.


Son varias las noticias de esta semana que me han llevado del estupor a la indignación más arrebatada.  Comencé el domingo conociendo, que a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de hace un año condenándoles por prácticas abusivas, los bancos hacen caso omiso y continúan cobrando al consumidor los gastos de formalización de hipotecas. En España son más de seis millones las hipotecas que podrían contar con una cláusula que impone todos los gastos de constitución y formalización a los usuarios.  Y estos gastos supusieron, sólo en 2015, un importe de 450 millones de euros para los consumidores. Según el Supremo corresponde a los bancos pagar estas cantidades. Pero nadie hace nada…ni el Banco de España, ni el Fiscal General del Estado –creo que está buscando titiriteros por las esquinas- ni las diferentes administraciones autonómicas.  Pero ¡escuchad consumidores!, son nulas y podéis pedir que os devuelvan el dinero, aunque claro está  pagando abogado y procurador, que lo de la Justicia gratuita y para todos se lo llevó Gallardón en el bolsillo y de momento, parece que no vuelve.


En un rápido flash informativo me entero que Corea del Sur multa a Volkswagen con 30 millones de euros por el fraude que supuso vender vehículos contaminantes, afirmando que no lo eran y manipulándolos al efecto. En EE.UU. van a pagar una media de 6.000 euros a cada perjudicado. Aquí, el anterior ministro Soria se llevó a comer a los directivos de VW y supongo que hasta les pagamos la comida. ¿Buscaba poltrona o coche de empresa?


Después de protestar en repetidas ocasiones porque la fibra óptica contratada no cubre las expectativas, se me cuelga el internet y escucho bingszz en el televisor, me cuentan que ningún suministrador de fibra supera el 86% de lo que nos vende, aunque nos cobre el 100%. Y puedo darme con un canto en los dientes, porque cuando Movistar me enviaba internet por cobre la realidad era que no superaba el 50% de lo contratado…No tengo noticias que el Ministerio de Industria haya llamado a los suministradores de telefonía y datos para exigirles que dejen de estafar al país, por lo que sin duda alguna seguirán haciéndolo.


No acababa de reponerme de la pataleta on line, cuando leo que Bruselas podría dar la razón a las eléctricas y anular la disposición que les pretende obligar a sufragar el bono eléctrico. Son apenas 400 millones los que pueden impedir que las muertes por pobreza energética prosigan. Por lo visto, en Bruselas aducen que los consumidores de todos los países tenemos que pagar lo mismo y las empresas tener los mismos derechos y obligaciones…Voy a repasarme los montantes de los salarios mínimos base de cada país, que supongo igualarán en breve…espero que al alza porque como a los franceses les igualen con nuestro salario y les bajen a la mitad lo que perciben, vuelven a montar guillotinas en cada Place de la République del país.


Inducido por la consuetudinaria costumbre de poner las noticias a la hora de comer, con lo que eso tiene de malo estos tiempos para la digestión, escucho estupefacto que los que más ganan en este país absurdo, de pelotazo y chismorreo, se dedican a montar empresas en Irlanda,  Luxemburgo o las Islas Vírgenes -vaya nombrecito para una actividad tan cochina-, con una especie de gurú del fraude llamado Jorge Mendes y evaden alegremente los impuestos que son de todos y que mejorarán nuestras pensiones, Sanidad, Educación y prestaciones sociales. Y en lugar de arrojarles zapatos a la cara, les miraremos arrobados cuando se pongan firmes para escuchar el himno. Y parece una enfermedad contagiosa, porque la lista de futbolistas evasores no para de crecer.


Y cuando cambio de canal, porque la bilis al ver a Ronaldo jaleado por una multitud inane me estaba llegando ya a la garganta, escucho a la comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager anunciando una multa de 485 millones de euros para tres bancos que manipularon el euríbor para su beneficio. La bilis se retira, empujada por el alarido que profiero, cuando no me dicen que con esa barbaridad de pasta van a resarcir a los damnificados que hemos pagado de más, por un euríbor amañado.


El problema no es tanto que las noticias se sucedan en una triste letanía de frustración, rabia y escarnio, sino que los políticos, a los que elegimos y pagamos para defender nuestros intereses y los de nuestro país, no hagan nada por evitar la situación y estén más preocupados en trabajar para las empresas que les reservan una poltrona en su Consejo de Administración, y les llenarán los bolsillos en una prejubilación dorada e inmerecida. Además, a diferencia de parados y pensionistas, estos sueldos son compatibles con los que perciben de la administración a la que han servido ¿fielmente?. Y de los plazos necesarios para completar su jubilación mejor no hablamos.


Jubilación que ellos tendrán bien enjugada con varios conceptos y que a los demás nos escatimarán, reducirán o anularán…aunque llevemos treinta años trabajando. Como bien nos han dicho en repetidas ocasiones, el país vive por encima de sus posibilidades, al menos aquellos que en lugar de esforzarse en el bien común y en sacar adelante un proyecto de 44 millones de personas, viven del robo, la estafa y la evasión fiscal; y los que se lo permiten con leyes a medida -recordemos las SICAV y la regularización fiscal de Montoro. Todos ellos tienen un profundo patriotismo de banderita en la muñeca y berrido eufórico viendo a la Roja , porque su cartera, en comparación, es más bien opaca y apátrida. ¡Estoy indignado, muy indignado!













Eduardo Lizarraga
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Nota del Juntaletras

. Beneficios del sector eléctrico: Las tres grandes eléctricas sumaron 5.010 millones de beneficios durante el 2015, con unos márgenes que doblan a los de las eléctricas europeas, pese a la caída de la demanda que está a niveles del 2005.

. Beneficios del sector bancario: Gran banca española (Santander, BBVA, CaixaBanc, Bankia, Popular y Sabadell) 9.330 millones de beneficio entre enero y septiembre de 2016.

. Beneficios de Telefónica: 2.745 millones en 2015

. SICAV: Más de 3.300 sociedades con 36.000 millones de patrimonio

. Regularización fiscal de Montoro: Montante regularizado de algo más de 40.000 millones con unos ingresos fiscales, por la regularización de los defraudadores, de 1.191 millones.

. Resultados de los futbolistas

: Opacos, sobre todo por su tendencia a abrir empresas intermedias en paraísos fiscales con los que manejar sus ingresos publicitarios.

Los bancos hacen dinero a costa de nuestras lágrimas

Tras la muerte de la anciana de Reus, causada por el corte de luz ejecutado por Gas Natural Fenosa, en este país hemos conocido que la pobreza energética causa 7.000 muertes al año.  Lo que no tenemos claro, porque las entidades implicadas y el Gobierno del Partido Popular se encargan de ocultarlos, son los suicidios propiciados por los desahucios y la falta de vivienda. Apenas veréis alguna noticia suelta en los medios de comunicación, a pesar de que podrían ser casi 5.000 anuales, es decir, más de doce diarios.  Pero no se verán porque “su difusión causa desánimo entre la población” argumentan; aunque lo cierto es que les da miedo que esos datos se conozcan y también los nombres de los causantes.

La crisis económica, en su vertiente inmobiliaria, ha propiciado el desahucio de cientos de miles de familias en nuestro país. Lo que unido a la política de recortes impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy ha llevado a la más amarga desesperación y al suicidio a miles de españoles. ¿Cuántos?, pues si la crisis comenzó a causar efectos en la población a finales del 2008, estamos en el 2016 y podrían ser 5.000 al año…

Pero no han sido la crisis económica y la política de recortes de Rajoy los únicos culpables de la situación. Los causantes de la crisis mundial fueron los bancos y sus políticas insostenibles para traer dinero del futuro. Pero, salvo en algunos países, no han pagado sus culpas, sino más bien todo lo contrario. Aquí se les ha ayudado a solventar sus problemas financieros con inyecciones de dinero público, es decir, pagado por todos y extraído a golpe de reforma de la Constitución, con la complicidad del PP y del PSOE. ¿De dónde ha sacado ese dinero el Gobierno? Pues de la Sanidad, la Educación, la administración de Justicia, los beneficios sociales, la hucha de las pensiones…y un largo etcétera que tiene como denominador común recaer en los de siempre, en los más débiles de la cadena, en los que carecen de lobbys y sólo tienen para que les protejan a los políticos pagados con el dinero de todos;  jajajajaja ¡pobres por partida doble!

Y es que los bancos se han convertido, junto con las eléctricas, en los sectores más protegidos e intocables de la sociedad española. Sus beneficios y bienestar están por encima de todo lo demás, hasta por encima de la vida y derechos de miles de nosotros, incluidos los niños hambrientos o en la calle. Para eso cuentan a su favor con los lobbys, los políticos y nuestro dinero a su servicio.

Nuestra Ley Hipotecaria tiene más de 100 años de antigüedad y durante todo este tiempo los ajustes que ha ido teniendo son los que han impuesto las entidades financieras para asegurar e incrementar aún más sus beneficios. Siempre apoyados por una casta política que ha ido vendiendo sus favores a lo largo de decenios. Y siempre con el mismo pretexto “la seguridad de los bancos es la de la economía del país”. El mismo pretexto con el que les inyectaron más de 100.000 millones de euros de dinero público que no devolverán.

Esa Ley Hipotecaria a la que me refiero, causante de los centenares de miles de desahucios de vivienda habitual con familias dentro, ha sido contestada y amenazada en repetidas ocasiones por Bruselas,  que la ve descompensada hasta la náusea, en cuanto a derechos y obligaciones de las partes.  De Guindos  ha cambiado conceptos y va a tener que seguir haciéndolo,  porque ya nos han dado otro ultimátum.

Pero los bancos están acostumbrados, desde hace siglos, a salirse siempre con sus propósitos y Bruselas tampoco es el bueno de la película; los tentáculos bancarios tienen bien agarradas a sus instituciones. Sirvan dos ejemplos para dar luz a la situación, comprobando que cuando se trata de apoderarse del dinero ajeno y no devolverlo,  los bancos son unos grandes expertos.

En primer lugar tenemos la cláusula suelo y la devolución de los intereses cobrados de más antes de la sentencia del Tribunal Supremo, que la consideró ilegal. Estamos hablando de unos 5.200 millones de euros. En estos momentos la decisión está en el  Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyo abogado general, Paolo Mengozzi,  en un informe publicado el pasado mes de julio, considera que los bancos españoles no deben devolver los miles de millones de euros que cobraron a  sus clientes de forma irregular. Y su argumento es el de siempre, considerar que el impacto sobre el conjunto de la economía,  que tendría una retroactividad total de la devolución del importe de las cláusulas suelo, es demasiado para permitirlo. Es decir,  peligra el sistema bancario y ante eso, los derechos de los consumidores deben quedar anulados por los beneficios de la banca. Una argumentación a todas luces muy peligrosa si continuamos aplicándola.

Hay que tener en cuenta que el razonamiento del abogado Mengozzi no es vinculante y hay dudas sobre la sentencia que se espera  para antes de fin de año.  La misma tendrá efecto, no sólo sobre los clientes de las tres entidades que denunciaron los hechos y llegaron hasta Luxemburgo, sino también sobre los otros 15.000 usuarios bancarios de la macrodemanda gestionada por la asociación Adicae.

Pero no es el único caso en que las malas prácticas de la banca, aunque sean reconocidas y multadas, apisonan  los derechos de los consumidores y asaltan sus bolsillos.  De forma también injusta y en perjuicio de los hipotecados,  la gran banca manipuló el euríbor a su conveniencia durante años. Los hechos salieron a la luz y el entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, impuso  una multa, de 1.710 millones de euros en total,  a las ocho entidades financieras que amañaron el euríbor entre los años 2005 y 2008. No había ninguna española entre ellas, pero los consumidores españoles, como el resto de europeos, sufrieron las consecuencias en las cuotas de sus hipotecas.  Como  ya parece costumbre, para proteger a los bancos y sus beneficios, Bruselas consideró que a los particulares no les afectó esta manipulación y pretendió dar carpetazo a cualquier posible reclamación de consumidores afectados.  Con millones de europeos perjudicados por estas prácticas,  las indemnizaciones, incluyendo los intereses, hubieran alcanzado cifras astronómicas. Pero aunque sea así es un dinero que han obtenido con una gran estafa.

Por supuesto que muchos europeos, entre ellos españoles, no se mostraron de acuerdo con ésta solución y pusieron en marcha procedimientos para que se les devolviera el dinero cobrado de más en sus cuotas hipotecarias.  Entre ellos, en España, un cliente de Barclays Bank, hoy integrado en Caixabanc, que reclamó por abusivo el contrato hipotecario.

Ahora, un Juzgado de Sevilla ha sentenciado que la manipulación del euríbor que realizaron ocho bancos -  Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Général, JPMorgan, Citigroup y RPMartin, Barclays y UBS - y que fue multada en 2013 por la Comisión Europea,  sí afecta a los particulares. Y al afectarles pueden reclamar las cantidades cobradas de más por este motivo.

El juzgado resalta que la manipulación del índice ha afectado a millones de prestatarios e insiste en que, al igual que en muchos otros países del mundo, muchas familias y empresas en España,  han dejado de pagar sus préstamos hipotecarios ante la imposibilidad de hacer frente a las cuotas y han ido a la quiebra o al desahucio.

La jueza sevillana incluso reconviene  a la institución europea que decidió, tras la sanción, proteger los intereses de los bancos frente a posibles reclamaciones masivas de los consumidores,  alegando que la manipulación del tipo de interés de la hipoteca no les afectó directamente. Como que si subiendo el euríbor un punto no se incrementara mi hipoteca. ¿Recordáis aquellos años en que el euríbor estaba por las nubes? Pues eso…

La cuestión tiene mucha trascendencia, no sólo para los que pagaron cifras astronómicas en sus cuotas hipotecarias, pero pudieron seguir haciéndolo y conservaron sus propiedades, sino mucho más para aquellos que se quedaron por el camino no pudiendo hacer frente a sus pagos y fueron desahuciados y perseguidos de por vida. ¿Cuánta de esa cifra era producto de la estafa? ¿Podrían haber hecho frente a los pagos si no se hubiera manipulado el euríbor? ¿Se va a auditar la situación?

Los bancos, con su ingeniería financiera, insostenibilidad y ansia desordenada  de beneficios para los accionistas,  fueron los principales causantes de la crisis que continúa afectándonos. Pero no penaron por ello, al menos en España, sino que fueron protegidos y rescatados con un dinero público que pagamos con nuestro sufrimiento. No contentos  y en aras de unos ingresos, a todas luces insostenibles tras la situación que ellos mismos habían creado, se lanzaron a una sangría constante contra los consumidores, con toda una batería de medidas destinadas a mantener beneficios y privilegios: manipulación del euríbor, cláusula suelo,  comisiones hasta por entrar en las sucursales, imposición de cláusulas abusivas…Todo ello ante la pasividad, por no decir complicidad, de los dos grandes partidos gobernantes,  PP y PSOE, que han  sacado sus buenos réditos de esta especial asociación.

Los tiempos están cambiando y ya es hora de que los bancos y el dinero estén al servicio de la sociedad y no al revés. Y si hay que tomar medidas drásticas contra estos  delincuentes y a favor de las familias que fueron esquilmadas y desahuciadas, ahora es el momento de comenzar a hacerlo. Ah, por cierto, la Justicia está demostrando reposar más en los miles de jueces que le sirven desde sus juzgados, que en las grandes instituciones –Tribunal Supremo, Constitucional- que parecen al servicio de unos pocos.

Eduardo Lizarraga
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La mafia eléctrica nos cuesta 7.000 vidas al año

La pobreza energética ha mostrado su cara más amarga con la muerte de una anciana de Reus que, desde hacía tres meses, se alumbraba con velas. No ha sido la única en este mes, apenas comenzados  los fríos y, por desgracia, aún no se ha iniciado el invierno. Los muertos por inanición, frío, inhalaciones de monóxido de carbono o quemaduras y asfixias producidas por incendios, podrían llegar a los 7.000 al año en nuestro país, con lo que si no hacemos nada por evitarlo –aún estamos a tiempo- los casos que conozcamos serán habituales.

Son muchas las familias en España que ven  con preocupación las penalidades que van a tener que sufrir en los próximos meses, al no poder calentar su vivienda de forma adecuada. Se encuentran en la dicotomía de comer o calentarse y eligen la comida y las mantas o el brasero; aunque también habrá los que tengan dificultades para poder cocinar ante la falta de suministros energéticos. Son los mismos problemas que tienen muchos africanos en el Sahel y los arreglan con excrementos secos de animales y con los pocos matorrales que aún subsisten. Pero estamos en España y en el 2016, V Año Triunfal del Partido Popular,  por la gracia del PSOE.

En estos momentos, tras la tragedia de Reus,  la compañía suministradora de la electricidad, Gas Natural Fenosa, la misma de la que era consejero hasta hace unos días Felipe González, y el ayuntamiento de Reus se culpabilizan del suceso.

Pero el problema no es un hecho puntual , sino la consecuencia de más de un siglo de prebendas y regalos políticos a las grandes compañías suministradora de nuestro país. Ahora son las eléctricas, gasistas y de aguas, pero antes, incluso antes de la guerra civil, lo fueron las compañías ferroviarias o mineras, cuyos intereses siempre estuvieron antes de los del pueblo y se legisló a su favor.

Sin lugar a dudas la situación ha empeorado con los decenios turnistas entre PP y PSOE. Las compañías energéticas saben que sus resultados económicos dependen en gran medida de la legislación que consigan de los partidos y por eso engrasan la maquinaria dando trabajo a cuantos expresidentes, exministros y todos tipo de ex con poder, se pongan a su alcance. Y con las astronómicas cifras que pagan o con las posibilidades que ponen al alcance de los agraciados, son pocos los que se niega. Y los hay de todos los partidos, porque en esto no hay izquierdas ni derechas ni centro ni nacionalistas.

Por poner algunos nombre en negro, encontramos que en las listas hay personajes de todos los partidos y cariz político.  No voy a ser exhaustivo, ya que son más de cincuenta los cargos políticos que han encontrado acomodo y billetera llena en estas empresas.

Por el PP destacamos: -Angel Acebes (Iberdrola), José María Aznar (Endesa), Carmen Becerril (Acciona), Santiago Cobo –marido de Teófila Martínez (REE), Carlos Espinosa de los Monteros (Acciona), José Folgado (REE),  Antonio Hernández Mancha (Enagás), Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal (Iberdrola),  Marcelino Oreja (Enagás), Ana de Palacio (Enagás),  Paloma Sendín (REE), Javier Rupérez (Abengoa),  Isabel Tocino (Enagás).

Por su parte, del PSOE, Ángeles Amador (REE), Josep Borrell (Abengoa),  Felipe González,  que recientemente ha abandonado el puesto (Gas Natural Fenosa),  Joan Majó (Endesa),  Manuel Marín (Fundación Iberdrola),  Braulio Medel , Junta de Andalucía (Iberdrola), Ramón Pérez Simarro (Enagás),  Elena Salgado (Endesa),  Luis Solana (Abengoa), Pedro Solbes (Enel).

Por el PNV, Juan María Atutxa (Iberdrola) y Josu Jon Imaz (Gas Natural Fenosa).

Por la Casa Real: Carlos de Borbón y Dos Sicilias (Abengoa).

Por CDC: David Madí (Endesa),

Por CIU, Ramón Roca Junyent (Endesa).

Con este amplio plantel de puntales políticos a su favor y una legislación que ha convertido a España en un coto cerrado al que exprimir cuanto conviene, los resultados de estas empresas son espectaculares.

Las mayores compañías eléctricas con operaciones en España, que son Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, ingresaron entre las tres  52.390,7 millones de euros, un 10,7% menos que en los nueve primeros meses de 2015. Por su parte, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) de las tres compañías se situó en 12.238,5 millones de euros, con un incremento del 0,67% con respecto a los nueve primeros meses de 2015. El beneficio neto conjunto de 4.276,7 millones de euros en los nueve primeros meses del año, elevando así en un 1,3% las ganancias de 4.219,7 millones de euros del mismo periodo del año pasado.

De las tres empresas es Iberdrola la que registró el mayor beneficio, con un total de 2.041,7 millones de euros y un incremento del 6,4% con respecto al mismo periodo de 2015. Sánchez Galán se gana su sueldo, de 47.000 euros diarios, con holgura.

Por su parte, Endesa obtuvo un beneficio neto a septiembre de 1.305 millones de euros, un 8,2% más con respecto a las ganancias de 1.206 millones de euros de los nueve primeros meses del año pasado.

En tercera posición Gas Natural Fenosa, que registró unas ganancias netas de 930 millones de euros, con un descenso del 15% en su beneficio. No obstante, con la  venta de su participación del 20% en GNL Quintero (Chile) a Enagás, cuyo cierre está previsto en la primera quincena de este mes, la caída del beneficio neto sería del 10,4%.

Estas cifras de beneficios, logradas por un sector que vende un bien de primera necesidad, se obtienen porque el precio de la energía en los hogares españoles es uno de los más altos de la Unión Europea. Y esto lo dice Eurostat, la oficina estadística europea.  Según sus datos, España tiene el quinto precio más elevado de la UE de electricidad de consumo doméstico, con 0,237 céntimos por kilovatio/hora en 2015, solo superado por  Dinamarca, Alemania, Irlanda e Italia. Algo similar ocurre con gas natural, que tiene en España el tercer precio más alto de la UE, por detrás de Suecia y Portugal.

Pero no es solo con una política de precios altos con los que las eléctricas consiguen sus beneficios, la parte más importante de su privilegiada situación llega desde el manejo que hacen de la legislación,  acomodándola a sus necesidades.  Y es que desde la privatización de Endesa todo lo que se ha hecho en el sector ha sido manipulado a su interés.  Veamos sus logros a nuestra costa, sin ánimo de ser exhaustivo, que hay más:

-          Después de que el Gobierno de turno –da igual PP o PSOE para las eléctricas- convenciera a los españoles de las ventajas de la tarifa nocturna y de que estos hicieran sus inversiones en acumuladores, programadores y demás infraestructura “ad hoc” se eliminó la tarifa y se dejó a más de dos millones de españoles con la inversiones realizadas y con unas condiciones  que ya no eras beneficiosas.

-          Se fuerza un sistema para que calcule el precio de la luz, tan favorable para los intereses del sector, que han conseguido que la tarifa suba un 24,6% en los últimos seis meses.

-          Consiguen el “impuesto al sol” ante el hazmerreir de todo el mundo occidental; ¡ojo! se ríen de nosotros por ser víctimas de tales abusos, amparados por un Gobierno al que se vota una y otra vez.

-          Han conseguido eliminar la competencia de las energías renovables en España, aunque en otros países estas mismas empresas eléctricas españolas estén invirtiendo en ellas.

-          Se incumple la normativa europea de protección a los consumidores vulnerables.

-          Se consigue que el Constitucional, a petición del Partido Popular, anule la Ley catalana que impedía los cortes en los suministros básicos a personas en riesgo de pobreza.

-          Se impide que los representantes de los consumidores sean escuchados a la hora de tomar decisiones.

-          No se devuelven los 3.500 millones que el sector se ha embolsado de más por los costes de transición a la competencia.  Los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE han ocultado esta situación detrás de los sillones en sus consejos de administración.

-          Acaban de conseguir la obligación de que cada usuario incorpore un contador “inteligente”, que lo es tan solo para las eléctricas,  incrementando sus beneficios.

-          Con la implantación del ICP obligan a contratar un mínimo de potencia para cubrir nuestras necesidades. Hasta aquí parece normal, pagamos por lo que consumimos, pero no lo es tanto cuando entendemos que las necesidades en invierno son mayores que las del verano y que estas empresas nos obligan a tener contratada esa potencia todo el año. Aunque en verano necesitemos sólo un tercera parte,  pagamos igual el exceso de potencia.

-          Han subido de tal forma los costes fijos, que apenas podemos ahorrar en la factura al consumir menos o estar ausentes. El coste de la cantidad de energía consumida es cada vez más pequeño frente a los costes fijos.

-          Un recurso de Endesa y Eon ha tumbado en el Tribunal Supremo el bono social eléctrico; las eléctricas no tienen ya que subvencionarlo,  y habrá que devolverles 500 millones de euros más los intereses.

-          Con la legislación vigente consiguen que los tribunales -ahora controlados por el PP, les quiten cualquier posible sanción que se les imponga. Como la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, que ha anulado una sanción de 5,4 millones de euros impuesta en junio de 2012 a Endesa por tejemanejes con el mercado libre de clientes y la Tarifa de último recurso.  Con esta decisión, las compañías eléctricas han logrado que los tribunales hayan dejado sin efecto en los dos últimos años, ya sea en el Supremo o en la Audiencia Nacional, sanciones impuestas por la anterior autoridad de Competencia (Zapatero) por valor cercano a 70 millones de euros.

No se puede permitir que eléctricas y políticos, unidos en una auténtica organización mafiosa de intereses mutuos,   continúen ejerciendo un manejo de la energía que deja relegados a la pobreza a millones de españoles, privándoles de derechos fundamentales y provocando más muertes -7.000 son achacables a la pobreza energética- que los accidentes de tráfico. Es una clara situación de abuso de posición dominante, y de organización para alterar el precio de la cosas con resultado de muerte. El terrorismo puede hacerse sin armas ni bombas.

Hace ya tiempo que es un clamor la realización de una auditoría independiente que certifique el coste de la energía eléctrica, la deuda por déficit de tarifa y cuáles serían los pasos para disminuir la factura. Este pasado mes de octubre la media que se ha alcanzado es de 69 euros, y continuará incrementándose en los próximos meses, poniendo muy difícil la situación a siete millones de españoles.

Mientras las personas sufren y mueren, las eléctricas y sus directivos viven una auténtica época dorada con sueldos astronómicos y glamour a todo trapo. El negocio es seguro y la competencia es compañera y cómplice; los políticos trabajan con y para ellos y los sufridores carecen de derechos. Pero están tirando demasiado de la cuerda y el “statu quo” conseguido podría romperse. Es cuestión de ponerse a ello y la nacionalización del bien, la electricidad, que no de las empresas, podría ser una vía adecuada.

Eduardo Lizarraga

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Y Botella alimentó a los buitres

      En el año 2013, con los restos de la burbuja inmobiliaria oliendo a carroña, llegaron a España los fondos buitre. De la mano de políticos y banqueros, con los ojos fijos en las grandes operaciones que administraciones y bancos tendrían que hacer, bien aderezadas por ingentes cantidades de dinero público, se hicieron con un ladrillo agrupado y barato. No hubieran podido realizar los buenos negocios que hicieron y siguen haciendo, si la legislación española no hubiera estado hecha a la medida de sus necesidades. Legislación, que la banca española ha ido diseñando a lo largo de muchos años de cercanía con el poder.

Llegaron y se especializaron en campos distintos, suelo, edificios singulares, centros comerciales, oficinas, activos industriales y residenciales. Ahora, tres años después,  están comenzando a marcharse con las plusvalías conseguidas a nuestra costa.

Pero no sólo tenían la legislación española a favor de sus operaciones, sino que el partido gobernante, el Partido Popular, enemigo de todo lo público, estaba desmantelando y vendiendo a pedazos la Sanidad, la Educación, el Mercado laboral… ¿por qué no también la vivienda social o los edificios públicos? Buscaron socios en el PP, los hallaron entre sus élites, y se pusieron a trabajar.

Entre los fondos que llegaron merece especial atención Blackstone, por la manera sangrante, para la población más desfavorecida por la crisis,  con la que ha obtenido sus beneficios, y porque es el malo necesario para la operación de Botella en el Ayuntamiento de Madrid.

 De todos los fondos de capital riesgo, Blackstone es el mayor del mundo. Sólo en el mercado inmobiliario gestiona 64.000 millones en activos. Desde su llegada a España ha realizado una serie de operaciones de legalidad dudosa y de ninguna ética. De entre ellas sobresale la compra de activos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) a la que pagó 128,5 millones por 1.860 viviendas construidas con dinero público y en régimen de alquiler. A una media de 69.000 euros por vivienda, incluyendo gran cantidad de garajes y trasteros.

Ahora, el Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid, observa indicios de fraude en esta venta que realizó Ana Botella cuando era alcaldesa de Madrid. Como colofón de la operación de venta, acaba de descubrirse que el equipo de Botella regaló a Blackstone,  gestionado en España por Fidere,  once trasteros y garajes valorados en 300.000 euros.

La operación se realizó el 20 de junio de 2013, después que la EMV hubiera estudiado otras cuatro ofertas recibidas. Resulta sorprendente que la valoración y la decisión, sobre una cuestión de tanto importe y que afectaba la vida de tantos  miles de personas, se realizara en menos de seis días;  indicativo de lo que les importan estas personas al Partido Popular.

Una vez seleccionado Blackstone, se negoció con el fondo que obtuvo, tras una nueva rebaja de dos millones de euros, algo inexplicable cuando ya había ofertado un precio en el concurso, la propiedad de las 1.860 viviendas sociales, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, por el importe antes mencionado de 128,5 millones de euros. Ahora hemos conocido, que además del descuento de los dos millones, Blackstone obtuvo una propinilla en la compra.

En cuanto se ha empezado a desentrañar la madeja  de la venta, las irregularidades han comenzado a aparecer por doquier. Por lo visto las destructoras de papel no llegaron hasta esa documentación.

Por un lado, la fiscalía del Tribunal de Cuentas estima que la enajenación de las 18 promociones se realizó sin un informe técnico de valoración, para fijar el valor de mercado que tendrían los inmuebles. Por ello piensa que hubo un posible quebranto económico, que llegaría a los 2,3 millones de euros –los dos millones de la rebaja y los 300.000 euros de la propinilla-  que respondería a la diferencia con la primera oferta de la empresa adjudicataria.

Tras la llegada de Manuela Carmena al Palacio de Correos,  Ahora Madrid y el PSOE de Madrid, alarmados por la situación económica del consistorio madrileño,  y por el incesante trabajo de las destructoras de papel antes de que llegaran al consistorio, abogaron por la creación de una Comisión de investigación de la Deuda de la capital, que fue aprobada a finales de marzo de 2015, con el voto a favor de Ciudadanos. Se formó con  cuatro representantes de Ahora Madrid, dos del PSOE y uno de Ciudadanos. El PP, al que correspondían cuatro representantes en la comisión, no formuló propuesta de nombramiento, ya que decidió no participar en este órgano municipal que pretendía hacer luz sobre lo ocurrido en materia económica.

A pesar de los esfuerzos del PP por tapar una situación, que afecta a la mujer de su querido expresidente Aznar, la Comisión finalizó sus trabajos en septiembre, con un dictamen demoledor sobre lo sucedido: ni el anterior equipo directivo de la EMVS respetó las normas internas de contratación, ni adjudicó el lote a la mejor oferta económica,  ni justificó en ningún momento por qué pagó 2,4 millones de euros, en concepto de comisión inmobiliaria, a una UTE de reciente creación y capitaneada por un antiguo directivo de Aguirre Newman, gigante del sector ligado al hermano de Esperanza Aguirre.  Y que no sólo la venta de estos inmuebles fue ilegal, y en el proceso actuaron con desprecio absoluto a los arrendatarios, compuestos en su mayoría por jubilados, pensionistas, y parados, sino que además supuso un desfalco patrimonial para el Ayuntamiento de Madrid valorado en 31 millones de euros, que podría ampliarse a los 161 millones.

En su momento, tanto el PSOE como la asociación de afectados por la venta, interpusieron una querella por la operación Blackstone.  Pero el juez de instrucción número 38 de Madrid, archivó provisionalmente el caso en enero de 2015. Nueve meses más tarde, la Audiencia Provincial ratificó el cierre en septiembre de ese año.

Para  pensar bien, hay que decir que los jueces no conocían aún las irregularidades desveladas por la Cámara de Cuentas en su informe sobre la venta de esas viviendas. Informe que ha sido aprobado de forma unánime, incluyendo los consejeros propuestos por el PP, que tienen mayoría absoluta.

Ahora, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), dirigida por el nuevo equipo municipal, acaba de anunciar su adhesión a la solicitud de los afectados para que el juez reabra la investigación penal sobre la venta de estos 1.860 pisos sociales, pertenecientes a 18 promociones distintas, al fondo buitre Blackstone durante la etapa de Ana Botella. La EMVS también se personará en las diligencias abiertas por el Tribunal de Cuentas, tras el escrito de su fiscal jefe, que cifra en 2,3 millones el quebranto que le causó esa operación.

Las consecuencias que puede tener la dilucidación de esta venta, incluso las penales, son difíciles de precisar. En todo caso no es un caso único en la reciente historia inmobiliaria de nuestro país y pone de manifiesto varias cuestiones que deberían resolverse. Entre ellas, que el hipotecado tenga derecho de tanteo y retracto sobre su hipoteca, cuando ésta sale al mercado. Y que cualquier operación en la que el dinero o propiedad pública estén implicados dispongan de luz y taquígrafos a discreción. De lo contrario el dinero público seguirá sirviendo para enriquecer a los cercanos al poder político del momento.

Eduardo Lizarraga

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El sector eléctrico, entre el glamour y la pobreza

De nuevo estamos a las puertas del invierno y la solución a la pobreza energética que afecta a millones de españoles continúa sin llegar. Las anteriores legislaturas, breve la una y más breve la otra, junto a los intereses de las eléctricas, lo han impedido. Cinco millones de compatriotas, según las recientes declaraciones de Pablo Iglesias, volverán a pasar frío en sus casas éste invierno. Y la situación no ha hecho sino empeorar el último mes. El poderío y glamour de unos es la miseria y desesperación para otros.

Hace unos días, el Tribunal Supremo tumbaba el sistema de financiación del bono social eléctrico a instancias de Endesa y Viesgo, que consideran que contribuyen al mismo de una forma no acorde con su posición de mercado. Ahora, según la sentencia, habrá que devolverles el dinero, no sólo a estas dos eléctricas, sino al resto que financiaban el bono social…y son más de 500 millones con los intereses.  Esperemos que al Gobierno del PP no se le ocurra la brillante idea de sumergirlo en la factura eléctrica.

La resolución del alto tribunal pone en evidencia el fracaso del modelo energético que mantiene el Gobierno, heredero de un proceso injusto y lleno de sombras y pelotazos, como fue la privatización del suministro de un bien básico. El sistema  al que se llegó, encarece de forma constante el servicio, convierte a los consumidores en los principales perjudicados, y  a la vez dota de unos beneficios fuera de toda lógica a las empresas eléctricas, que viven en la opulencia y derivan grandes recursos para no perder sus canonjías. Para qué hablar de la cobertura, que no se da a la población más desprotegida y en riesgo de padecer exclusión energética.

Además, la electricidad sigue subiendo de precio y en octubre la subida supera el 8%. Subida que se espera que continúe mes a mes durante el otoño y los meses de invierno hasta que lleguen los temporales, debido, sobre todo, a una menor participación de las renovables.

El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social aporta datos demoledores para la forma en que se ha planteado la crisis y su gestión en nuestro país, responsabilidad de este Gobierno que tenemos y sus servidumbres a bancos y multinacionales. Según el informe, más de 13 millones de personas viven en España en riesgo de pobreza o de exclusión social, lo que supone el 28,6% de la población. Y de todos estos, casi 3,5 millones están en situación de pobreza extrema en un país que es el tercero con mayor desigualdad social de Europa. Y si queremos hablar de niños, son casi un millón los que están inmersos en la necesidad más extrema.

La tasa de desigualdad ha subido entre 2009 y 2015 en todas las comunidades autónomas, excepto en Extremadura y Canarias, en donde su variación –que nadie eche campanas al vuelo- ha sido de menos de un 1%.

Y uno de los mayores efectos del riesgo de pobreza se produce en los meses fríos, cuando una gran parte de nuestros compatriotas pasan penalidades por no poder calentar sus hogares o incluso cocinar. Situación que incrementa no sólo la exclusión social, sino también las tasas de mortalidad.

La evidencia que aparece, al mínimo movimiento que quiera cambiar el "estatu quo" de negocio redondo de las compañías energéticas, es que el proceso de liberalización del sector eléctrico – a pesar de todas las milongas que nos han contado de competencia y libre mercado-  no ha servido para beneficiar a los consumidores que sufren aumentos desproporcionados en la factura, irregularidades continuas en la facturación, abusos en los contratos y que no se considere la electricidad como un bien básico del que no se puede privar a ninguna persona.  Son las eléctricas, sus directivos y los intereses apesebrados- entre ellos medios de comunicación y políticos- los únicos beneficiados y con cantidades millonarias.

Ante esta situación, y visto que las iniciativas de varios grupos parlamentarios, aprobadas en la anterior legislatura, quedaron convertidas en papel mojado por su brevedad, -hay que acordarse de la Ley 25 de Emergencia Social, que salió adelante con los votos de todos los diputados, salvo los del PP-  varios grupos, excepto el Popular que está más a favor de las empresas que de los consumidores, han vuelto a plantear soluciones para intentar paliar la pobreza energética que afecta a tantos miles de hogares.

Ciudadanos, en la Comisión de Industria y Energía del Congreso, ha propuesto una PNL (Propuesta No de Ley)  en la que pide al Gobierno a crear un  fondo de protección con la participación de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas con el objetivo de paliar los efectos de la pobreza energética. En el texto, se pide la regulación de un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y butano, para los hogares con poder adquisitivo reducido.

Por su parte, el grupo de Unidos Podemos está a la espera de que la Comisión de Industria debata una PNL propia, presentada a mediados de septiembre, sobre liquidación del exceso de compensación mediante Costes de Transición a la Competencia cobrados por las empresas del sector eléctrico. Y estamos hablando de miles de millones que se obstinan en no devolver.

La propuesta pide recuperar las cuantías abonadas en exceso en concepto de Costes de Transición a la Competencia y las ganancias obtenidas en el periodo posterior. La iniciativa de Unidos Podemos reclama también impulsar una auditoría energética independiente sobre la composición del déficit tarifario y modificar el funcionamiento del mercado eléctrico, con el objetivo de reducir el precio final de la energía eléctrica y de garantizar un sistema transparente, equitativo y de fomento de las energías renovables.

El PSOE también se apunta a denunciar que la liberalización del sector eléctrico y de los hidrocarburos, que pretendía favorecer la bajada de precios a los consumidores, no ha tenido ese efecto, sino el contrario. Por eso pide al Gobierno que garantice un suministro energético suficiente para poder mantener unas condiciones de vida digna en la vivienda habitual, y a un precio asequible para los consumidores más vulnerables. Además, quiere que se impida la desconexión a estos servicios básico en los momentos críticos, como sucede en otros países de nuestro entorno.

Los republicanos de ERC no se quedan atrás y recuerdan que en las anteriores legislaturas ya presentaron iniciativas sobre pobreza energética. De momento han presentado una propuesta en la que piden 800 millones de euros para combatir la pobreza infantil.  Para no dejar nada en el tintero ERC  recuerda que el Tribunal Constitucional anuló el pasado mes de abril el decreto que aprobó el Govern de la Generalitat sobre la pobreza energética.

Pudiera ser que la legislatura que acaba de comenzar mire más por las personas y menos por los intereses empresariales. Un PP en minoría y un PSOE necesitado de hacer puntos frente a su electorado, así lo presagian. Pero mientras las eléctricas y energéticas continúen tan enmimbradas a los partidos políticos mayoritarios y no se prohíban las puertas giratorias, las soluciones pueden ser meros parches, que volveremos a pagar, como el bono social, con intereses.

Eduardo Lizarraga
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Sabadell se lanza a competir con las agencias inmobiliarias

Con el mismo sentimiento que tiene el que pone un circo y le crecen los enanos, deben andar los agentes inmobiliarios después de enterarse que el Banco de Sabadell ha decidido lanzarse a la palestra de la intermediación inmobiliaria y hacerles la competencia. Y es que el banco que preside Josep Oliu, tras observar que el mercado inmobiliario está mejorando y que abundan las operaciones entre particulares, ha anunciado que ofrecerá sus servicios no sólo a los particulares que quieran comprar sus viviendas, sino también venderlas. Y para ello va a reestructurar su red comercial en todo el territorio nacional. Lo dicho, lo de los enanos.

Sabadell no sólo quiere sacar partido a su amplia cartera inmobiliaria, heredada en gran parte  de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, sino que va a ampliar su negocio con los pisos de otros particulares que confíen en sus servicios inmobiliarios. Y la base va a ser Solvia, la plataforma inmobiliaria que no quiso sacar a bolsa ni compartir con otros accionistas, como hicieron Santander con Altamira o el Popular con Aliseda.

La estrategia de Sabadell pasa por convertir a Solvia en un franquiciador y crear una red de franquiciados en todo el territorio nacional, comenzando por las zonas de mayor demanda inmobiliaria; sean o no Apis,  tengan o no experiencia en inmobiliaria. Deberán disponer, eso sí, de dinero para la franquicia y de un perfil de joven emprendedor.

El modelo a seguir puede resultar parecido al desarrollado por otras redes de franquicias inmobiliarias como Best House, Look& Find o Redpiso. Incluso el banco piensa en disponer de una red de  oficinas propias Solvia, desde las que competir en el mercado inmobiliario. De momento tiene ya dos abiertas, una en Alicante y otra en Sevilla, pero pretende terminar el año con 12 oficinas propias a las que se sumarán 24 franquiciadas.  

El negocio parece redondo, me cuelo en el sector, dispongo de cartera a buen precio, tengo la llave de las hipotecas, vendo seguros y cobro por franquiciar…   pero puede resultar una pesadilla para muchos profesionales ya establecidos que no contaban con esta competencia. Otra cosa es que resulte ético ejercer, con todas las bazas en la mano, en una verdadera posición abusiva.

Que el modelo lo seguirá el resto de las entidades financieras parece algo obvio, sobre todo si la percepción generalizada es que detrás del crecimiento del sector hay dinero y negocio.  El modelo que pueden aportar a los franquiciados, tanto Solvia como el resto de bancos si entran en el negocio, es el de una oficina inmobiliaria de alta gama, con acceso no sólo a la cartera de Solvia, sino también a la de Sareb y a los particulares que vendan o compren en su área de influencia. Pero además dispondrán de la posibilidad de contar con potentes herramientas de gestión, inversión publicitaria, tanto en medios como digital, compartida con la entidad, acceso privilegiado  a los servicios financieros del banco, a los seguros…

Sucedió antes de la crisis financiera, con la apertura de miles de agencias inmobiliarias, franquiciadas o no, con profesionales experimentado o no. No se sabe ciencia cierta cuántas agencias inmobiliarias llegó a haber en España antes de la crisis…¿50.000, 60.000, tal vez 70.000? Hablando, claro está, de negocios con puerta, ventanas y dirección conocida, porque francotiradores los hubo a decenas de miles.

 A todos ellos les afectó la crisis; unos sobrevivieron con profesionalidad y fe, otros cerraron, otros se sumergieron hasta que llegaran tiempos mejores…se calcula que las oficinas inmobiliarias se redujeron a una cuarta parte dejando a miles de personas sin empleo y sin posibilidad de seguir en el sector. En ciudades medianas como Santander, Gijón o Tarragona la escabechina se llevó por delante las siete octavas partes de sus efectivos.

Pero a partir del 2014, siete años después del estallido de la burbuja, comenzó la recuperación. Y los más osados, visionarios o necesitados, emprendedores todos, se lanzaron de nuevo a montar su negocio de intermediación inmobiliaria. Muchos de ellos bajo el paraguas de un sector franquiciador, que se frotaba las manos por la vuelta del negocio.

Una gran parte de los que están llegando de nuevo al sector inmobiliario, al albur de la recuperación, no quieren ya, como en la anterior ocasión, hacer dinero fácil. Son personas con cierta preparación y edad, que se han quedado desgajadas del mercado laboral por la profunda crisis que vivimos. Con algo de capital y mucha ilusión y necesidad a partes iguales, buscan su oportunidad para volver a ser personas útiles. Algunos lobos solitarios confiarán sólo en su capacidad y otros se pondrán al amparo de alguna de las franquicias que tanto abundan.

Pero entra un nuevo actor en el mercado  a competir y después de Sabadell,  los bancos se lanzarán de cabeza al negocio de la intermediación inmobiliaria y lo harán aprovechándose no sólo de sus particulares facilidades, sino también de la falta de regulación que padece este sector, excesivamente liberalizado, con mucho intrusismo y sin la fuerza corporativa que un colegio profesional obligatorio o una implantada organización de las empresas del sector debiera aportar.

Para qué hablar de la necesaria regulación del sector bancario en todas las actividades que tengan que ver con el sector inmobiliario. Sus tejemenejes financieros nos costaron un rescate que pagamos entre todos y lo seguiremos haciendo durante años. Pero ellos y sus actividades son intocables para los políticos que padecemos.

Eduardo Lizarraga/Periodista

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La vivienda nueva está perdiendo la batalla de la juventud

La recuperación del sector inmobiliario que, poco a poco, va ganando posiciones perdidas, no está alcanzando ni a todas las regiones ni tampoco a la construcción y venta de vivienda nueva. Es sobre todo la construcción residencial, el verdadero  motor económico, el que está mostrando mayor debilidad.

La preocupación está presente en los promotores y constructores del país, que analizan la situación e intentan encontrar soluciones. Y es que la crisis y las soluciones adoptadas para su salida, supusieron y suponen unas cargas muy difíciles de superar.

De esta forma encontramos que el sector de la construcción y su peso en la creación de nuevas empresas, experimentó un descenso de casi cinco puntos durante el periodo comprendido entre 2011 y 2015. En concreto descendió desde el 16,1% registrado en 2011, al 11,8% de 2015. En total, durante el ejercicio pasado, la cifra de empresas de construcción de nueva creación alcanzó la cifra de 11.290. Lidera la clasificación Barcelona, seguida de Madrid y Málaga. Son las zonas costeras donde más está tirando el sector, con ocho provincias situadas entre las diez primeras.

Pero a pesar de los datos de crecimiento, las cifras de operaciones de compraventas inmobiliarias son muy claras y es que a pesar de la franca mejoría del mercado inmobiliario, el segmento de la vivienda nueva no sólo no mejora sino que mes a mes decrecen sus operaciones en favor de la segunda mano. Y aunque pueda parecer de locos sus precios suben muy por encima de la media. Para intentar mejorar las compraventas, los promotores deben  no sólo contener sus precios, sino buscar  clientela nueva,  y la única existente está entre los jóvenes. Pero la situación laboral de este segmento de la población y los sueldos que perciben, les alejan cada vez más de la posibilidad de acceder al mercado de la vivienda como compradores de obra nueva, que es lo que siempre fueron.

Incorporar a este segmento de la población es el reto al que se enfrentas los promotores y les va en ello la mejoría de sus números y la supervivencia de una parte importante de las empresas y los puestos de trabajo que generan.

La consecución de éste objetivo no va a ser tarea fácil, ni para los promotores ni para los sufridos padres. El último informe del 'Observatorio de la emancipación' del Consejo de la Juventud de España, con datos de 2015, identifica por primera vez una caída en la tasa de la emancipación de los españoles en la franja de edad entre los 30 y los 34 años. Esta tasa bajó del 74,7%, en 2014, a un 73,2%, en 2015. Ese descenso, aunque no parezca muy pronunciado, supone 182.794 treintañeros independizados menos en un año y es muestra de cambio de tendencia. Ya no son únicamente los jóvenes de entre 16 y 29 años los que retrasan su salida del nido. Pero además, con la crisis económica, laboral y de salarios surge un nuevo fenómeno, la "generación boomerang", que son los jóvenes que se independizaron pero  regresan al hogar.

Entre los factores que explican la baja y cada vez más tardía emancipación española, el Consejo destaca con preeminencia la precariedad laboral de la juventud. Pese a la mejora de los datos del empleo en términos globales del último año, el juvenil sigue marcado por una excesiva temporalidad y unos salarios exiguos.  La mayoría de los jóvenes no llegan a mileuristas, que era lo que se consideraba precario en la precrisis. Hemos dado un paso hacia atrás y los sueldos no llegan a 900 euros, con la mayoría de los jóvenes instalados en el salario mínimo de 655 euros al mes.  Si a ello le añadimos que la vivienda nueva se encarece mes a mes, vemos de forma clara la imposibilidad de que muchos jóvenes se emparejen y se emancipen para formar un hogar. Esta situación tiene un efecto demoledor en la pirámide demográfica ya que se tienen menos hijos y más tarde. Las pensiones y su sostenibilidad sufrirán las consecuencias en un futuro muy cercano.

La Sociedad de Tasación tiene muy clara la situación y especifica que  las familias españolas necesitan de media 7,5 años de sueldo para comprar una vivienda. Por supuesto la situación difiere si adquirimos la vivienda en una u otra comunidad autónoma. La vivienda es más asequible en Murcia, La Rioja, Aragón y Castilla-La Mancha y se torna misión imposible en cinco comunidades: Baleares, Madrid, Cantabria, Catalunya y País Vasco.

Para finales de éste año se preveía alcanzar  –si la situación de emancipación de la juventud española no hubiera evolucionado en negativo-  el equilibrio nacional entre oferta y demanda neta de vivienda.  Pero a partir de ese momento, en una situación algo más estabilizada, la demanda será insuficiente para disolver todo el excedente almacenado en un tiempo razonable, ya que las condiciones demográficas a la baja, creación de nuevos hogares en descenso, empleo aún precario y esfuerzo financiero en aumento, no pronostican una mayor fuerza de la demanda en el mercado.

España está perdiendo población. La natalidad está entre las más bajas de Europa, los inmigrantes marcharon y lo siguen haciendo, a sus lugares de origen, machacados por un país que no les ofrece empleo. Nuestros jóvenes se van por la misma razón. Y menos población necesita menos vivienda. Las expectativas laborales y de salarios, en un país que ha perdido gran parte de su industria, no son buenas. Este oscuro futuro condiciona también el crédito que no está por volver a asumir riesgos. Por  demografía España perderá medio millón de personas hasta el 2021, por las otras variables es menos predecible y tendrá mucho que ver con la situación económica y con el fortalecimiento del mercado laboral.

Durante el periodo 2011-2015 el número total de hogares creados entre los menores de 40 años, a consecuencia, casi siempre,  de la imposibilidad de emanciparse,  apenas ha superado los 1,35 millones, mientras que los que van a desaparecer en los grupos de mayores de 75 años suman una cifra próxima a los 850.000. En el grupo intermedio de adultos se produce un decrecimiento de cerca de 65.000 hogares. El saldo neto equivalente al crecimiento del número de hogares durante los cinco años será de 450.000, es decir unos 90.000 al año.

Para el segundo quinquenio de la década, la previsión del crecimiento total de hogares será notablemente inferior, situándose en el entorno de los 260.000, aunque las últimas previsiones dan una cifra menor.  Y esto se producirá porque desciende la creación de hogares en los segmentos en edad de emancipación (1,23 millones) y se incrementan los de desaparición forzosa entre las edades avanzadas (900.000).

Con estos datos puede afirmarse que en España se crearán una media de unos 275.000 hogares al año hasta 2016, si bien desaparecerán también anualmente unos 185.000. Después, hasta 2021, el flujo medio anual de hogares creados estará en el entorno de los 246.000 con una cantidad media de desapariciones de 195.000. El incremento medio anual de hogares, por lo tanto, será respectivamente de 90.000 y algo más de 50.000.

 La cada vez más tardía emancipación de los jóvenes españoles y su incidencia en el mercado de la vivienda es una variable que se contemplaba poco en las estadísticas,  pero está ya comenzando a ser un problema de difícil solución. Incorporar a esta generación damnificada por la crisis es necesario y corresponde al Gobierno poner los medios suficientes para lograrlo. Sus beneficios se extenderán al resto de la economía y no únicamente a la venta de viviendas nuevas, como ya se comprobó en la anterior fase expansiva de la construcción. El problema es que las soluciones  a este problema ni se están poniendo ni se las espera; más bien todo lo contrario.

Eduardo Lizarraga – Periodista-

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Los consumidores pagan los abusos

Durante estos últimos años los consumidores españoles hemos asistido, entre atónitos e indignados, a los abusos y asaltos sufridos por multitud de grandes empresas. Bancos y entidades financieras, compañías energéticas, empresas de telecomunicaciones, y multinacionales automovilísticas, entre las más habituales, han tomado al asalto nuestra economía sangrándonos siempre que han podido, mintiéndonos y estafándonos a la menor oportunidad . Y lo que es peor, sin grandes consecuencias ni en multas ni en desprestigio. Son actuaciones que cuentan con algún denominador común, timos casi siempre de escaso importe, pero que afectan a cientos de miles, cuando no millones de consumidores y con las administraciones mostrando una pasividad ante ellas, que raya en la prevaricación.

La última conocida, aunque no la más grave, es la multa “y marcha atrás” con que la Junta de Andalucía ha sancionado a Endesa, por aplicar a 350.000 usuarios tarifas ilegales por el alquiler de sus contadores de luz. La Junta acordó el pasado 13 de septiembre sancionar a Endesa Distribución con 400.000 euros y el comiso de 1,39 millones de beneficio ilícito y es que la compañía ha venido cobrando tarifas más elevadas como si tuviera activada la telegestión de los nuevos contadores inteligentes, cuando eso no era cierto. Ahora la Junta da marcha atrás y dice que no puede obligar a la eléctrica a devolver el dinero cobrado ilegalmente. ¿Quién lo va a hacer? ¿Nos arriesgamos a dejar de pagarle hasta que nos devuelva el dinero?…seguro que nos cortan la luz con todo el peso de la Ley.

Por supuesto que Endesa no es la única eléctrica que está cometiendo esta estafa sistemática y multitudinaria, sino que el resto de grandes distribuidoras hacen lo mismo, como si se hubieran puesto de acuerdo en el timo. Y al compás actúan tanto el resto de las autoridades autónómicas de protección al consumidor, como el propio Ministerio de Industria, con absoluta pasividad ante el fraude masivo. Todo ello a pesar de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya ha advertido de la ilegalidad de esta actuación.

Otro de los sectores más denunciados por los consumidores españoles es el de las telecomunicaciones, con unas empresas que vulneran una y otra vez los derechos de los consumidores no recibiendo más que multas ridículas, cuando las reciben, que compensan de sobras los fraudes que cometen. La más denunciada es Movistar, que ha subido de forma reiterada sus tarifas de “Movistar Fusión” a pesar de que se contrataron bajo la publicidad de “para toda la vida”…. Ahora dicen en Movistar que tan sólo era un mensaje comercial. Y este abuso de la teleoperadora está en los tribunales, pero no es la administración la que ha denunciado a Movistar, sino FACUA-Consumidores en Acción, una asociación privada de consumidores, que está asumiendo el papel que debieran ejercer las distintas administraciones, tanto autonómicas –tienen competencias para ello- como la central en el sujeto del Ministerio de Industria.

Ministerio éste que también ha optado por el papel de “desaparecido” en la crisis de Volkswagen, siendo adelantado en las denuncias interpuestas contra la multinacional del automóvil por algunas comunidades autónomas, asociaciones de consumidores, como OCU y la ya mencionada Facua, y múltiples demandas individuales. De forma paralela el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, avanza con una investigación a Volkswagen que cuenta de plazo hasta junio de 2017. El último movimiento de la Fiscalía ha sido la petición, a las autoridades estadounidenses, de información para detectar el software usado con el que trucaron los niveles de emisiones.

Las entidades financieras son las más denunciadas por los consumidores españoles, que se ven afectados por sus múltiples manejos y triquiñuelas con las que sacar un dinero que el euríbor y la situación financiera mundial les escatiman. Se comenzó con el escándalo de las preferentes, le siguió la cláusula suelo y los swap, ahora es el índice IRPH el denunciado. Por el camino, las múltiples comisiones que por tener nuestro dinero o entrar en sus establecimientos pretenden cobrarnos.

En el fondo de toda esta situación de desprotección del consumidor frente a los intereses de las grandes y poderosas multinacionales, subyace la dejación de las distintas administraciones por defender los derechos de los más débiles. Y se extiende la sensación de que no somos más que las presas fáciles en el coto de caza que para estas empresas es España, habiéndose convertido los guardeses de la finca en hábiles monteros que ponen la presa en el punto de mira de la escopeta del señorito.

La cuestión importante radica en saber si es una dejación estudiada y son por tanto decisiones políticas, o sencillamente se debe a la estulticia y falta de preparación de las áreas de protección al consumidor e industria, de estas administraciones que padecemos. Y los dos casos son terribles. El primero porque las decisiones políticas suelen tener alguna contrapartida y el segundo porque conociendo la sobrada capacidad de los funcionarios, relegados a niveles de subdirección, no podemos más que dejar la culpabilidad en manos de sus más inmediatos jefes, cargos políticos todos… y entonces volvemos a la primera derivada: padecemos muchos políticos incapaces y algunos vendidos. Aún me estoy riendo con la publicación de los currículos de algunos de los preclaros socialistas andaluces que han descabezado al PSOE… da vergüenza que puedan optar a algo que no sea llevar las cajas con las urnas hasta los colegios electorales.

En el camino de estos meros ejemplos, de lo que una organización de consumidores ha denominado “la timocracia”, se quedan actuaciones ilustres de algunas preclaras empresas españolas… El Corte Inglés y otras grandes superficies con sus ventas a pérdidas, la protección de los productores españoles que hace Mercadona adquiriendo gran parte de los productos de sus lineales a industrias foráneas, las empresas municipales/privadas del agua subiendo sus tarifas…

Y éste verano han vuelto a reaparecer en las iras de los consumidores las teleoperadoras, que se han lanzado a cobrar cantidades desorbitadas por los megas consumidos de más sin que medie ningún contrato que confirme la compra. Esa ha sido la postura de Orange que te remitía un SMS -¿alguien los mira ya? para decirte que habías consumido todos los megas de agosto y que a partir de ese momento te los facturaba a tropomil. La actuación de Movistar, más sibilina, te oculta que cuando compras unos megas este verano, para remediar el adsl que te dejaste en casa, te los va a seguir facturando mes a mes hasta que le digas basta. Asegura que la adquisición es para siempre y no para esos quince días en la playa, en que te quedaste más colgado que una paraguaya sin el face ni el guasa ni nada de nada.

Estos últimos años han sido y todavía lo son, una fiesta para estas grandes empresas en la que todos los gastos y beneficios han ido a costa de los consumidores y sus derechos. Y en este sentido hemos retrocedido mucho. Hay que volver la vista atrás, hacia una sociedad más respetuosa con los derechos de todos y menos complaciente con las apetencias de los que abusan y estafan. Y es nuestra clase política la que tiene la capacidad y el deber de actuar. Todos lo necesitamos.

Eduardo Lizarraga
www.aquimicasa.net